Henry Jomery Rocha Sánchez

Expediente 568/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
568/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Henry Jomery Rocha Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el registro electrónico que se lleva en el departamento de oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el promovente del amparo, recurriera el auto en que se desechó su demanda, dictado por este juzgado el cuatro de julio de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que fue notificado el siete siguiente, quedando comprendido dicho plazo del once al diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en el artículo 20, fracción II, en el que se establece los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de conservación, toda vez que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 13609/2023, remitido vía juicio en línea y firmado electrónicamente por el Titular y la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita que el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 568/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, sea vinculado a dicho juzgado, a fin de tener acceso a las constancias electrónicas que lo integran. Por consiguiente, en atención al requerimiento formulado por el indicado órgano de control constitucional, se comisiona a la oficial administrativa encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las gestiones correspondientes en dicho sistema, con el propósito de que el expediente relativo al juicio de amparo indirecto 568/2023, sea vinculado a ese órgano jurisdiccional para su debida integración al sumario 612/2023 de su estadística interna. Lo anterior, hágase del conocimiento del juzgado oficiante para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha cuatro de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual en síntesis se acordó: RECEPCIÓN DEL ESCRITO ACLARATORIO A LA DEMANDA. Ténganse recibidos los escritos aclaratorios a la demanda de amparo firmados autógrafamente por Candelaria de Monserrath Sánchez Hernández, con los cuales desahoga lo peticionado en auto de veintisiete de los corrientes y allega original de las actas de nacimiento con folios 00267 y 99, para acreditar el vínculo familiar con el directo quejoso; en atención a lo anterior; el Juez acuerda: PRECISIÓN DEL NOMBRE DEL DIRECTO QUEJOSO. Del escrito inicial de demanda se advierte que la ocursante promueve demanda de amparo en favor de Henry Jomery Rocha Sánchez, no obstante del acta de nacimiento número 00267 que allega, se advierte que lo correcto es Henry Jomeny Rocha Sánchez, por tanto, téngase este último como el nombre correcto del directo quejoso. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El citado artículo 113 de la ley de la materia, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, la promovente del amparo señala como autoridades responsables y acto reclamado los que a continuación se transcriben: AUTORIDADES RESPONSABLES A). C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL DE MAZATLAN, SINALOA. B). UNIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LO PENAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. C). UNIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LO PENAL ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE HOMICIDIOS DOLOSOS. D).AGENCIA ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES. E). UNIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LO PENAL ESPECIALIZADO EN ROBO DE VEHÍCULOS. F). UNIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LO PENAL DE TRAMITACIÓN COMÚN. G). COMANDANTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA CON DESTACAMENTE (SIC) EN MAZATLÁN, SINALOA. H). DIRECTOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL ESTADO DE SINALOA CON DESTACAMENTO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA. I). POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA DE MAZATLÁN, SINALOA. J). SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE MAZATLÁN, SINALOA. IV). ACTOS RECLAMADOS SON LOS SIGUEITNES: A). A la autoridad señalada en el inciso "A" se reclama la posible orden de aprehensión que irá en contra del C. ROCHA SÁNCHEZ HENRY JOMENY fuera de todo procedimiento. Así como la posible detención ilegal fuera de todo procedimiento por el supuesto delito de robo y homicidio doloso contradiciendo el artículo 46 del código nacional de procedimientos penales en los supuestos de flagrancia. B). a las autoridades señaladas en los incisos "B" hasta el inciso "F" se reclama la posible detención ilegal fuera de todo procedimiento girada en contra del C. ROCHA SÁNCHEZ HENRY JOMENY. C). A las autoridades señaladas en los incisos (G) hasta el inciso (J) se les reclama la ejecución de la orden de aprehensión y detención ilegal girada en contra del quejoso. A las citadas autoridades responsables se reclama los actos en su doble aspecto tanto de ordenadoras como de ejecutoras. De lo anterior se colige, que los actos de autoridad que reclama consisten en orden de aprehensión decretada en contra del directo peticionario, así como su ejecución material. En la especie se actualiza la causa de improcedencia que se desprende del contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 5° y 6°, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la anotada Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el numeral 62 de la misma legislación prevé que: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tanto que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción I, párrafo primero y 6°, de la ley reglamentaria en comento, establecen: "Artículo 107. (...) I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. .Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" El precepto constitucional aludido establece, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, de la interpretación sistemática de los artículos 5° y 6° de la Ley de Amparo, en sus párrafos antes transcritos, válidamente se puede colegir que el juicio de amparo sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o apoderado. Lo anterior significa que sólo la parte quejosa directamente afectada con alguna determinación jurisdiccional, es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, puesto que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo; es decir, por quien figura como quejoso, por su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 81 , 152 y 163 de la Ley de Amparo, dado que al ser la titularidad de la acción constitucional un derecho personalísimo, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen. Ahora bien, en el presente caso, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por Candelaria de Monserrath Sánchez Hernández, quien promueve en favor del directo quejoso Hery Jomeny Rocha Sánchez. En esa tesitura, resulta patente que la promovente de la presente demanda Candelaria de Monserrath Sánchez Hernández, acude a esta instancia constitucional en su calidad de madre, en favor de Hery Jomeny Rocha Sánchez; empero, al ser el directo agraviado una persona mayor de edad, y no acreditarse que se encuentre impedido para promover el juicio de amparo, ya que de los antecedentes de la demanda no se aprecia manifestación en ese sentido, inconcuso resulta que no se ubica en los supuestos que preveen los artículos 8, 15 y 16 de la Ley de Amparo, lo que se corrobora con el articulado previamente transcrito y que es relativo a la capacidad y personaría en el juicio de amparo, donde se dispone quienes son las partes, las personas que pueden promoverlo y aquellas que podrán hacerlo sin legítimo representante y la acreditación de dicha representación, según el caso. Es por ello, que aun cuando la provente exhibe las documentales consistentes en original de las actas de nacimiento con folios 00267 y 99, no justifica legalmente la representación del directo agraviado, en tanto que, como se dijo, únicamente la acreditan como madre del directo quejoso, quien es una persona mayor de edad, que además, no se advierte se encuentre impedido para promover el juicio de amparo, en tanto que, de los propios antecedentes narrados por la promovente, se pone de manifiesto que no se encuentra incomunicado, pues el día sábado veinticuatro de junio de la anualidad en curso, dicha promovente ingresó a las instalaciones del centro penitenciario para visitar a su hijo, en donde afirma lo encontró golpeado en sus extremidades corporales superiores e inferiores, así como en el rostro y cabeza, con huellas de tortura; máxime que de los propios antecedentes, se pone de manifiesto que el directo agraviado se encuentra a disposición de la autoridad judicial señalada como responsable con motivo de la ejecución del mandamiento de captura reclamado. En tal virtud, como se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5° y 6°, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en cita, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo así propuesta. Finalmente, en lo atinente al señalamiento a que se hace alusión respecto de los malos tratos y tortura de que es objeto el directo quejoso ante las autoridades responsables, se dispone dar vista al Agente del Ministerio Público de la Adscripción, para los efecto legales conducentes.

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