Henry William Alcalá Velázquez
Expediente 2446/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2446/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/02/2023
Partes del expediente
- Henry William Alcalá Velázquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se desprende que no obran agregados los sellos de lista relativos al auto de once de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito para que de inmediato los suba Luego, se recibe el escrito presentado por la parte quejosa; atento a lo anterior, dígasele al promovente que una vez que se integre dicho medio de impugnación, será remitido inmediatamente y se podrá conocer el Tribunal Colegiado al que le haya recaído tal recurso, así como el número de registro. De igual modo, se recibe el diverso escrito de cuenta presentado por la misma parte: agréguese a los autos el escrito de cuenta y en atención al mismo, dígasele que dichos proveídos fueron dictados de conformidad a lo resuelto por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO y en atención a los solicitado en su diverso escrito; un auto fue emitido en el presente juicio de amparo y otro en el cuaderno de suspensión derivado del presente cuaderno; tal como como lo ordenó la superioridad y en acatamiento a las tesis invocadas en dicho auto; ahora bien, dichos autos contrario a lo que asegura el promovente, no son contradictorios puesto que en el que fue emitido en el presente juicio de amparo, se tuvo por recibida la ejecutoria de dicho Tribunal Colegiado y se acordó lo conducente en relación a su petición realizada en el escrito registrado con el número respecto a las medidas cautelares referentes a las anotaciones registral y catastral preventivas de la demanda y otras constancias, que no tuvieran relación con la suspensión provisional del acto reclamado; en el que se determinó decretar la medida precautoria a petición del interesado, previa garantía para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que en su caso pudiera causarse, el cual se acordó en dichos términos tal como lo prevén los criterios citados en el acuerdo de referencia. El segundo acuerdo fue emitido en el cuaderno incidental, y en el mismo se proveyó lo conducente a la suspensión provisional de los actos reclamados que solicitó el promovente en dicho escrito registrado con el número 316, tal como lo ordenó el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, en la queja, por lo que tal como se advierte de la lectura de dichos autos, son dos determinaciones distintas las cuales no son contradictorias entre sí.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, mediante en atención al requerimiento formulado en auto de cinco de enero de dos mil veintitrés y en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite diverdas constancias: agréguense a los autos el mismo y sus anexos de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar y tomando en consideración que con dichas constancias no se da el debido cumplimiento a la sentencia de amparo se requiere nuevamente al TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente en el que surta efectos la notificación del presente proveído cumpla debidamente con la sentencia de amparo
- Principal
inicial de demanda y el escrito de ampliación de demanda. Esto es, comprenden una confronta entre las firmas indubitadas y las dubitadas. Así, del estudio concordante de los aludidos peritos se advierte que las firmas que estampó de puño y letra ********************, ante la presencia judicial, así como de las firmas dubitadas, sí corresponden, por su ejecución, a las firma que aparece en el escrito inicial de demanda y ampliación de demanda. Por todo lo anteriormente señalado, se otorga pleno valor probatorio a los dictámenes rendidos por el perito oficial y perito designado por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2 del ordenamiento legal citado en último término. Esto tomando en consideración que la valoración de la prueba pericial se encuentra al prudente arbitrio del juzgador, con base al criterio que produzca mayor convicción, y su valoración se hace depender de la convicción que genera cada uno de ellos, los que este órgano jurisdiccional considera están debidamente apoyados con los procedimientos técnicos o científicos que llevaron a los expertos a la conclusión respectiva. Al respecto, resulta aplicable en lo relativo a la valoración de los dictámenes periciales, la Jurisprudencia número 256, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 188, Tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." De igual forma, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 739, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone lo siguiente: "PRUEBA PERICIAL. VALORACIÓN. De acuerdo con el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., la valoración de la prueba pericial queda al prudente arbitrio del juzgador, quien tomando en cuenta las demás constancias y las razones técnicas expresadas por los peritos, debe inclinarse por aquel o aquellos peritajes que le merezcan mayor convicción." Así las cosas, es la prueba pericial en grafoscopía el medio idóneo para dilucidar la presente cuestión, de ahí que el valor probatorio que se otorga al dictamen pericial, en términos del artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, es dado por los razonamientos vertidos que están apoyados en documentos que corroboran sus asertos, mismos que tienen eficacia acreditativa. En conclusión, con apoyo en los dictámenes periciales en estudio, a los cuales ya se le otorgó valor probatorio pleno, este Juzgador determina que la demanda de amparo y ampliación si fueron firmados por la parte quejosa. Por lo que el presente juicio de amparo sí fue promovido por parte legitimada. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Juez, Secretario Ejecutor y Notificador adscritos al Juzgado Sexto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación (folios 38, 185 y 284), reconocieron los actos que se les atribuyen, precisados en el considerando segundo. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, lo anterior se corrobora con las documentales allegadas al sumario, en específico, las copias certificadas del juicio civil sumario relativo a la terminación de contrato de arrendamiento y acción de desahucio, bajo expediente ********************, mismas que por su naturaleza de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 700, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, página 1166, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR POBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". QUINTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". El autorizado de la parte tercera interesada, considera que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en concomitancia con el numerales 107, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la quejosa se ostenta poseedora a título de dueña del inmueble materia del juicio de origen en el expediente ********************, finca marcada con el número 372 de la calle Federación, colonia la Perla, en Guadalajara, Jalisco, aludiendo que lo que pretende es ejercer la acción de usucapión en el juicio 339/202019, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial, cuyo dicho no se acreditó en autos del presente sumario, lo que dice, se traduce en simples manifestaciones, aunado a que se acaba de enterar de que la quejosa ********************, se desistió en su perjuicio del mencionado juicio de usucapión. Los preceptos legales en que descansa la causal de improcedencia que se invoca, literalmente dice: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)". [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]" De los preceptos transcritos, es dable establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Contrario a lo que expone la parte tercera interesada, en el caso a estudio no se actualiza la citada causa de improcedencia, porque la quejosa reclama los autos, decretos y resoluciones dictados dentro del juicio civil sumario relativo a la terminación de contrato de arrendamiento y acción de desahucio, bajo expediente ********************, así como su ejecución y la falta de revisión oficiosa del emplazamiento. En tanto que, de las copias certificadas del juicio de origen, se desprende que con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que se declaró la terminación del contrato de arrendamiento, y entre otras cosas, se condenó a la demanda ********************, a la desocupación y entrega del inmueble arrendado a favor de ********************, por tanto, tiene interés en ser llamada al citado juicio. Tal documental al ser valorada en términos de los artículos 129, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resultan suficientes para demostrar el interés jurídico de la peticionaria de amparo ********************. En ese contexto, contario a lo que expone la parte tercero interesada la quejosa acreditó su interés jurídico para acudir a deducir sus derechos al juicio de origen del que derivan los actos reclamados, lo cual, será motivo de análisis al resolver el fondo del asunto. Por su contenido, se cita: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. (jurisprudencia Época: Novena Época, Registro: 170500, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 168/2007, Página: 225). Por otra parte, en esa misma línea de ideas, de oficio, este órgano constitucional, advierte que respecto del diverso quejoso********************, se actualiza la mencionada causal de improcedencia, esto es, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que no acredita ser parte en el expediente ********************, ni que en el mismo se haya dictado acto alguno en su perjuicio. Partiendo de que el interés jurídico es un presupuesto de procedencia en el juicio de amparo, que se impone como carga a la parte quejosa, para demostrar la titularidad del derecho subjetivo que reclama y que se vio afectado; esto es, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés jurídico ha sido definido como el derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad o terceros; lo anterior conforme al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, en la tesis de jurisprudencia 1ª. J./17, publicada en la página 35 de la Gaceta número 60 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". En relación con lo anterior, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad en la medida que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público, lo que puede ocurrir de dos formas, a saber: 1.- Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía; o 2.- Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. Conforme a lo anterior, la causa de improcedencia se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del gobernado, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. En jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues solo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa. Además, consideró que la presunción de la certeza del acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al rendir su informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, por lo que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 23/2014, de la Décima Época, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206. En el caso en particular, el quejoso, reclama la falta y/o ilegal emplazamiento al expediente ********************, así como los autos, decretos y resoluciones dictados dentro del juicio civil sumario relativo a la terminación de contrato de arrendamiento y acción de desahucio, y su ejecución; sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que el promovente no acredita el interés jurídico y tampoco el perjuicio personal y directo de los actos que por esta vía se reclaman hacia a su esfera jurídica, en la medida que de autos no se advierte que sea parte en el juicio de origen y mucho menos que respecto de su persona se haya emitido un acto de los reclamados en el presente amparo. En consecuencia, al no acreditar el quejoso********************, ser parte en expediente civil ********************, ni que se haya dictado acto alguno en su contra, procede sobreseer el juicio, acorde a lo que dispone el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del mismo. Al no existir diversas causales de improcedencia que las partes hayan hecho valer o que se adviertan de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. Agotado el estudio de las causales de improcedencia, y al no advertirse, de oficio, que opere otra diversa, procede examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada en los conceptos de violación, respecto de los actos reclamados sobre los cuales no debe sobreseerse, cuya falta de transcripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Es fundado el tercero de los conceptos de violación vertido en el escrito de ampliación de demanda y supliendo su deficiencia en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, y de conformidad con la siguiente jurisprudencia. Época: Novena Época Registro: 190656 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 149/2000 Página: 22 "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón". En principio, de acuerdo al contenido del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece: "Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.].". El precepto en cita, consagra el derecho fundamental de audiencia, mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como la obligación de las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las cuales, se encuentra la notificación del inicio del mismo; formalidades que, de no cumplirse, se infringiría el referido derecho humano, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. En ese tenor, el conocimiento del inicio de un procedimiento es precisamente el emplazamiento, lo cual constituye la diligencia más importante de todo procedimiento judicial, ya que esta formalidad en la que permite que el demandado, al hacerse sabedor con la debida oportunidad de la acción instaurada en su contra, esté en posibilidad de defenderse, mediante la oposición de excepciones y defensas, ofrecer pruebas y alegatos a su favor. Así, el derecho de audiencia constituye el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de la vida, la libertad y sus propiedades y, en general de todos sus derechos. En correlación con esto, es necesario traer a colación el concepto de "persona extraña al juicio", por el cual debemos entender que es aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue llamada incorrectamente, a la que se le conoce como "persona extra al juicio por equiparación". Al respecto, se invoca la jurisprudencia por contradicción P./J. 7/98 que ha sido sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 56, tomo VII, enero de 1998, con registro digital 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.". Ahora bien, la legislación aplicable es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que contiene las disposiciones aplicables al emplazamiento, pues en sus artículos 111, 112 y 112 bis, establece como deben realizarse. Los citados preceptos disponen: 'Artículo 111. La primera notificación se hará personalmente al interesado o a su representante o procurador en el domicilio designado; y no encontrándolo el notificador, cerciorado de que allí vive, le dejará instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que lo entregue, el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que mande practicar la diligencia, el número de expediente o toca, la determinación que se mande notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entregue, recogiéndole la firma en el acta, o en su defecto la razón por la que se negó a hacerlo.' 'Artículo 112. La diligencia de emplazamiento se realiza personalmente con el demandado; el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de este código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia. Si se trata de emplazamiento a juicio o de requerimiento y sólo si a la primera busca no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera, se le hará la notificación por cédula; en todo caso la notificación y la cédula contendrá: I. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución; II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente; III. Breve relación de la resolución que se notifica; IV. Día y hora en que se hace la notificación; V. Término para contestar la demanda o para cumplir el requerimiento; VI. Nombre de la persona en poder de quien se deja; y VII. Nombre, cargo y firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa. Para el caso de que el interesado se niegue a recibir la notificación y en el supuesto de que las personas que residan en el domicilio se rehúsen a recibir la cédula, ésta deberá fijarse en la puerta de entrada del domicilio y de ello se asentará razón en los autos, dejando copia simple de la demanda, de los documentos exhibidos con la misma y del auto que lo ordene, en los que se asentará la constancia prevista en el artículo anterior. Cuando la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de éste código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia.' 'Artículo 112 bis. La cédula, copias y citatorios, en los casos de los dos artículos anteriores, se entregarán a los parientes o empleados del interesado o en su defecto a cualesquiera otra persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, después de que el notificador se hubiere cerciorado de que allí vive o de que es el principal asiento de sus negocios, de todo lo cual se asentará razón en la diligencia, incluyendo el medio o la fuente de que se valió o las fuentes de información a que tuvo que recurrir para adquirir la certeza señalada.' Del marco normativo que antes se reproduce se aprecian las formalidades que habrán de tener los emplazamientos en los juicios civiles como el de origen. De los artículos 112 y 112 bis, transcritos, se advierte, en lo que interesa, que al momento de llevar a cabo la diligencia emplazamiento, podrá notificarse al demandado en el domicilio designado; que si a la primera búsqueda no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera, se hará la notificación por cédula, entregándola a los parientes o empleados del interesado o en su defecto a cualquier persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, como en la especie se aprecia de la actuación que se reclama. El diligenciario deberá haciendo constar en el acta esa circunstancia y en todo caso la notificación y la cédula deberá contener los siguientes requisitos: I. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución; II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente; III. Breve relación de la resolución que se notifica; IV. Día y hora en que se hace la notificación; V. Término para contestar la demanda o para cumplir el requerimiento; VI. Nombre de la persona en poder de quien se deja; y VII. Nombre, cargo y firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa. Luego, de todo lo actuado durante esa diligencia se asentará razón en los autos, dejando copia simple de la demanda, de los documentos exhibidos con la misma y del auto que lo ordene, en los que se asentará la constancia. En relación a este último aspecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la 107/2020, en lo que interesa sostuvo: "[.] cuando una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, ello implica que, a través de la exigencia de tal formalidad (entrega de copias de los documentos que se adjuntan a la demanda), la legislación procesal busca que se observen las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Así es, la finalidad de que, al practicarse el emplazamiento se corra traslado con la copia de los documentos que la parte actora adjuntó a su demanda, no es otra que la de garantizar que la persona emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no sólo de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en condiciones de contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Entre los documentos que se adjuntan a la demanda y con los que las normas procesales interpretadas por los tribunales contendientes ordenan que se corra traslado a la parte enjuiciada, suelen encontrarse los documentos base de la acción, como son contratos, convenios o títulos de crédito, por mencionar algunos. Es a partir de esos documentos que se adjuntan a la demanda que la parte demandada adquiere conocimiento pleno y cierto de aquella información que le permitirá ejercer su derecho a la defensa. En un procedimiento jurisdiccional, la información que permite a la enjuiciada ejercer adecuadamente su derecho de defensa, a través de la contestación de demanda, se obtiene: A) Del auto admisorio que ordena el emplazamiento; B) De la demanda; y, C) De los documentos que se adjuntan a la demanda. En consecuencia, si, por ejemplo, el notificador no corriera traslado con copia del contrato base de la acción o con algún convenio modificatorio de éste que se adjuntó a la demanda, la parte enjuiciada no podría establecer con la certeza suficiente para formular excepciones y defensas si existe legitimación en la causa, si operó o no la prescripción de la acción, si el derecho procede en menor medida que lo reclamado o si el órgano jurisdiccional es competente o no. De igual modo, si el actuario no corriera traslado con copias de otras documentales que también se adjuntan al ocurso inicial, como son aquellas con las cuales el promovente acredita la representación (personalidad) que aduce tener, el enjuiciado no estaría en aptitud de oponer una excepción de falta de legitimación en el proceso. Con los ejemplos aquí citados, es factible poner en relieve que la formalidad del emplazamiento consistente en correr trasladado con las copias de los documentos que se adjuntan al escrito de demanda, tiene por objeto el permitir al emplazado acceder, de forma cierta, a aquella información que le permitirá ejercer plenamente su derecho a la defensa. Por tanto, si al practicar el emplazamiento el actuario no certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que el actor adjuntó a la demanda, o bien, en la certificación que asienta en el acta relativa no se establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado, no es factible concluir que la diligencia de emplazamiento cumplió su objetivo constitucional de hacer saber de manera cierta al demandado aquella información que le permitirá ejercer adecuadamente su derecho a la defensa." Por tanto, si al practicar el emplazamiento el actuario no certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que el actor adjuntó a la demanda, o bien, en la certificación que asienta en el acta relativa no se establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado, no es factible concluir que la diligencia de emplazamiento cumplió su objetivo constitucional de hacer saber de manera cierta al demandado aquella información que le permitirá ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Cuando el actuario, al practicar el emplazamiento, sólo certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda, sin precisar cuáles son éstos, no permite al enjuiciado tener certeza respecto a que la información que obtiene de las copias con las que se le corrió traslado es consistente con la que se desprende de los documentos que se adjuntaron a la demanda, menos aún si está completa. [.]" De la citada contradicción de tesis, derivó la jurisprudencia que a continuación se inserta: Registro digital: 2022118 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 39/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 204 Tipo: Jurisprudencia "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Entonces, si de lo hasta aquí expuesto se tiene que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, precisa o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado, solo cumpliendo dicha formalidad puede estimarse que los órganos jurisdiccionales respetan y garantizar los derechos de audiencia, defensa, debido proceso, legalidad y certeza jurídica de las partes del proceso judicial, al realizar el llamamiento a juicio. En el caso en concreto, se advierte se incumplió con las formalidades previstas en la legislación aplicable, al no realizar la entrega formal de las copias simples de los documentos que el actor exhibió con su demanda, esto es el emplazamiento que se reclama no cumple con lo previsto por el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. En efecto, de la actuación asentada al día siguiente de haber dejado el citatorio para que la demandada esperara al funcionario judicial, esto es, en la diligencia realizada el once de diciembre de dos mil diecinueve, en que se practicó el emplazamiento que se reclama, luego de que el diligenciario asentó como se cercioró de estar constituido en el domicilio que se le indicó y de que ahí habita la demandada, en lo que interesa, asentó: "[.] cerciorado plenamente de qué es el domicilio señalado en autos de la parte demandada ******************** por así indicármelo la nomenclatura oficial de la calle a través de la placa metálica colocada en la esquina de la cuadra donde se ubica el inmueble donde me constituyó y por así manifestármelo una persona de nombre Javier López Sánchez quien manifiesta ser esposo de la buscada, a quien se le identifica con cédula para votar con clave de lector LPSNJV55070314H201 y ante quien me identifico con la credencial expedida por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco la cual me acredita como funcionario judicial, a quien requiero por la presencia de mi buscado manifestándome que no se encuentra de momento, Por lo que no encontrando presente el referido en primer término no obstante el citatorio dejado con anterioridad, procedo a entender la diligencia con la persona que atiende al que suscribe, haciéndole saber el motivo de mi presencia y una vez que fue debidamente enterado del objeto de la misma, por su conducto le emplazo con copia simple de la demanda, de los documentos fundatorios debidamente sellados y cotejados con los originales y del auto que se cumplimenta, haciéndole saber que tiene un término de 05 cinco días para que produzca contestación a la demanda entablada en su contra, apercibida que de no hacerlo dentro del término concedido se le tendrá presuntamente confesa de los hechos de la demanda y el juicio se seguirá en su rebeldía. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, levantándose la presente acta para los efectos legales correspondientes y qué no firma por no creerlo necesario. Conste. --- firma ilegible (foja 56 del primer tomo del juicio de amparo). Como se aprecia de la literalidad de la actuación en análisis, se asentó, en relación a los documentos con que se corrió traslado: "[.] le emplazo con copia simple de la demanda, de los documentos fundatorios debidamente sellados y cotejados con los originales y del auto que se cumplimenta [.]" Se observa quedó plasmado, -le emplazo con copia simple de la demanda, de los documentos fundatorios debidamente sellados y cotejados con los originales y del auto que se cumplimenta-, empero, dicho funcionario, no indicó, describió o estableció cuáles son en específico esos documentos fundatorios, a fin de tener la plena certeza que corresponden a los exhibidos por la parte actora adjuntos a su demanda. Es inconcuso que el emplazamiento practicado a la aquí quejosa, en los autos del juicio de origen, conculcó en su perjuicio las garantías de audiencia, defensa, legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y la citada jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO". Por tanto, se colige que la diligencia de emplazamiento a juicio se torna ilegal al no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, lo que da nacimiento a la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave en el juicio, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales, como es la imposibilidad de la demandada para comparecer al juicio de origen, ofrecer pruebas, contradecir las de la parte actora, oponer excepciones y defensas, y ser notificada oportuna y legalmente de la sentencia definitiva. Cobra aplicación a lo hasta aquí expuesto, la jurisprudencia por reiteración 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, con registro digital 200234, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". De ahí que deba concederse la protección federal, a fin de que sea restituida en el ejercicio de sus derechos fundamentales violentados, por lo que debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal. No pasa inadvertido que la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO", en que se apoyan las consideraciones de la presente sentencia, se emitió y publicó en el Semanario Judicial de la Federación el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a la fecha en que se verificó el emplazamiento que se controvierte; sin embargo, ello no implica aplicación retroactiva de la jurisprudencia ya que antes de su emisión, no existía criterio en contrario aplicable directamente a la cuestión jurídica que se trata. En relación a la aplicación retroactiva de la jurisprudencia así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios que a continuación se reproducen: Jurisprudencia P./J. 2/2018 (10a.) con el número de registro 252103, sustentada por el Pleno de nuestro máximo Tribunal del País, con número de registro 2015995, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 7, con el siguiente rubro y texto: "JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA. Conforme al artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Así, la aplicación en el juicio de la jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", al tenor de la cual el autorizado por las partes en un juicio mercantil no está facultado para promover el juicio de amparo directo a nombre de su autorizante, no tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ya que no existía una jurisprudencia previa que interpretara o definiera esa hipótesis específica, sino una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares. Además, el hecho de que se admita una demanda de amparo directo, promovida por el autorizado en términos del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, y este proveído no se haya impugnado, dando lugar a que ello no se resuelva en definitiva, genera que esta determinación siga sub júdice hasta que el órgano jurisdiccional de amparo dicte su sentencia, por lo que la aplicación del referido criterio jurisprudencial en ésta, no implica imprimirle efectos retroactivos, aun cuando este criterio se aplique a hechos pasados dentro de una secuela procesal, ya que no existe un criterio jurisprudencial previo que haya actualizado sus supuestos y que, por ende, lo obligue a resolver en determinado sentido, ni tampoco una determinación jurisdiccional previa dentro del proceso que no pueda ser revisada por resultarle vinculante.' De igual forma, es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), con número de registro 2013494, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 464, que establece: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo." Concesión de amparo que se hace extensiva a los diversos actos que, en vía de consecuencia, se hayan producido con motivo del ilegal llamado a juicio ********************. Lo anterior de conformidad a lo establecido en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 121-126, Sexta Parte, página 280, con registro digital 252103, siguiente: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.". En consecuencia, al haber resultado esencialmente fundado, suplido en su deficiencia, el concepto de violación que se analiza, es innecesario proceder al estudio del resto de los argumentos propuestos por la parte quejosa ya que, no podría obtener mayores beneficios que los alcanzados con el motivo del ya analizado, examinado y calificado como fundado. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia por reiteración VI.2o. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página ochenta y tres, Tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre estos.". Es pertinente señalar, que los alegatos formulados por la parte tercero interesada (escrito registrado con el número 23134), no se analizan, toda vez que no son materia de la litis constitucional y, por ende, no existe el deber de atender las manifestaciones ahí vertidas, en términos de los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción P./J.27/94 sustentada por el Pleno, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 205449, Materias(s): Común, Núm. 80, Agosto de 1994, página 14 Tipo: Jurisprudencia del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." OCTAVO. Efectos del amparo. Con fundamento en los artículos 77 y 192 de la ley de la materia, a fin de restituir a la accionante del juicio de amparo en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorga para el efecto de que el Juez Sexto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el ámbito de sus atribuciones: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio civil sumario relativo a la terminación de contrato de arrendamiento y acción de desahucio, bajo expediente ********************, su índice, a partir del citatorio de diez de diciembre de dos mil diecinueve y la diligencia de emplazamiento el once de diciembre de dos mil diecinueve, y los actos posteriores y, reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 99/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 287, con registro digital 2015693, que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen.". La protección constitucional debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución que se reclaman del Secretario adscrito a dicho juzgado. Al respecto se invoca la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1492 del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte, Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos Tomo II, Quinta Época, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia' de amparo considera violatorio de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". Cabe destacar que, los efectos de la sentencia protectora no producen la insubsistencia del emplazamiento realizado respecto del diverso codemandado Javier López Sánchez, en razón de que, la reposición del procedimiento provocada por la ilegalidad del emplazamiento materia del presente juicio de amparo, sólo beneficia a la parte solicitante de la protección federal. Lo anterior, porque conforme al principio de relatividad que rige al juicio de amparo, la sentencia que concede el amparo sólo debe ocuparse de la persona que lo hubiere solicitado, sin hacer una declaración general de la inconstitucionalidad del acto reclamado. Al respecto se cita, por ilustrativa, la Tesis: 1a. /J. 72/2011 (9a.) emitida por la Primera Sala, visible en la página 933, Novena Época, con registro 160821, Materia(s): Común, Tomo 2, Libro I, Octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." De igual forma, se destaca que este órgano jurisdiccional no cuenta con facultades para analizar lo relativo a la legitimación pasiva en la causa de la quejosa ********************, del juicio civil sumario de terminación de contrato de arrendamiento y acción de desahucio bajo expediente número ********************, relativa al _contrato de arrendamiento_ fundatorio en el mencionado procedimiento, ya que dicha excepción solo es oponible en el pluricitado juicio, aunado a que la Litis planteada en el amparo que nos ocupa en esencia se hace consistir en falta y/o ilegal emplazamiento de dicho juicio de origen. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Es infundado el incidente de falsedad de firma que calza la demanda de amparo y el escrito de ampliación promovido por la parte tercera interesada ********************, por los motivos que se precisan en la primera parte del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Es fundado el incidente de falsedad de firma del contrato de arrendamiento de quince de octubre de dos mil dieciséis, exhibido en el juicio de origen ********************, promovido por la parte quejosa ********************, por los motivos que se precisan en la parte final del considerando tercero de esta resolución. TERCERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo 1411/2020-V, promovido por********************, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos consistente en el citatorio de diez de diciembre de dos mil diecinueve y la diligencia de emplazamiento el once de diciembre de dos mil diecinueve, los actos posteriores y su ejecución emitidos en el juicio de origen ********************, que se reclama del Juez, Secretario Ejecutor y Notificador adscritos al Juzgado Sexto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial Adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, hace del conocimiento de este juzgado de Distrito, el acuerdo dictado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, del que se evidencia que se admite el medio de impugnación, el cual quedó registrado con el número de amparo en revisión **; consecuentemente, téngasele informando dicha circunstancia, para los efectos legales procedentes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes
- Heliodoro Salcido Carrion1021/2014
- Helios de Alba González864/2022
- Helios Humberto Chavarria Montiel407/2019
- Henry Nicase Arel496/2021
- Henry Nicase Arel1870/2019
- Henry Wiliam Alcalá Velázquez2018/2022
- Henry William Alcalá Velazquez673/2023
- Henry William Alcala Velázquez1946/2023
- Heriberta Caballero Ortíz1923/2018
- Heriberta Caballero Ortiz527/2022
- Heriberto Belloso Vázquez970/2023
- Heriberto Cabrales Rodríguez1750/2018