Hercules Aureoles Guadarrama

Expediente 114/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
114/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Hercules Aureoles Guadarrama
  • Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso que queja contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Lo anterior, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso a), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años. Por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. Por último, se encomienda al oficial judicial "c" para que, en lo subsecuente, realice un seguimiento adecuado de los términos relacionados con los acuerdos en los que auxilie en su elaboración. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial administrativo 11/2021, cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial entre los Juzgados Noveno y Décimo, ambos de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia y en Chilpancingo de Los Bravo, respectivamente. SEGUNDO. Es legalmente competente el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Iguala de la Independencia, para seguir conociendo del juicio de amparo promovido por ***, por las razones señaladas en el último considerando de esta sentencia." Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y glosar el cuaderno de antecedentes, únicamente con las actuaciones originales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional reconoce la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Se ordena acusar recibo al Tribunal de Alzada Sobre esa base, vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero y otras autoridades. Estudio de la demanda de amparo Precisado lo anterior, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario realizar el análisis que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si en aquélla existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece; "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, para efectos de la disposición normativa invocada, se considera insoslayable precisar lo que se debe entender por manifiesta e indudable de la improcedencia. Del criterio jurisprudencial anterior, se puede advertir que lo manifiesto se da cuando, el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente precisar que, del análisis integral del escrito de demanda, los actos que se reclaman en el presente juicio, son los siguientes: 1. Al Gobernador Constitucional del Estado del Estado de Guerrero, le reclama la aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, por la designación para el cargo de Magistrados a favor de ****. 2. Al Congreso del Estado de Guerrero, le reclama la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, por la ratificación de los nombramientos de Magistrados a favor ****. 3. A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del Estado de Guerrero, le reclama la aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Guerrero por el dictamen en virtud del cual se aprobó la elegibilidad para la ratificación de los nombramientos de Magistrados a favor de ******. Hecha tal precisión, este juzgador estima que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; [.]" De la anterior transcripción se advierte de manera clara que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen las resoluciones o declaraciones que emitan los Congresos, ya sea estatales, o federales, o sus respectivas comisiones, en declaración de procedencia, en juicio político; así como en la elección, suspensión y/o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. En ese sentido, para arribar a la conclusión de la improcedencia, resulta importante explicar que es lo que debemos entender por facultad soberana o discrecional. El vocablo "facultad" debe verse como el derecho o prerrogativa que alguien tiene y que está en aptitud de ejercerlo. Ésta se califica como "soberana", cuando la persona que la ejerce goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones. Por su parte, la "facultad" será "discrecional", cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia; esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma "arbitraria", sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones. En esta tesitura, puede decirse que la causa de improcedencia precitada protege las decisiones tomadas por los Congresos en uso de sus prerrogativas legislativas, ya que las facultades relativas no dependen de la decisión de terceros y se encuentran libres de presión e injerencia alguna, lo cual busca blindar la estructura orgánica del Estado Mexicano y la naturaleza propia de los órganos legislativos que lo conforman, pues son órganos de representación popular conformados por la elección de los ciudadanos, órganos que al ejercer sus facultades, expresan la voluntad de los electores, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, esto es, que se refleje la representación del pueblo soberano por el órgano legislativo, de manera que cuando las Cámaras toman alguna de estas decisiones, lo hacen en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático. Sobre el particular es menester precisar que, para que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo se actualice, no es indispensable que la norma constitucional relativa deba establecer, de manera expresa, que la facultad que otorga al órgano legislativo sea de naturaleza "soberana" o "discrecional", sino que en el análisis de la norma debe determinarse la facultad correspondiente, con el propósito de concluir si, en atención a sus características propias, se le puede atribuir la calidad de "soberana" o de "discrecional", pues tales características dependen de que la facultad relativa tenga los atributos que permitan conceptuarla de esa manera y no de que la norma constitucional haga mención explícita de alguno de dichos adjetivos. Ahora bien, respecto de la conformación del Poder Judicial de los Estados, la Carta Magna dispone lo siguiente: "Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. (.) III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. (.)." Asimismo, los requisitos que deben reunir los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, que señala el artículo 95, fracciones I a V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deben reunir son los siguientes: "I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y (.)". Por su parte, el artículo 97 de la Constitución del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: "Artículo 97. Los nombramientos de Magistrados y Jueces integrantes del Poder Judicial, serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en el esquema de la carrera judicial o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los Magistrados serán nombrados por el Gobernador del Estado; El Congreso del Estado ratificará los nombramientos de los Magistrados por el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes, previa comparecencia de las personas propuestas; En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente deberá convocar a sesión extraordinaria del Pleno, para efectos de la designación que corresponda; En aquellos casos en que la propuesta sea rechazada o no alcance la votación requerida, se notiificará al Gobernador del Estado para que envíe una nueva propuesta dentro de los diez días siguientes; La resolución del Congreso que ratifique o rechace un nombramiento deberá fundarse, motivarse y emitirse en un término improrrogable de cuarenta y cinco días contados a partir de la recepción de la propuesta; y, La ley garantizará que en el nombramiento de Magistrados y Jueces se respete el principio de equidad de género". En ese sentido, resulta evidente que con independencia de cuál sea el procedimiento de sustanciación para la elección de un Magistrado, atendiendo a la fecha en que se dio su nombramiento, y sin importar que en ambos exista intervención por parte del Consejo de la Judicatura del Estado, lo cierto es que, tal y como lo sostuvo el Alto Tribunal, las reglas especiales del procedimiento no menoscaban el carácter autónomo de la facultad del Congreso para decidir sobre tal cuestión, pues en uno y otro supuesto, la decisión definitiva sobre la elección del Magistrado corresponde de manera discrecional y soberana a la Legislatura local. Lo cual implica que, para efectos de la toma de la decisión, cada uno de los representantes legislativos hagan un ejercicio interno deliberativo para votar a favor o en contra de la idoneidad del candidato, según la convicción que cada legislador posea sobre el particular, con base en el análisis del propio procedimiento de sustanciación (discrecionalidad); razón por lo cual dicho sufragio es ajeno a cualquier injerencia externa, lo que lo torna en una decisión independiente en su conjunto en tanto que la elección o no elección que se realice al respecto no se encuentra sujeta a aval, aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso y se da sin injerencia de algún otro ente o poder público (soberanía). Así, el que en la sustanciación de los procedimientos establecidos para la elección de Magistrado puedan intervenir diversos actores no le resta soberanía a la determinación de los legisladores porque mientras la norma atribuya al órgano legislativo la facultad de decidir por votación de sus miembros, sin sometimiento de éstos a órganos o personas ajenos, ni aquélla establezca que la decisión del Congreso deba ser aprobada, sancionada o ratificada por órgano o persona distinta, habrá elementos suficientes para concluir que la facultad relativa mantiene incólumes sus propiedades de discrecionalidad, autonomía e independencia. De manera que si, en términos del artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, en relación con los artículos 116 fracción III, y 95, fracciones I a V, de la Carta Magna, la atribución de elegir a los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero es una facultad soberana del Congreso local, es patente entonces, que el acto por el cual la Legislatura precitada determina elegir o no a dichos funcionarios, encuadra en el supuesto descrito en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo, y por ende, si dicho acto se señala como acto reclamado en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse la causa de improcedencia de mérito. Improcedencia que también se configura respecto del acto reclamado consistente en el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del Estado de Guerrero, pues atendiendo a las anteriores consideraciones, cuando como en la especie se reclama cualquier otro acto emitido por la propia autoridad o alguna de sus comisiones, dentro del procedimiento instaurado para tal elección o por diversa en cumplimiento a dicha decisión soberana, tampoco resulta procedente el presente medio de control, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de elección, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, mucho menos procederá dicha acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio o contra los diversos actos que sean consecuencia directa de tal decisión, máxime si estos últimos son futuros y de realización incierta. Lo anterior se patentiza aún más, si se toma en cuenta que la causa de improcedencia que se analiza no atiende, como otros supuestos de improcedencia, a la etapa del procedimiento en que el acto correspondiente se emita, sino que dicha causa se refiere exclusivamente, al origen de la decisión misma, esto es, a que provenga de la autoridad legislativa correspondiente, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando la Constitución (federal o local) le confiera la facultad soberana o discrecional para ello. Es decir, se trata de una facultad constitucional que no puede ser sometida a controversia mediante juicio de amparo, en virtud del diseño democrático adoptado en nuestro país para tal efecto. Finalmente, este Juzgador estima que la actualización de la causa de improcedencia invocada es notoria y manifiesta, pues sobre el tema en cuestión existe un criterio jurisprudencial emitido por el Alto Tribunal, de observancia obligatoria en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, cuya configuración atiende a una situación de derecho y no de hecho, misma que con independencia de la substanciación que se dé en el juicio, no modificaría la procedencia del presente sumario, dado que no existe medio de convicción alguno que revierta la naturaleza del acto reclamado. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo. Exhortación a las partes Por otra parte, en términos de los artículos 5°, fracción I, y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente conforme a las circunstancias sanitarias adversas que imperan en el territorio nacional, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, proporcionen un número telefónico y/o de mensajería instantánea, así como un correo electrónico a través del cual, de ser necesario, se pueda entablar un contacto oportuno para las comunicaciones no procesales, en el entendido de que el mismo no hará las veces de notificación oficial, en términos de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Amparo. Medidas de seguridad al momento de realizar la notificación del presente proveído. En términos del artículo 23, fracciones I, II y III, del referido Acuerdo General 21/2020, se precisa a los Actuarios Judiciales Adscritos que, las notificaciones que deban efectuarse de manera personal, habrán de realizarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del personal de este Juzgado de Distrito, así como de las personas justiciables. Asimismo, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Recomendación a las partes Por otra parte, en términos de los artículos 5°, fracción I, y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente conforme a las circunstancias sanitarias adversas que imperan en el territorio nacional, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. Se hace del conocimiento a los litigantes que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Así, pues el Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento. En los inmuebles del Poder Judicial Federal se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos establecidos para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a los inmuebles del Poder Judicial Federal deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada de conformidad con los mecanismos previstos en los artículos 3 o 6, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Uso de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Aviso de transparencia. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Integración de expediente electrónico. Ahora, conforme con lo dispuesto en los artículos 3º de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, a los oficiales administrativos y demás personal de este Juzgado de Distrito que tenga intervención en la formación de este expediente, para formar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar la presente determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; de igual forma, tampoco se digitalizarán las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional, las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano de control constitucional, deba guardarse sigilo con relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como las constancias que por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; las cuales quedan a disposición de las partes para su consulta, salvo aquéllas sobre las que resulte imposible su consulta en términos de la Ley de referencia. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa y por oficio al Tribunal de Alzada.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el oficio vía interconexión del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primero Circuito, con residencia en Acapulco, por el cual informa que admitió el conflicto competencial planteado en el presente asunto, el que registró como conflicto competencial administrativo 11/2021; de lo que toma conocimiento este Juzgado Federal para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA LA BOLETA DE TURNO RELATIVO AL CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES, EL CUAL QUEDÓ RADICADA ANTE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.

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