Henry Hidalgo de la Cruz
Expediente 323/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Henry Hidalgo de la Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Henry Hidalgo de la Cruz; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 323/2022-2, promovido por **********, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el ocho de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el diez siguiente por la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el once posterior, Henry Hidalgo de la Cruz solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detalla: ACTO RECLAMADO LA NEGATIVA DE JUSTICIA PRONTA CONFORME AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, DERIVADO DE LA FALTA DE ACUERDO PARA SEÑALAR FECHA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 2483/2018, VIOLANDO EL ARTÍCULO 873 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR." AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El catorce de marzo de dos mil veintidós, se radicó y admitió la demanda con el expediente 323/2022-2; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al fiscal del Ministerio Público de la adscripción; dada la naturaleza del acto materia de la controversia constitucional no se tuvo a las demandadas en el juicio natural como parte tercero interesada; no se ordenó tramitar incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente por la parte quejosa; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)" Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco de señalar fecha para el ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 2483/2018 de su índice. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Junta responsable fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que se le requirió el mismo mediante 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. oficio 9455/2022, comunicación que recibió el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en autos [Foja 20]; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto trascurrió del diecisiete de marzo al siete de abril de dos mil veintidós, con excepción de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que rindiera su informe respectivo. Ahora, si bien es cierto que la responsable no rindió su informe con justificación, dicha condición no es suficiente para tener por presuntivamente cierta la conducta negativa atribuida por la parte impetrante, dado que si bien tratándose de actos negativos, la carga de la prueba se constituye, por regla general, en contra de la autoridad responsable, también es cierto que previo al estudio de tal abstención, deben considerarse la existencia de una condición de actualización, lo cual coloque a la autoridad en la obligación de proceder conforme la exigencia del gobernado. Esto significa que, con independencia de las afirmaciones vertidas por el quejoso, la existencia de la omisión se desprende, en principio de una correlación entre facultad y obligación que constriñen la relación, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que le de vida, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición y no simplemente por el hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su ejecutoria 1a. XXIV/983 indicó que, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, si en el particular la relación jurídica entre la autoridad y el gobernado establecen efectivamente la condición que genera el acto reclamado. Con arreglo a lo anterior, para que este órgano de control de amparo se encuentre en aptitud de precisar la existencia de la conducta omisiva incoada a la responsable, la parte peticionaria debió acreditar en principio que es receptora de la obligación que aducen no fue atendida, en la especie, debió validar fuera de toda duda, estar sometido a la jurisdicción de la responsable, esto es, era indispensable comprobar la existencia de juicio laboral, que es parte en esa controversia y además, que dicho procedimiento se encuentra en el momento procesal que aduce como fuente de reclamo -etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas-; para entonces encontrarse en condición de ser destinataria de la obligación que aduce se ha omitido. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: 3 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 53, Novena Época, materia común, registro digital: 196080, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Consecuentemente, se tiene plenamente probada la inexistencia del acto reclamado en la presente controversia. En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción IV del artículo 634 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia del acto génesis de la presente controversia constitucional. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro y texto: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Véase Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, página 487. Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********** por las razones apuntadas en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de que mediante proveído de catorce de marzo del año en curso, se ordenó remitir el oficio 9455/2022, dirigido a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, a través del cual se le requirió su informe justificado, mismo que fue recepcionado el dieciséis de marzo siguiente; por tanto, el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto, transcurre del diecisiete de marzo al siete de abril de dos mil veintidós, con excepción de los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de la Materia. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al proveído de dos de marzo del año en curso, remite copia certificada del auto de ocho de marzo siguiente, dictado en autos del expediente laboral 885/2010 de su índice, del que se obtienen las siguientes cuestiones: Que la cantidad adeudada al actor Oscar Alberto Falcón Franco -aquí quejoso- es la suma de $1'010,232.91 (un millón diez mil doscientos treinta y dos pesos 91/100 moneda nacional). Ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, a fin de que realice el cobro correspondiente a la multa impuesta al Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco. Posteriormente, otorgó el término de diez días hábiles a la entidad pública demandada a fin de que exhiba el nombramiento de personal del actor, cómo trabajador de base al servicio del Ayuntamiento demandado, así como para que exhiba el título de crédito respectivo por la cantidad de $1'010,232.91 (un millón diez mil doscientos treinta y dos pesos 91/100 moneda nacional). De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, por lo que, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de la Materia, se considera que la sentencia concesoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese.
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