HENRY ALEJANDRO ESPEJO ALLENDE y Otros.
Expediente 641/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- HENRY ALEJANDRO ESPEJO ALLENDE y Otros.
- Henry Alejandro Espejo Allende
Actuaciones
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, por el que solicita se le permita el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para su consulta, por el plazo de cinco días. Al respecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se autoriza la vinculación del presente expediente electrónico por el plazo que se solicita, ello para los efectos legales a que haya lugar en los autos del juicio del amparo "........""" del índice de su adscripción. En mérito de lo anterior instrúyase al analista jurídico SISE adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de que habilite los permisos correspondientes respecto del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo y su vinculación con el diverso del Juzgado oficiante. Notifíquese.
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil diecinueve. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
mesa III B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por *****; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 641/2019. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables ordenadoras Fiscal General del Estado de Oaxaca; Vicefiscal General de la Zona Norte; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, el directo quejoso reclama la orden de aprehensión dictada en su contra; y de las ejecutoras, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca y Comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca, el cumplimiento dado a dicho mandamiento de captura. Contra esa demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, de la Ley de Amparo, que establecen: ARTÍCULO. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.)." ARTICULO 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita. En efecto, del escrito de demanda de amparo aparece que no contiene firma autógrafa del promovente, ya que carece de firma electrónica como lo disponen los artículos 3 de la Ley de Amparo en relación con el 64, 65 y 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se presentó en el Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación, y no se está en ninguno de los supuestos de excepción que establece el artículo 69 del referido acuerdo. Por tanto, como el escrito de demanda de amparo que se presenta se advierte que no contiene firma electrónica de la promovente, por ende, no existe instancia de parte agraviada, pues no se aprecia la voluntad para promover el juicio de amparo al no existir persona que sea responsable de su contenido, en términos del artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sin que sea obstáculo que la misma aparezca con la firma electrónica de ********, toda vez que conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 6º de la Ley de Amparo, el juicio de control constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, esto es, por la parte a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo, lo cual le otorga legitimación para promover la instancia constitucional. Y si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover el juicio de amparo a nombre del quejoso, a saber: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial; y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo" según el artículo 15 de la ley reglamentaria, excepción que se explica en virtud de la urgencia, las circunstancias de ejecución de los actos reclamados y el peligro en la demora. Sin embargo, en el caso ******, no instó esta instancia en calidad de representante legal o mandatario del directo quejoso ni como su defensor, y que en el caso, los actos que se reclaman no se encuentran en alguna hipótesis de las previstas por el artículo 15 de la Ley reglamentaria, supuestos que son los únicos en los que la norma autoriza a cualquier persona a promover en favor de un tercero, por lo que no está facultado para firmar la demanda por la vía electrónica. Asimismo, si bien el numeral 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse; lo cierto es también que la promoción del amparo vía electrónica firmada con la FIREL del autorizado por el quejoso y no por él mismo, ni por quien legalmente lo representa, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el citado precepto legal, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, pues se insiste, al no contener el escrito de demanda la firma electrónica del titular de la acción de amparo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente y como se dijo, no hay instancia de parte. Por lo que en ese sentido, se insiste, no cabe dicha prevención en el supuesto materia de esta contradicción, al no existir una razón legal para otorgar un tratamiento distinto a la demanda de amparo presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación firmada con la FIREL del autorizado de la parte quejosa, en comparación con una demanda de amparo presentada por escrito y firmada por un autorizado del quejoso, pues en ambos casos, al concurrir las mismas circunstancias -demandas de amparo sin firma autógrafa y/o electrónica del quejoso o de su representante legal-, el Juez de Distrito estará facultado para desecharlas, al no existir la voluntad de las personas que ahí aparecen como promoventes, lo que claramente no actualizan alguna de las irregularidades previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a subsanarla. Estimar lo contrario, esto es, considerar que es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda de amparo se presenta por escrito y cuando se hace por vía electrónica y en ambos casos se actualiza la misma hipótesis, esto es, que las demandas están firmadas (una con firma autógrafa y otra con firma electrónica) por quien se ostenta con el carácter de autorizado por el quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de obviar el cumplimiento de uno de los principios rectores del juicio constitucional, como lo es el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Carta Fundamental, pues si la presentación de la demanda se hace por vía electrónica y la misma está firmada con la FIREL del autorizado del quejoso, cabría la prevención a que se refiere el numeral 114 de la Ley de Amparo a fin de subsanar dicha "irregularidad"; empero, cuando la demanda de amparo se presente por escrito con la firma autógrafa del autorizado por el quejoso, en ese supuesto, como ya se vio, no procede prevenir al quejoso, sino que el Juez está facultado para desecharla de plano, dada la ausencia de voluntad del promovente. Es importante destacar que con dicha afirmación no se soslaya que los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, tuvieron como finalidad permitir a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial, en aras de eficientar el derecho de acceso efectivo a la justicia previsto en los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; y que conforme a la reforma del segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, de diez de junio de dos mil once, se establecieron cambios sustanciales que otorgan a las personas una protección más amplia de los derechos humanos, reconocidos no sólo en la Constitución, sino también en tratados internacionales, con la finalidad de favorecer de mejor manera a las personas, pues bajo el nuevo esquema constitucional opera el principio pro personae. No obstante, su observancia no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos sustantivos, técnicos y/o de procedibilidad que puedan actualizarse en el juicio de amparo, ni mucho menos soslayar los principios fundamentales que lo rigen, ya que dichas formalidades son la vía para arribar a una adecuada solución del asunto, las cuales no se vieron modificadas por la implementación de la tecnología en la tramitación electrónica del juicio de amparo. De ahí que lo anterior no implique obstaculizar los actos necesarios para la defensa del quejoso ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que, se insiste, los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, fueron con el objeto de permitirles a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial; empero, no para trastocar los principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo, como lo es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por su propio derecho o por conducto de quien legalmente lo represente -salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-, pero no por el autorizado en términos del artículo 12 de la ley, pues como se dijo, si no está legitimado ni siquiera para ampliar una demanda de amparo o desahogar alguna prevención en la cual deba manifestar hechos o antecedentes del acto que únicamente consten de forma directa al titular de la acción de amparo, mucho menos podría tener legitimación para signar con su propia FIREL una demanda de amparo presentada vía electrónica. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Son aplicables al caso, la Jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Así como la jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el página 71, tomo 181-186 Quinta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio. La tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece en la página 315, tomo X, octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Sin que haya lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el señalado, ni por autorizados a las personas que se indican en la demanda de amparo, pues al no contener, el escrito de demanda, firma de la quejosa, no existe persona que sea responsable del contenido de tal escrito.
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