Heraclio Torres Barocio
Expediente 724/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/08/2021
Partes del expediente
- Heraclio Torres Barocio
- Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se desprende que el promovente HERACLITO TORRES BAROCIO, no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se tuvo por desechada la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el informe justificado de ampliación de demanda que rinde el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic; luego, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo y con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones a la autoridad de referencia el que indica, y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en el informe que rinde. De igual manera, téngase a la citada autoridad proporcionando un correo electrónico y números de teléfono y para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. Asimismo, se le autoriza para que a través de aparatos electrónicos -cámaras fotográficas, escáner y/o dispositivos electrónicos- obtengan imágenes digitalizadas del presente juicio, previa constancia que se deje en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:EPIC, NAYARIT, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el ocurso de cuenta, suscrito por HERACLITO TORRES BAROCIO a través del cual da cumplimiento a la prevención realizada por auto de treinta de junio del año en curso. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El primero de los numerales establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." David Eduardo Sánchez Casillas 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d7.2c 19/11/22 17:35:03 La norma transcrita en primer orden prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Ahora bien, por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Por excepción, sólo serán impugnables en amparo indirecto, aquellos actos dictados dentro del juicio cuya ejecución sea irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:.(.) .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados David Eduardo Sánchez Casillas 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d7.2c 19/11/22 17:35:03 materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- porque inciden en las posiciones que van formulando las partes dentro del procedimiento existiendo la posibilidad legal de que el afectado obtenga sentencia favorable a sus pretensiones. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que, en su caso, proceda contra la sentencia que resuelva en definitiva el procedimiento de que se trata, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia definitiva. Las anteriores apreciaciones son aplicables analógicamente al caso, si se toma en consideración que de acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente es similar al de un juicio, ya que las instituciones juicio e incidente deben decidir una cuestión planteada. Luego entonces, en su generalidad son similares y, trae consigo que iguales razones deban regir para ambos, por tanto, en el campo de la similitud existente, el momento de reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, es decir, aquel en que se combate la resolución respectiva que pone fin al juicio o al incidente (sentencia definitiva o interlocutoria), a través del juicio de amparo; siempre que esta última (la interlocutoria correspondiente) sea susceptible de reclamarse mediante dicho juicio; consistiendo la diferencia sólo en la vía en que se debe promover la demanda constitucional (biinstancial o uniinstancial). En otras palabras, durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y agotar el medio de impugnación ordinario que en su caso proceda en su contra, para que entonces, ante el Juez de Distrito competente, se pueden impugnar junto con la resolución correspondiente, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental. Apoya la consideración anterior la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1944, que es del tenor siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO INCIDENTAL. PROCEDE COMBATIRLAS EN EL AMPARO EN QUE SE RECLAME LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente es similar al de un juicio, y las instituciones juicio e incidente, deben decidir una cuestión planteada. Luego entonces, en su generalidad son similares y, trae consigo que iguales razones deban regir para ambos, por tanto, en el campo de la similitud existente, el momento de reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, es decir, aquel en que se combate la resolución respectiva que pone fin al juicio o al incidente (sentencia definitiva o interlocutoria), a través del juicio de amparo; siempre que esta última (la interlocutoria correspondiente) sea susceptible de reclamarse mediante dicho juicio; consistiendo la diferencia sólo en la vía en que se debe promover la demanda constitucional (biinstancial o uniinstancial)." También es aplicable a lo anterior, en lo conducente a la explicación de los actos de ejecución irreparable, la jurisprudencia 37/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, materia común, página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J 4/5001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laborar desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede firmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirime los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Por virtud de lo anterior, se concluye que la determinación reclamada, consistente en el auto de siete de junio del año dos mil veintiuno, dictado por el Presidente?????? de la Junta Especial número Cuatro de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, dentro del expediente laboral 449/2018 de su índice, en el cual se admite a trámite el incidente de revisión de los actos de ejecución promovido por uno de los codemandados en el juicio laboral en comento; no afecta de modo directo o inmediato alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa ni trasciende de un modo irreparable en su esfera jurídica, pues sólo constituye una afectación de carácter procesal, ya que, en todo caso, la afectación o violación a sus derechos se podría materializar hasta que la autoridad responsable resuelva el incidente de mérito, pudiendo impugnar en ese momento las violaciones que alega a través del amparo indirecto. Por lo que es evidente que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo produce efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparables si se obtiene resolución interlocutoria favorable, máxime que esa determinación no implica necesariamente que el fallo que en su momento se emita deba ser contrario a los intereses de la parte quejosa; y de ser así, el acto que ahora reclama, al tratarse de una violación procesal, podrá invocarse en la demanda de amparo que se promueva en contra de la determinación final, una vez agotado en su contra el medio ordinario de defensa que en su caso corresponda, pues es innegable que esa violación, hasta ese supuesto afectaría las defensas de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía y en términos del artículo sexto transitorio de la ley de amparo, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, página doscientos dieciséis, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE UN INCIDENTE, POR NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION. Como el auto admisorio de un incidente, por su naturaleza jurídica procesal no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, el juicio de garantías que se promueve en su contra es improcedente, de conformidad con el artículo 114, fracción VI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 73, fracción XVIII, del mismo ordenamiento, pues la determinación judicial combatida no tiende a privar al quejoso de un derecho, bien o posesión, ya que sería hasta el dictado del fallo que resuelva el incidente planteado cuando podría darse el perjuicio derivado por su admisión." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la ley de la materia, procede desechar la presente demanda de amparo
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por HERACLIO TORRES BAROCIO, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y otra autoridad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 724/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Antes de acordar lo procedente respecto a la admisión o no de la referida demanda, con fundamento, con fundamento en el artículo 114, en relación con los numerales 108 y 110, todos de la Ley de Amparo, mediante notificación personal, requiérase al promovente para que dentro del improrrogable plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, aclare lo siguiente:? Precise de manera clara y concisa cuál es el acto o actos que reclama. Toda vez que en su demanda, por una parte dice reclamar a la junta laboral responsable el auto de siete de junio del presente año, así como la omisión de proveer un escrito que le presentó el diez del referido mes y año, y por otro lado dice reclamar los decretos, las resoluciones y sentencias dictadas en el juicio laboral 449/2018, sin embargo, de estos últimos no precisa la fecha en que fueron emitidos, ni la fecha en que fue notificado de dichas resoluciones. ? Deberá narrar de manera clara y cronológica los antecedentes del juicio laboral 449/2018 de donde emana el acto reclamado, debiendo incluir en su narrativa, el nombre de las partes en dicho juicio; si al promovente le reviste el carácter de parte actora o demandada; que es lo que se dirime en dicho juicio laboral, es decir, las prestaciones que se reclaman; la etapa procesal en la que se encuentra el referido juicio; en el caso de que ya se haya dictado el laudo correspondiente deberá precisar el resultado del mismo, es decir, si fue condenatorio o absolutorio. Aclaración que resulta necesaria a efecto de estar en posibilidad de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo en estudio, precisar la litis constitucional y, en su caso, estar en oportunidad de requerir a las autoridades responsables del informe de ley; en la inteligencia de que deberá adjuntar las copias suficientes de su escrito aclaratorio y en su caso de los documentos que anexe, para estar en condiciones de correr traslado a las partes. Toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la demanda de garantías tiene que contener específicamente la norma general, o acto u omisión que de cada autoridad se reclame; ello es así, a fin que: a) Esté debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado. b) La responsable pueda estar en aptitud de justificar el acto concreto que se le reclama. c) Pueda realizarse un correcto estudio de los actos impugnados en la sentencia que en su momento se dicte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.57 K, Materia Común, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En el entendido que en caso de no dar cumplimento con el requerimiento contenido en el presente auto dentro del término señalado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Resulta pertinente señalar que el cumplimiento que al efecto dé la parte quejosa, deberá realizarse "bajo protesta de decir verdad", y que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, incurrirá en la comisión del delito previsto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ." Es aplicable a lo anterior la tesisI.15o.A.28 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Materia Común, Página 2613, Tomo XXVI, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado a GABRIEL CORONA IBARRA CÓRDOBA en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, toda vez que no tiene inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que la faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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