Herandi Maldonado Estrada
Expediente 574/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 574/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/06/2022
Partes del expediente
- Carlos Ramírez Rico
- Herandi Maldonado Estrada
- Mayra Zulema Pérez Rivera
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de junio de dos mil veintidós. I. Se recibe escrito. Agréguese a los autos el escrito de ..........., autorizado en términos amplios de la parte quejosa; en atención a su contenido, se provee: II. Estese a lo acordado. Con relación a la solicitud de otorgar acceso al expediente electrónico al usuario ".........", dígase al promovente que se esté a lo acordado en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en que se proveyó de conformidad la solicitud relativa. III. Devolución de documentos. Ahora, en relación a su diversa petición, consistente en la devolución de documentos, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, devuélvase los documentos que indica, dejando en su lugar, copias certificadas de las mismas, las cuales deberán estar perfectamente legibles y razón que de su recibo quede en autos. IV. Atención Presencial. En el entendido que, deberá acudir ante este órgano jurisdiccional, en el horario asignado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el diverso 37/2020 que amplió su vigencia, previa cita correspondiente1 . V. Otras consideraciones. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, primero de junio de dos mil veintidós. I. Agrega testimonio de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio ........, con anexo, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del presente asunto así como tres tomos de prueba y remite testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión ......... de su índice, cuyos resolutivos se transcriben a continuación: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento precisado en el considerando tercero de la sentencia sujeta a revisión; así como la negativa del amparo decretado en el considerando octavo; en términos de la séptima consideración jurídica de esta ejecutoria de amparo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ............., en los términos expuestos en el considerando noveno del presente fallo, para los efectos precisados en el considerando décimo de esta ejecutoria de amparo. CUARTO. Se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por el quejoso .........., por los motivos y razones expuestas en el considerando décimo primero de la presente determinación. En consecuencia, acúsese recibo del estilo que corresponda; hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado y efectúense las anotaciones en los libros de gobierno. II. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES; contado a partir de que reciban la presente notificación, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumplan debidamente y en su totalidad, con lo establecido en la sentencia de amparo, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintidós. IV. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables y acúsese recibo a la superioridad.
- Principal
Santiago de Querétaro Querétaro veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentra pendiente la notificación del proveído de dieciocho de abril del año en curso ordenado vía despacho a fin de que el perito ......... ratifique el dictamen exhibido en autos sin que a la fecha haya sido devuelta la comunicación oficial referida. II. Diferimiento. En consecuencia a fin de dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ........., en representación del ........, así como por ......., contra actos del a) Presidente Municipal de Querétaro; b) Ayuntamiento del Municipio de Querétaro; y, c) Secretario de Salud del Estado de Querétaro. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 574/2022. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Consideración previa. Según se advierte del proemio de la demanda de amparo, si bien aparecen como promovente ........., sin embargo, no ha lugar a reconocerles carácter de parte quejosa, ya que, como se aprecia de las rúbricas que calzan el citado ocurso, éste no fue firmado por aquéllas, por lo que se carece de elementos objetivos para establecer que fuera su intención promover la presente instancia constitucional. IV. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que, en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. En ese sentido, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Luego, según se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, en el caso se actualiza, de manera manifiesta e indudablemente, la causa de improcedencia estipulada en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los que, a la letra, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales reproducidos se obtiene que, el juicio de amparo es improcedente cuanto se promueva fuera de los plazos establecidos para tal efecto; asimismo, se advierte que, por regla general, la demanda debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado (conforme a la ley que lo rige), o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de dicho acto o de su ejecución. De igual modo, el citado artículo 17 estable una serie de casos de excepción en que la acción constitucional puede ejercerse fuera plazo antes indicado, a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días el plazo para promover la demanda. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, supuesto en que el plazo para promover la demanda será de ocho años. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comuna, caso en que el plazo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, hipótesis en que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Ahora, según se advierte de análisis de la demanda de amparo, los impetrantes señalan como autoridades responsables a a) Presidente Municipal de Querétaro; b) Ayuntamiento del Municipio de Querétaro; y, c) Secretario de Salud del Estado de Querétaro, de quienes reclama: "1.- Las autoridad responsables violentan el derecho humanos de salud y acceso a la salud, pues el Presidente Municipal de Querétaro, El Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Director de Servicios Municipales de Municipio de Querétaro y la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro pretenden destruir, quitar, modificar evitar el funcionamiento del Centro de Salud de San Antonio de la Punta con domicilio en Calle Dalia Esquina con Calle Gardenia Colonia las Flores, en San Antonio de la Punta, Querétaro, Municipio de Querétaro, y en su lugar en ese mismo inmueble, pretenden instalar, construir, concesionar, reglar, vender y permitir el funcionamiento de una GUARDERIA. 2.- Además reclamado, la totalidad de los actos tendientes a dar cumplimiento, a la orden de realización de obras de construcción de una GUARDERIA en el inmueble ocupado por el Centro de Salud de San Antonio de la Punta con domicilio en Calle Dalia Esquina con Calle Gardenia Colonia las Flores, en San Antonio de la Punta, Querétaro, Municipio de Querétaro. 3.-Reclamo la cancelación de funciones del Centro de Salud de San Antonio de la Punta con domicilio en Calle Dalia Esquina con Calle Gardenia Colonia las Flores, en San Antonio de la Punta, Querétaro, Municipio de Querétaro, y la instalación, construcción, concesión, y permitir el funcionamiento de una GUARDERIA, en lugar de una Clínica o Centro de Salud. 4.- La invasión, cambio de destino y despojo de un inmueble propiedad de la parte quejosa, ubicado en Calle Dalia Esquina con Calle Gardenia Colonia las Flores, en San Antonio de la Punta, Querétaro, Municipio de Querétaro" Esto es, en el caso, se reclama la cancelación de funciones del Centro de Salud ubicado en ..........., así como la orden de realización de obras de construcción de una guardería en dicho inmueble; acto que, dada su naturaleza, no actualizan alguno de los casos de excepción antes indicados, de modo que, su reclamo en la vía constitucional debió verificarse dentro del término genérico de quince días. Luego, se reconoce en la demanda de amparo, los quejosos manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que tuvieron conocimiento de los actos reclamados el uno de abril de dos mil veintidós; de modo que, con fundamento en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días para promover la demanda transcurrió del cuatro al veintisiete de abril de dos mil veintidós, descontándose, al efecto, los días dos, tres, nueve, diez, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de abril, por ser inhábiles en términos del artículo 19 del ordenamiento legal indicado. Sin embargo, como se aprecia del sello de recepción que obra en la demanda de amparo, ésta se presentó en el buzón oficial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Querétaro, hasta el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, es decir, once días hábiles después de aquél en que feneció el plazo para promover el juicio de amparo. Para mejor apreciación del cómputo, se inserta el siguiente cuadro calendario: Abril de 2022 D L M Mi J V S 1 2 2* 3* 4 3 5 6 7 8 9* 10* 11 12 13* 14* 15* 16* 17* 18 19 20 21 22 23* 24* 25 26 274 28 29 30 Mayo de 2022 D L M Mi J V S 1* 2 3 4 5* 6* 7* 8* 9 10 11 12 13 14* 15* 165 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 En ese sentido, dada la extemporaneidad en que incurrió la parte quejosa, es claro que consintió tácitamente los actos reclamados, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la citada ley. V. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VI. Atención presencial. En caso que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, 6 las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. VIII. Domicilio y autorizado. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio procesal el que refiere en su escrito de demanda; y, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a .........., por tener su cédula debidamente inscrita en el Sistema respetivo y por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. IX. Consulta de expediente electrónico. Vista la certificación de cuenta que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", se encontró el siguiente: ".........". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el citado nombre de usuario. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. X. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XII. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XIV. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones.
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