Heraclio Astorga Hernández

Expediente 999/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
999/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Heraclio Astorga Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Por recibido el oficio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve el presente juicio, un tomo, y remite testimonio de la resolución donde declaró firme la sentencia que negó el amparo ante el desistimiento del recurso. Glósese el cuaderno de antecedentes. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que dispone el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las normas en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, debido a que la autoridad responsable remitió constancias en apoyo a su informe justificado, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el oficio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto, de lo que se toma conocimiento. Finalmente, ordénese al actuario de la adscripción de este Juzgado, para que verifique, si se encuentra disponible el acceso electrónico del expediente por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN contra la sentencia. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia, para la substanciación del recurso referido, así como las constancias allegadas por la autoridad responsable (anexo I). Hágase saber a la superioridad que el expediente de este juicio está a su disposición a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y en caso de que requiera las constancias impresas se le solicita que lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional para proveer lo conducente. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 999/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció la documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Al efecto se acuerda: se admiten y desahogan los medios de convicción dada su propia y especial naturaleza. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la impetrante los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 999/2022, promovido por ..., contra actos del Juez Cuadragésimo Séptimo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo contra actos considerados contrarios a sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El veintitrés de septiembre posterior, se admitió la demanda, se requirió informe justificado, se dio intervención a la representación social adscrita; el veintiuno de octubre siguiente se designó parte tercera interesada y se mandó emplazar. Tercero. Trámite. La representante social Federal adscrita no intervino, se tuvo por rendido el informe de ley, se emplazó a la parte colitigante, y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza mercantil, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: Las providencias precautorias ordenadas en el expediente ..., por el Juez Cuadragésimo Séptimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y su ejecución. Tercero. Existencia del Acto Reclamado. El juzgador responsable aceptó la existencia de los actos reclamados en su informe justificado, y se corrobora de las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. I. El veintitrés de agosto de dos mil veintidós, ..., solicitó providencias precautorias de retención de bienes, como acto prejudicial. II. A dicha petición recayó el auto de veintiséis de agosto siguiente, donde se radicó la acción y se requirió a la solicitante la exhibición de una garantía, previo al pronunciamiento cautelar. III. Una vez presentada la póliza requerida, el seis de septiembre de dos mil veintidós, se obsequiaron las medidas precautorias solicitadas de retención de bienes, hasta por $569,739.46 (quinientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y nueve pesos 46/100 moneda nacional), y se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para retransmitir a las instituciones financieras, la orden judicial. La instrucción de ese proceso integra la materia de los actos reclamados. IV. Posterior a la presentación de la demanda de amparo (veintidós de septiembre de dos mil veintidós), el veintinueve de septiembre siguiente, previa solicitud de la actora, se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para inscribir la providencia precautoria en el folio real señalado por el solicitante. Quinto. Conceptos de violación. A) El acto reclamado contraviene la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, porque no se notificó previamente a la afectación patrimonial. B) La responsable contraviene el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque sólo autoriza la solicitud de información bancaria cuando se pide en un juicio donde el titular sea parte. Son infundados los conceptos de violación, los cuales serán analizados como fueron agrupados por constituir temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. No asiste la razón a la inconforme en el primer motivo de inconformidad en cuanto a que se le debió de llamar previo al de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con su resultado. En efecto, las providencias precautorias pueden ordenarse sin conferir al afectado la posibilidad de formular excepciones y defensas, y esperar que se agote la etapa probatoria para tener la oportunidad de formular las alegaciones, pues en términos del artículo 1178 del Código de Comercio2, para dictar una providencia precautoria no se citará a la persona contra quien se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en dicha norma. De ahí, que al no existir obligación de citar a la persona contra la que se dicta la medida precautoria previamente al inicio del juicio, es inconcuso que no existe un deber que imponga a la responsable cumplir con tal formalidad, cuando se trata de una medida prejudicial como la reclamada. Por ello, la providencia precautoria de retención de bienes no requiere la satisfacción previa de una notificación, como requisito de procedencia, pues se trata de una medida que el juez adopta al cumplir únicamente con los requisitos establecidos en el artículo 1175 del Código de Comercio y sin la anuencia previa del afectado, pues dadas sus características, no es necesario otorgar la garantía de audiencia a la parte quejosa, es decir, por su carácter provisional, cautelar y urgente. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 21/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.". De igual modo es infundado lo alegado en cuanto a una restricción al derecho de propiedad con las medidas precautorias concedidas, pues se trata de actos de molestia y no definitivos, de modo que no llegan al extremo de privar injustificadamente el derecho alegado. Los actos de privación, para efectos del artículo 14 constitucional deben entenderse como aquellos que tienen como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado (actos de molestia). Los actos de molestia, son los que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de un derecho a su titular, sino que se tratan de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. De las anteriores definiciones se puede deducir que no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico del individuo para que se repute como "acto de privación" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos. De modo que el aseguramiento realizado por la autoridad responsable, no llega al extremo de afectar la propiedad que alega la quejosa, pues únicamente se trata de actos de molestia de carácter transitorio. Entonces, es claro que el carácter cautelar de las medidas provisionales reclamadas, justifica el margen de restricción, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva, en tal orden de ideas, es infundado el concepto de violación. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 40/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional."3 Por otra parte, es infundado alegar que las medidas reclamadas sólo puedan dictarse durante el juicio, acorde a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 415/2012, donde sostuvo que el Código de Comercio establece la posibilidad de solicitar dos tipos de medidas cautelares previo a la presentación de una demanda, para reclamar la existencia de un crédito líquido y exigible. Esto es, que la medida prevista como providencia precautoria, es aquella que tiene como objeto la retención de los bienes consignados como garantía o respecto de los bienes respecto de los cuales se fuera a ejercitar la acción real, siempre que se tenga el temor fundado de que éstos pudieren ser ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados, en tanto que la medida que se ejecuta sobre la persona puede ir dirigida sobre aquella contra quien se deba promover la demanda o, incluso, cuando ya se hubiere promovido la demanda, cuando se tenga el temor fundado de que ésta se ausente u oculte. En el precedente invocado se efectuó un pronunciamiento sobre la naturaleza de las providencias precautorias definidas en el Código de Comercio, donde se indicó como parte de los aspectos resueltos que el funcionamiento de la figura alegada, particularmente que una providencia precautoria, como medida cautelar, tiene como finalidad garantizar la materia de una controversia que se llegue a determinar en un juicio mercantil. En tanto que si bien, como sucede con las medidas previstas en el artículo 1168 del Código de Comercio, se permite que sean dictadas previo a que siquiera se promueva la acción para reclamar el cumplimiento de pago de un crédito líquido y exigible, ello atiende a una circunstancia muy particular: el temor fundado de que el deudor, al conocer de la controversia, evite que la sentencia que se llegare a dictar tuviere eficacia, ya fuere mediante su propia ausencia, o mediante la disposición, ocultamiento, dilapidación o enajenación de sus bienes. Bajo tales consideraciones, es infundado el concepto de violación. Asimismo, no asiste razón a la inconforme en cuanto al señalamiento de actuar en contravención al artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, por ordenar la afectación a las cuentas bancarias fuera y/o previo al juicio. Al respecto, debe señalarse que el motivo de disenso ya fue resuelto por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 422/2018, donde concluyó que si el artículo 142, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Crédito, se refiere a una "providencia dictada en juicio" no debe acudirse a las diferencias que existan entre los tipos de medidas cautelares, sea porque se dicten previo, durante o después del juicio. Lo anterior, porque dicha categorización en nada cambia la naturaleza y finalidad del instrumento, esto es, con independencia del momento en que se dicte una medida cautelar, ésta siempre será accesoria a un juicio y siempre tendrá como objeto asegurar las condiciones para la ejecución de la futura y probable sentencia del proceso principal. Por lo cual, cuando con motivo de una providencia precautoria dictada por una autoridad judicial se ordene el aseguramiento de cuentas contenidas en instituciones del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Institución de Crédito correspondiente está obligada a acatarla, aun cuando dicha la providencia se dicte previo a la promoción de un juicio. De modo que el artículo 142 párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Crédito, al señalar que una autoridad puede solicitar el aseguramiento de cuentas "en virtud de providencia dictada en juicio", se refiere a cualquier medida cautelar que se dicte por una autoridad judicial, con independencia del momento en que se dicte respecto de la controversia principal a la que necesariamente se encuentra ligada. Ello, en tanto que con dicha acepción, lo único que pretende es enfatizar en la necesaria conexión que debe de existir entre el dictado de una medida cautelar, como género, y un juicio, existente o futuro, el cual puede tener como objeto material de ejecución la persona radicada o los bienes retenidos. Por lo cual es que una autoridad judicial sí puede solicitar el aseguramiento de bienes, con motivo de la solicitud de una providencia precautoria, antes de iniciado el juicio mercantil; por ello es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 14/2020 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro digital: 2021987, de la Décima Época, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). Los órganos colegiados que conocieron de los asuntos sostuvieron criterios distintos respecto a si es posible el aseguramiento de bienes como parte de una providencia precautoria dictada por una autoridad judicial, previo a la tramitación de un juicio mercantil. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que una autoridad judicial sí puede solicitar el aseguramiento de bienes, con motivo de la solicitud de una providencia precautoria, antes de iniciado el juicio mercantil. Se considera así, en tanto que cuando la disposición normativa se refiere a la acepción "providencia dictada en juicio", no debe acudirse a las diferencias que existan entre los tipos de medidas cautelares, sea porque se dicten previamente, durante o después del juicio, pues lo cierto es que dicha categorización en nada cambia la naturaleza y finalidad del instrumento. Sin que lo anterior implique que todas las medidas cautelares, en lo específico, tienen el mismo objeto directo o que deberían tener idéntica regulación, pues según el momento en que se dicten pueden variar las diversas circunstancias que ameriten su adopción." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Finalmente, no se analizan los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Juez Cuadragésimo Séptimo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, señalados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, el día que tuvo lugar la audiencia constitucional. Doy fe.

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