Herbert José Ronaldo Valdes Monreal

Expediente 685/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
685/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
16/07/2015

Partes del expediente

  • Herbert José Ronaldo Valdes Monreal

Actuaciones

  1. Principal

    México, Distrito Federal, a dieciséis de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, por medio del cual acusa recibo del diverso, con el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 685/2015-I, en virtud de haber aceptado la competencia planteada por este órgano de control constitucional. Ahora bien, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, se hace la indicación de que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, una vez transcurridos seis meses, a partir del presente proveído, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    México, Distrito Federal, a diez de julio de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta mediante el cual se ordenó la separación de juicios en el expediente 670/2015-I y toda vez que de la demanda de amparo promovida por HERBERT JOSÉ RONALDO VALDES MONREAL, por propio derecho, se desprende que reclama diversos actos a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL Y ACTUARIOS ADSCRITOS A DICHO ÓRGANO; al respecto, fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número 685/2015-I. Ahora bien, el promovente de amparo, en su escrito inicial de demanda, reclama a la autoridad responsable, lo siguiente: 1. La omisión en el requerimiento de copia certificada de todo lo actuado en el expediente 1313/2014. 2. El silencio en el dictado, publicación y notificación con sello de Boletín Laboral, de una acusación por escrito. 3. El silencio en el dictado, publicación y notificación, con sello de Boletín Laboral, del proveído donde se decrete el arraigo en contra de Manuel Álvarez Núñez y Carmen Domínguez Gómez. Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia para resolver el presente juicio de garantías en razón de la materia, respecto de los actos reclamados a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL Y ACTUARIOS ADSCRITOS A DICHO ÓRGANO, por las siguientes consideraciones: Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo." Se aprecia que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Ahora, los actos que reclama la quejosa, no se ubican en alguna de las hipótesis antes señaladas, pues dichos actos consisten en la omisión en el requerimiento de copia certificada de todo lo actuado en el expediente 1313/2014; el silencio en el dictado, publicación y notificación con sello de Boletín Laboral, de una acusación por escrito y el silencio en el dictado, publicación y notificación, con sello de Boletín Laboral, del proveído donde se decrete el arraigo en contra de Manuel Álvarez Núñez y Carmen Domínguez Gómez, ante las autoridades laborales mencionadas, los que por exclusión, no se trata de actos relacionados con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir su probable responsabilidad en su comisión o algún caso análogo, sino de actos de naturaleza laboral imputados a autoridades que tienen ese carácter. En ese tenor, los actos reclamados por el promovente, no actualizan alguna de las hipótesis que de conformidad con el precepto trascrito, den competencia a este juzgado para conocer de la demanda, toda vez que se trata de actos eminentemente laborales, atribuidos a autoridades con ese mismo carácter; por consiguiente, este órgano constitucional es incompetente para conocer de este asunto, ya que por razón de especialidad en la materia, compete al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que refiere lo siguiente: "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior, se desprende que dentro de las atribuciones de los jueces de distrito en materia de trabajo, se encuentran facultados para conocer respecto de los actos de los tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, en los que deba decidirse sobre su legalidad o subsistencia, como ocurre en el presente caso. En consecuencia, atento a lo dispuesto en el ordinal 52 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 51 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase la demanda de garantías promovida por HERBERT JOSÉ RONALDO VALDES MONREAL, por propio derecho, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, no ha lugar a pronunciarse sobre el otorgamiento de la suspensión provisional, de los actos reclamados a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL Y ACTUARIOS ADSCRITOS A DICHO ÓRGANO, pues dada su naturaleza, dichos actos no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el numeral 17 de la Ley de Amparo, en términos del diverso 127 de esta última legislación. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de garantías, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, con base en el artículo 8 del Reglamento emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de diez de julio del dos mil quince a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" México, Distrito Federal, a diez de julio de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta mediante el cual se ordenó la separación de juicios en el expediente 670/2015-I y toda vez que de la demanda de amparo promovida por HERBERT JOSÉ RONALDO VALDES MONREAL, por propio derecho, se desprende que reclama diversos actos a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL Y ACTUARIOS ADSCRITOS A DICHO ÓRGANO; al respecto, fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número 685/2015-I. Ahora bien, el promovente de amparo, en su escrito inicial de demanda, reclama a la autoridad responsable, lo siguiente: 1. La omisión en el requerimiento de copia certificada de todo lo actuado en el expediente 1313/2014. 2. El silencio en el dictado, publicación y notificación con sello de Boletín Laboral, de una acusación por escrito. 3. El silencio en el dictado, publicación y notificación, con sello de Boletín Laboral, del proveído donde se decrete el arraigo en contra de Manuel Álvarez Núñez y Carmen Domínguez Gómez. Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia para resolver el presente juicio de garantías en razón de la materia, respecto de los actos reclamados a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL Y ACTUARIOS ADSCRITOS A DICHO ÓRGANO, por las siguientes consideraciones: Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo." Se aprecia que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Ahora, los actos que reclama la quejosa, no se ubican en alguna de las hipótesis antes señaladas, pues dichos actos consisten en la omisión en el requerimiento de copia certificada de todo lo actuado en el expediente 1313/2014; el silencio en el dictado, publicación y notificación con sello de Boletín Laboral, de una acusación por escrito y el silencio en el dictado, publicación y notificación, con sello de Boletín Laboral, del proveído donde se decrete el arraigo en contra de Manuel Álvarez Núñez y Carmen Domínguez Gómez, ante las autoridades laborales mencionadas, los que por exclusión, no se trata de actos relacionados con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir su probable responsabilidad en su comisión o algún caso análogo, sino de actos de naturaleza laboral imputados a autoridades que tienen ese carácter. En ese tenor, los actos reclamados por el promovente, no actualizan alguna de las hipótesis que de conformidad con el precepto trascrito, den competencia a este juzgado para conocer de la demanda, toda vez que se trata de actos eminentemente laborales, atribuidos a autoridades con ese mismo carácter; por consiguiente, este órgano constitucional es incompetente para conocer de este asunto, ya que por razón de especialidad en la materia, compete al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que refiere lo siguiente: "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior, se desprende que dentro de las atribuciones de los jueces de distrito en materia de trabajo, se encuentran facultados para conocer respecto de los actos de los tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, en los que deba decidirse sobre su legalidad o subsistencia, como ocurre en el presente caso. En consecuencia, atento a lo dispuesto en el ordinal 52 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 51 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase la demanda de garantías promovida por HERBERT JOSÉ RONALDO VALDES MONREAL, por propio derecho, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, no ha lugar a pronunciarse sobre el otorgamiento de la suspensión provisional, de los actos reclamados a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL Y ACTUARIOS ADSCRITOS A DICHO ÓRGANO, pues dada su naturaleza, dichos actos no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el numeral 17 de la Ley de Amparo, en términos del diverso 127 de esta última legislación. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de garantías, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, con base en el artículo 8 del Reglamento emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese personalmente.

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