Herbert Alejandro Isais Topete
Expediente 1137/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1137/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Herbert Alejandro Isais Topete
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta firmado por el quejoso; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa constancia que por su recibo se deje en autos la persona que autoriza para tal efecto. Lo anterior, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, indíquesele que el uso que le dé a los documentos solicitados, es bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista.
- Principal
E De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, la secretaria deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio, contra actos de la Juez Mixta Civil y Mercantil del Primer Partido Judicial de Villa de Álvarez, Colima y otra; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1137/2022-VI. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A.J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio constitucional, precepto que establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicado, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Por su parte, el artículo 1153 del Código de Comercio, establece lo siguiente: "Artículo 1153.- El juez puede disponer lo que crea conveniente, ya para cerciorarse de la personalidad del que solicita la diligencia preparatoria, ya de la urgencia de examinar a los testigos. Contra la resolución del juez que conceda la diligencia preparatoria no cabe recurso alguno. Contra la resolución que la deniegue habrá el de apelación en ambos efectos si fuere dictada por un juez de primera instancia, o el de revocación si fuere dictada por juez menor o de paz. (.)" Del artículo transcrito, se desprende que contra la resolución que deniegue un medio preparatorio procede el recurso de apelación en ambos efectos si fuere dictada por un juez de primera instancia, o el de revocación si fuere dictada por juez menor o de paz. Ahora bien, del escrito de demanda y las constancias que allegó la parte quejosa, se obtiene que el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente 22-0252-116M, promovido por Herbert Alejandro Isais Topete en contra de Lorenzo Hernández Rodríguez, pues el ahora quejoso refiere que se negó la aprobación del medio preparatorio a juicio. Por ende, se considera que en el caso se actualiza lo previsto en el numeral 1153 del Código de Comercio, en el sentido de que lo resuelto por la Juez Mixta Civil y Mercantil del Primer Partido Judicial de Villa de Álvarez, Colima, en el medio preparatorio a juicio será apelable en efecto devolutivo cuando el recurrente sea un tercero que se oponga a la solicitud que ha dado motivo a su formación. Por ello, una vez que se agote dicho medio de defensa, será entonces que la resolución que recaiga al mismo será objeto de análisis en el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis III.5o.C.26 C (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, registro digital 2009151, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, página 2263, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. AL SER DE CUANTÍA INDETERMINADA, LA RESOLUCIÓN QUE LOS NIEGA ES APELABLE EN AMBOS EFECTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los medios preparatorios a juicio son de cuantía indeterminada, debido a que se trata de un procedimiento autónomo al juicio que se prepara, y su objeto, en sentido genérico, es la constitución de alguna prueba que regularmente implica la demostración de un hecho vinculado a un derecho necesario para que el promovente esté en aptitud de demandar o de oponer una excepción posteriormente, sin que exista controversia alguna entre quienes participan en ellos. Ahora bien, el término cuantía del negocio, necesariamente implica el valor de la materia litigiosa, es decir, lo disputado en un juicio, determinado por las prestaciones reclamadas en cantidad líquida en la demanda inicial o susceptibles de cuantificarse mediante una operación aritmética sencilla, conforme a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2013 a las 6:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 498, de rubro: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN.". Luego, no hay duda de que los referidos medios preparatorios a juicio son de cuantía indeterminada, en virtud de que en éstos no existe litigio y mucho menos objeto litigioso que pudiera definirse en forma pecuniaria; de ahí que queda excluida la regla general prevista en el artículo 434 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, para los juicios de cuantía determinada, que impide la interposición del recurso de alzada en los negocios cuyo monto sea inferior a setecientos veinte días de salario mínimo, prevaleciendo la regla especial que establece el segundo párrafo del diverso artículo 212, localizado en el título quinto, capítulo I, relativo a las "Disposiciones generales" de los actos prejudiciales, que de manera categórica dispone la procedencia de la apelación en ambos efectos contra la resolución que niegue la diligencia preparatoria.". De igual modo, la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo I, décima época, junio de dos mil dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." (Énfasis añadido). Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, el expediente del cual emana el acto reclamado, es un medio preparatorio a juicio y no se trata de una contienda, sino de una solicitud que se eleva ante el juez correspondiente para que declare una situación legal. Sin embargo, el aquí quejoso puede impugnar lo ahí decidido a través del recurso de apelación, en términos del numeral 1153 del Código de Comercio, pues refiere que le ocasiona un perjuicio y el aquí quejoso se encuentra facultado para hacer valer sus derechos en dicho procedimiento al tratarse del promovente de dicho medio preparatorio a juicio, por lo que tiene legitimación para ello. Por consiguiente, no se actualiza la diversa excepción relativa a ser persona extraña a juicio, pues en el caso, el quejoso tiene legitimación procesal, con base en que el solicitante del amparo se ostenta como el promovente del medio preparatorio a juicio. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de un acto definitivo pronunciado en un medio preparatorio a juicio, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que éste no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1 a./J. 16/2013 (10a.), antes citada, de rubro "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN"; ello, pues aun si se tratara de un acto de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto sólo procede, previo a que se agote el principio de definitividad. En mérito de lo expuesto, debe decirse que los actos reclamados en el presente sumario en modo alguno pueden ser nulificados en esta vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe agotarse el principio de definitividad, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hace derivar el acto, a través del recurso de apelación. En esa tesitura, tomando en cuenta que en el medio preparatorio a juicio, carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, pues es impugnable mediante el recurso de apelación ante la autoridad responsable, lo que puede traer como consecuencia la reparación de las violaciones aducidas, antes de acudir al juicio de amparo, agotando, en principio, el medio de defensa a su alcance y dar con ello cumplimiento al citado principio rector del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no es tercero extraño a juicio en estricto sentido, ya que es parte promovente en el medio preparatorio a juicio 22-0252-116M, del índice del Juzgado Mixto Civil y Mercantil del Primer Partido Judicial en Villa de Álvarez, Colima. Por lo que se considera que dicha causa de improcedencia es susceptible de materializarse de forma manifiesta e indudable y no esperar al dictado de la sentencia definitiva, al existir medios de prueba suficientes para concluir que el ahora quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, como lo es la confesión expresa de la parte que se ostenta agraviada, lo que fue analizado y dilucidado en el presente pronunciamiento. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, Décima Época, página 506, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." En mérito de lo expuesto, debe decirse que el acto reclamado por la parte quejosa, en modo alguno puede ser nulificado en esta vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento de donde se hace derivar el acto, a través del recurso de apelación. En consecuencia, resulta inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo, 61, fracción, XVIII de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debió hacer valer el incidente de nulidad de actuaciones, en contra del acto reclamado en este juicio, por lo que se impone desechar la demanda de amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con la formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y s Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causas de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, poveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) d la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, ino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Intervención de autorizados. Se tiene a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Ahora bien, respecto a la solicitud de que se le notifique mediante correo electrónico previo a acordar lo conducente es necesario hacer las siguientes precisiones. En principio se tiene que en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se establece: "'Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea." Si bien es cierto, de la anterior transcripción es factible advertir que las partes pueden solicitar la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas, también lo es que el hecho de que se haga mención a dos posibilidades procesales no implica que la consulta no dependa de una notificación. Ello si se toma en consideración que el uso copulativo de la y" es insuficiente para llegar a tal conclusión. A fin de respaldar lo anterior se tiene que en el Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se puede apreciar que expresamente se reguló lo siguiente: "Sección Tercera" 'Juicio en línea' "Articulo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.´" De la anterior transcripción se advierte cuál es la teleología o finalidad que no es otra que las partes transiten a la actuación electrónica en lo que se denomina juicio en línea. Lo que no podrá tener éxito si quienes tienen la posibilidad tecnológica solo se interesan en el acceso al expediente electrónico, pero rechazan las notificaciones mediante la misma vía. Cabe destacar que las actuaciones en juicio, como es el caso, devienen de una relación jurídica procesal, en la que es una carga legal señalar las vías de comunicación como es un domicilio para el caso de las notificaciones personales en las que debe ir personal del juzgado al mismo a entender con la persona indicada ese acto comunicativo de hacerle saber la determinación -auto, interlocutoria o sentencia-. En el mismo sentido es una carga la autorización para las notificaciones electrónicas, que incluso están previstas en la Ley de Amparo, artículo 30 que dispone: "Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: (.)" Luego, una notificación personal actualmente es posible desahogarse con la presencia de una actuaria o actuario en el domicilio de la parte o en forma electrónica. De manera que al igual que el acceso al expediente de papel en el caso de una notificación personal implica que ésta se lleve a cabo para conocer la determinación -auto, interlocutoria o sentencia-, en el mismo sentido de una notificación electrónica. Afirmar lo contrario dejaría completamente abierta la posibilidad de acceso al expediente electrónico. Es como si se le diera acceso al expediente de papel para conocer la determinación -auto, interlocutoria o sentencia-, pero sin que ello implique la notificación la cual como es sabido es el acto mediante el que se tiene certeza de conocimiento de la actuación y a partir de ésta dan inicio los plazos que se traducen en términos regulados en la Ley de Amparo en el artículo 22 que señala: "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva." De lo anterior deriva que, en caso de dar únicamente acceso al expediente puede implicar que el órgano judicial no tenga la actuación de referencia para iniciar algún cómputo con la consecuente inseguridad para dar continuidad al procedimiento. De todo lo anterior se sigue que solo podría entenderse restrictivo que se acordara la notificación electrónica sin acceso al expediente electrónico, pero no a la inversa. Por lo que ve a la notificación electrónica y el conocimiento del acto por notificar que son concomitantes, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para consulta en medios electrónicos con el Registro digital:2020082, publicada en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, junio de 2019. Tomo Ill, página 2247, cuyo texto es: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIO LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA. HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresado así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción Ill del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, I1 y IlI, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción Il del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." En las condiciones apuntadas, el dar únicamente acceso al expediente electrónico traería como consecuencia un claro sentido contrario al desarrollo del juicio en línea que en las políticas procesales procura que se amplíe su uso para dar pauta a la atención personal y en domicilio para quienes no tengan las posibilidades tecnológicas. Por lo antes expuesto y toda vez que la parte promovente únicamente pretende se le dé acceso para consultar el expediente electrónico, pero sin notificarse mediante la misma vía, ya que la notificación que solicita vía electrónica es a un correo no así al usuario que indicó para el acceso al expediente electrónico, tal como está regulado en las normas del Consejo de la Judicatura Federal en aras de fortalecer el desarrollo del juicio en línea, cuestión en la que la parte solicitante no expresa ningún impedimento para acceder a las comunicaciones procesales en las plataformas tecnológicas, por tanto, una vez que la parte interesada manifieste su conformidad de que las notificaciones se le practiquen en forma electrónica al mismo usuario y no a un correo, también se habilitará el acceso al expediente electrónico del presente asunto. Por ende, al no señalar un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, este juzgador ordena que la presente y las subsecuentes notificaciones aún las personales, se harán por medio de lista, hasta que señalen domicilio en esta ciudad de Colima; lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.
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