Henry Juan Fernández Buendía
Expediente 979/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2022
Partes del expediente
- Henry Juan Fernández Buendía
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vistas la constancia y la primera certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo... se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, en que aparece como quejoso ***, por conducto de ***, contra actos reclamados de la "Secretaría de Gobernación" y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 979/2022; y dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. I. A. En principio, se considera necesario precisar si al particular se le dará el trámite regular que para la substanciación de los amparos indirectos prevé la ley de la materia; o bien, la especial que señala el artículo 15 de dicho ordenamiento, en relación con el 22 de la Constitución General de la República, cuyo contenido es: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. - En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. - Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas (.)". "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado (.)". Conforme al primer precepto transcrito, resulta evidente que la substanciación del juicio de control constitucional en los términos ahí previstos, está supeditada a que los actos señalados como reclamados se traten de aquellos que importen: a) Peligro de privación de la vida. b) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. c) Incomunicación. d) Deportación. e) Expulsión. f) Proscripción. g) Destierro. h) Extradición. i) Desaparición forzada de personas. j) Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. k) Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De modo que, si del contenido de la demanda presentada se obtiene que mediante la acción de amparo se pretende impugnar alguno de estos actos, procederá conceder la suspensión de oficio y de plano en el auto admisorio, en términos del numeral 126 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. - En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento (...)". Lo anterior, aún en caso de que no se admita la demanda y en el auto inicial se prevenga al quejoso para que subsane alguna irregularidad. Se cita la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 827 del Libro 58, Tomo I, Septiembre de 2018, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido". Lo anterior es relevante, ya que como el propio criterio invocado señala, el objetivo de conceder la suspensión en esos términos, no sólo es preservar la materia del juicio, sino impedir la ejecución de actos que pudieran ser lesivos al quejoso. De modo que, es imprescindible que en la demanda se indique que el peticionario de amparo está siendo víctima o en su caso, que inminentemente lo será, de alguno de los actos vejatorios antes referidos. En otras palabras, la tramitación especial del juicio de amparo indirecto a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, única y exclusivamente opera en caso de que el quejoso sea víctima de aquéllos; de lo contrario, el procedimiento deberá sustanciarse de forma regular, lo que evidentemente implica, que no se conceda la suspensión de oficio y de plano señalada en el segundo párrafo de dicho precepto. B. En el caso, el promovente del juicio señala como actos reclamados, los siguientes: "II. Actos Reclamados: a. ataques a la libertad personal fuera de procedimiento en contra de los quejosos. b. actos que ponen en peligro la vida de los quejosos. c. la detención del quejoso por más de 36 horas, en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración la incomunicación de la quejosa con su abogado defensor y amenaza de deportación y traslado a otra ciudad sin juicio previo ni oportunidad de tener una defensa adecuada. d. privación de la libertad sin fundamento ni motivo alguno. e. expulsión y traslados". Mientras que en el proemio indica lo siguiente: ".quienes se encuentran en estado de incomunicación y privados de su libertad." C. En consecuencia, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación, los actos que pongan en peligro la vida del quejoso, la expulsión, deportación, así como la detención y/o privación ilegal de la libertad del quejoso, debiendo quedar en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en términos del artículo 160 de la ley de la materia. Por tanto, requiérase a las autoridades responsables relativas, que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este auto, informen a este juzgador sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el artículo 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la citada ley. II. Con fundamento en el precepto 15 de la ley de la materia, se ordena al actuario correspondiente adscrito a este juzgado, se constituya en el "Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", a efecto que notifique personalmente el presente proveído al quejoso y lo requiera que al momento de la notificación o por escrito en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la misma, manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su nombre y si autoriza a la persona que la promovió; de igual forma, precise domicilio para oír y recibir notificaciones. Apercíbase al peticionario de amparo que de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada, de conformidad con el numeral 15 de la ley de la materia y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Sin que haya lugar a proveer en cuanto a los demás aspectos de la demanda, hasta en tanto, en su caso, el justiciable ratifique la demanda de amparo. Se instruye al personal judicial que le corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Finalmente, se autoriza a la secretaria para que firme los oficios de este juicio. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra.
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