Heraclio Astorga Hernández
Expediente 547/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Heraclio Astorga Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL ACUERDO DONDE SE SOBRESEYÓ ESTE JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ARCHIVO. DESTRUIBLE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AGRÉGUESE EL OFICIO, SIGNADO POR LA AUTORIDAD, SIN QUE PROCEDA MAYOR ACUERDO AL RESPECTO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA." NOTIFÍQUESE
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. De conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021 y SECNO/6/2021, suscritas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establece que con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las que presten sus servicios en los juzgados y tribunales, la Comisión Especial adoptó medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al nueve de febrero de la presente anualidad, en los órganos del primer circuito, entre las que destaca el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). En ese sentido, conforme el punto 2, de la certificación inicial, al tratarse el presente, de un asunto que se tramitó físicamente se cuenta con la posibilidad de resolverlo, en razón de que únicamente queda pendiente la emisión de la resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Acuerdo en cita, por lo que se determina lo siguiente: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que dada la suspensión de labores a consecuencia de la emergencia sanitaria que impera en el país, la audiencia constitucional no tuvo verificativo en la fecha señalada para tal efecto. No obstante, este órgano de control constitucional considera innecesario fijar nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley, toda vez que se advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia que motiva el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, tal como enseguida se expondrá. Del estado procesal de los autos, se advierte que el aquí quejoso HERACLIO ASTORGA HENÁNDEZ señaló como actos reclamados en el presente juicio de amparo, el emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad en el expediente laboral 1821/2019. Por otra parte, se advierte que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, así como el Actuario adscrito, rindieron sus informes justificados, remitiendo la primera de las nombradas copia certificada del expediente laboral 1821/2019, a la que se le otorga eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, de conformidad con su artículo 2º. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1907-1995, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios público, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena". Ahora bien, del referido sumario de origen, se advierte lo siguiente: a) Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Ygnacia Palma Vázquez, por conducto de su apoderada, demandó de Heraclio Astorga Hernández, entre otras prestaciones, la reinstalación forzosa y pago de salarios caídos, con motivo del despido injustificado del que, afirma, fue objeto. b) En auto de dos de octubre de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda, la registró bajo el número 1821/2019, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación demanda y excepciones, y comisionó al Actuario adscrito para que notificara a las partes. c) El dieciocho y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se llevaron a cabo las diligencias de citación y emplazamiento al demandado. d) El catorce de febrero de dos mil veinte, se celebró la audiencia de ley en su etapa de demanda y excepciones, en la que la parte actora ratificó y reprodujo su demanda, en tanto que la parte demandada no compareció, por lo que la responsable le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y señaló las diez horas del veintiséis de mayo de dos mil veinte para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. e) En auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, la autoridad laboral de origen estableció que como no se había podido llevar a cabo la audiencia de ley señalada para las diez horas del veintiséis de mayo de la referida anualidad; y -a consecuencia de la situación de emergencia sanitaria que en la actualidad se presenta en el país-, se fijaron las once horas del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. De lo anterior, este Juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. .". Del numeral señalado, se advierte que para concluir sobre la improcedencia del juicio de amparo, con apoyo en el incumplimiento del principio de definitividad que rige en esta materia, es menester que se cumpla con otras condiciones esenciales, a saber: que el peticionario del amparo no tenga el carácter de tercero extraño a juicio; y que no reclame un acto que importe peligro de privación de la vida o de la libertad del quejoso, deportación, destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Tales exigencias también se cumplen en el caso concreto, ya que se advierte que en el expediente laboral 1821/2019, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, dado que de la copia certificada del referido sumario de origen que la responsable acompañó a su informe justificado, se advierte que Heraclio Astorga Hernández es parte demandada. Asimismo, en la demanda de amparo dicha parte manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el veinticuatro de febrero de dos mil veinte tuvo conocimiento de la tramitación del sumario de origen, radicado ante la Junta responsable, y que se sigue en su contra. Por lo que, al tener pleno conocimiento de la tramitación del juicio laboral de origen en la fecha antes señalada podía comparecer a manifestar lo que a sus intereses convenga y a hacer valer los medios de defensa que estén a su alcance, dado que de las actuaciones del referido sumario, que se tiene a la vista, se desprende que el catorce de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de ley en su etapa de demanda y excepciones, y -a consecuencia de la situación de emergencia sanitaria que en la actualidad se presenta en el país- se fijaron, por auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, las once horas del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. En esa tesitura, se tiene la plena certeza de que en la fecha en que el peticionario de amparo tuvo conocimiento de la tramitación del juicio laboral de origen, podía comparecer ante la Junta a manifestar lo que a sus intereses convenga y a hacer valer los medios de defensa que estén a su alcance; máxime que a la fecha aún no se ha dictado el laudo correspondiente en el expediente laboral de origen, por lo que estaba en posibilidad de apersonarse en él a defender sus derechos. Circunstancia por la cual no se considera al hoy quejoso tercero extraño por equiparación al no estar en el supuesto relativo a un total desconocimiento del juicio laboral, por lo que no se infringe en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, al haber contado con la posibilidad de impugnar los actos señalados como reclamados en su ocurso de amparo, mediante el incidente de nulidad a que se refiere el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; resultando inconcuso además, que los mismos no importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro, y menos aún cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Se concluye así, en virtud de que el peticionario de amparo no cumplió con el principio que establecen los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, por lo que al no ser así el juicio de amparo resulta improcedente. Al respecto, el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, señala: "ARTÍCULO 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones: Nulidad.". Por tanto, de acuerdo a lo regulado por el precepto legal en cita, es claro que la parte quejosa tenía a su alcance el incidente de nulidad de actuaciones para combatir el emplazamiento que reclama, ya que a través de dicho medio de defensa, se puede modificar, revocar o nulificar la violación cometida; esto es, se debió cumplir con el principio de definitividad previsto en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de recurrir a esta vía constitucional; de ahí, que resulte improcedente esta vía biinstancial. En ese orden de ideas, si el inconforme conoce la identidad de las autoridades que emitieron los actos de molestia, y la esencia de los argumentos legales y de hecho en que ésta se apoya, queda plenamente capacitado para defenderse ante la potestad laboral común, y por consiguiente, al no hacerlo opera la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 259, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo". Así también, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 698, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo". En consecuencia, al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO. Sin que resulte obstáculo a lo anterior que no se encuentre emplazada al presente juicio la tercera interesada PALMA VÁZQUE YGNACIA, toda vez que lo resuelto en párrafos precedentes no le depara perjuicio a dicha parte. En consecuencia, resérvese notificar personalmente el presente auto, lo que deberá realizarse sin ulterior proveído, una vez que concluya la vigencia de la circular SECNO/6/2021, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y PUBLÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE. NOTIFIQUESE PERSONAMENTE A LA PARTE QUEJOSO UNA VEZ QUE SE REANUDEN LOS PLAZOS.
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