Heraclio Yañez Martínez y Otros.

Expediente 203/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
203/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Heraclio Yañez Martínez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de nueve de marzo de dos mil dieciocho, éste juzgado se declaró incompetente para conocer del escrito inicial de demanda con folio 3591 y ordenó su remisión a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en esta ciudad, a fin de que acordara lo conducente respecto a la petición de ********************; sin que al día de la fecha, se tenga respuesta alguna. Por tanto, solicítese a la citada autoridad, para que de no existir inconveniencia alguna informe el trámite dado el ocurso de referencia; lo anterior, a efecto de que el suscrito se encuentre en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda.

  2. Principal

    MESA III Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Visitaduría General de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República, del que se desprende que con motivo del oficio girado por este Juzgado el nueve de marzo pasado, inició el expediente de investigación DGAI/166/CDMX/2018; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE NUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo presentada por Heraclio Yañez Martínez, por propio derecho y en representación de Lina Yañez V. de Juárez, Dora Alicia Román Cuervo, Arturo y Efraín Clemente Azuara y Ángel Segura Hernández, contra actos de la Juez Octavo de Distrito en Tuxpan, Veracruz y otra autoridad, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 203/2018-III-A. COMPETENCIA Resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del presente asunto, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. Se arriba a esa conclusión, ya que los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, imponen la obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Al caso es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de 1917-1995, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Al efecto, conviene citar el contenido del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior se aprecia, que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo, que se promuevan en los siguientes casos: 1. Contra resoluciones judiciales del orden penal; 2. Contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio fuera del procedimiento penal; 3. Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4. Conforme a la fracción VII, del artículo 107, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, 5. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo. 6. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, que para establecer la competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma para advertir los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior, tiene apoyo en el criterio emitido por la citada Sala, consultable en la página 94, Tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En este sentido, se destaca que en el caso de la lectura del ocurso de cuenta se advierte que el promovente señala como acto reclamado a la Juez Octavo de Distrito en Tuxpan, Veracruz ".la denegación de la justicia para no proceder contra las autoridades responsables.", ello derivado del trámite del juicio de amparo 513/2017-III, del índice de ese órgano jurisdiccional; así como, "el mal manejo de la indagatoria AP/PGR/DGCAP/ZCB-V/72 A/11", atribuido al Procurador General de la República. En ese contexto, los citados actos reclamados, no se ubican en alguna de las hipótesis que se aluden en párrafos que anteceden, ya que no se trata de resoluciones judiciales del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el ordinal 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107, Constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Por tanto, no actualiza alguna de las hipótesis que, de conformidad con el precepto antes trascrito, dan competencia a este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal para conocer de la demanda; ello, toda vez que de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que los actos que por esta vía reclama el accionante del amparo, son derivados del actuar de las autoridades en relación a las funciones propias de sus cargos, esto es, el quejoso se duele dichos servidores públicos incurren en diversas responsabilidades administrativas, con motivo de los expedientes mencionados. En efecto, claramente se advierte que los actos reclamados no emanan de un expediente penal; en tales condiciones, este juzgado carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados que nos ocupan. Aunado a que en el rubro del escrito que se provee el quejoso señala que se trata de un "recurso de queja" y en el proemio refiere ".vengo a presentar formal denuncia de hechos y actos de corrupción.", lo que hace consistir en presuntas irregularidades tanto en el juicio de amparo 513/2017-III, por parte de la Juez Octavo de Distrito en Tuxpan, Veracruz y en la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZCB-V/72 A/11, que atribuye al Procurador General de la República. Por lo que si bien, el quejoso señala entre las autoridades responsables al Procurador General de la República y cita un número de averiguación previa, se reitera, los actos de los cuales se duele el promovente son presuntas conductas atribuidas a la Jueza Octavo de Distrito en Tuxpan, Veracruz consistentes básicamente en la "falta de probidad, negligencia, parcialidad y mala fe en el manejo del amparo interpuesto", y al Procurador General de la República, por su supuesto actuar negligente dentro de la indagatoria que señala; consecuentemente, dichos actos no se sujetan a leyes de carácter penal, sino de diversa normativa administrativa, en su caso. Bajo esta perspectiva, el presente asunto no encuadra en alguna de las hipótesis del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ende, este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, atendiendo a lo antes expuesto. Por ende, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito de cuenta a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en esta Ciudad, a fin de que provea lo conducente respecto a la petición del escrito presentado por Heraclio Yañez Martínez, previa copia certificada que conste en este asunto. Asimismo, a efecto de no dejar en estado de indefensión al quejoso, remítase a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República copia certificada del escrito firmado por el promovente; así como, de los anexos que acompaña, para que provea lo conducente a su contenido. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el señalado en el escrito de demanda. HABILITACION DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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