Henry Alberto Fernández Pérez
Expediente 717/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/12/2019
Partes del expediente
- Henry Alberto Fernández Pérez
- Secretaría de Gobernación. Ciudad de México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, dos de diciembre de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ténganse por recibidos y únicamente glósense a sus autos para que obren como correspondan, los sobres devueltos por la administración postal de esta ciudad, relativos a los oficios 20024/2019, 20025/2019 y 20026/2019, los cuales están dirigidos a la Subdelegada Federal y a los Delegados Locales de las terminales uno y dos del aeropuerto de la Ciudad de México, todos del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, toda vez que el pasado once de octubre de dos mil diecinueve, se decretaron como inexistentes en el presente juicio de garantías. Cúmplase. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, once de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo número 717/2019-II promovido por Henry Alberto Fernando Pérez, contra actos de la Delegada Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito presentado ante este Juzgado de Distrito el quince de agosto de dos mil diecinueve, Henry Alberto Fernando Pérez, promovió juicio de amparo indirecto en el que como autoridad responsable y acto reclamado señaló lo siguiente: Autoridades responsables Secretaría de Gobernación, Ciudad de México. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ciudad México. Titular de la Oficina de Representación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Encargado de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación, Matamoros, Tamaulipas. Titular de la Estación Migratoria en la Ciudad de México. Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración, Ciudad de México. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, Ciudad de México. Aeropuerto Internacional, terminal 1, puerta 10. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, Ciudad de México. Aeropuerto Internacional, terminal 2, sala k. Actos reclamados: "La orden y ejecución de deportación y/o expulsión del país y la ilegal privación de la libertada y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra del hoy quejoso." DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS 1. La Orden de Deportación y/o Expulsión, así como la Ilegal Privación de la Libertad y/o Ilegal Retención y/o Ilegal Detención en contra de las hoy quejosas. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS El cumplimiento de la orden de Deportación y/o Expulsión, así como la ilegal privación de la libertad y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra de la hoy quejosas." (sic). SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Por acuerdo de quince de agosto de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito registró la demanda en el libro de gobierno con el progresivo 717/2019-II que le correspondió; concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se celebró al tenor del acta que antecede previo diferimiento. TERCERO. AUTORIDADES INEXISTENTES. De autos se advierte que en la audiencia celebrada en esta propia fecha, se tuvieron por inexistentes a las autoridades que la parte quejosa denominó como "Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", "Delegado Local del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México terminal Uno" y "Delegado Local del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México terminal Dos", razón por la cual procede establecer que las señaladas responsables quedan fuera de la litis constitucional en el presente asunto. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 1ª/J. 111/2008, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable en la foja cincuenta y dos, tomo XXIX, correspondiente a marzo de dos mil nueve, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados consisten en: La orden de deportación, así como la retención de su persona como consecuencia de dicho mandato. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En relación a la orden de deportación y la retención de las impetrantes, las autoridades responsables Secretaria de Gobernación; Comisionado del Instituto Nacional de Migración y el Director de la Estación Migratoria, todos con sede en la Ciudad de México y el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclamaron. El agraviado Henry Alberto Fernando Pérez, no desvirtuó las negativas a que se ha hecho referencia; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado consistente en la privación de la libertad traducida en la retención de las quejosas en la Estación Migratoria en esta localidad, pues aun cuando la encargada de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Matamoros, Tamaulipas, negó su existencia al momento de rendir su informe justificado, lo cierto es que el accionante Henry Alberto Fernando Pérez, al momento en que presentó la demanda se encontraba alojado en ese lugar por instrucciones de dicha responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo. Es oportuno establecer que en el caso no será estudiada la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados y los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable. En la especie, respecto al acto de reproche consistente en la privación de la libertad traducida en la retención de las impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del de la Ley de Amparo, cuyo contenido dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causa de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la legislación de la materia, que dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, en el caso, Henry Alberto Fernando Pérez, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada fue puesto en libertad, circunstancia que por sí no genera la improcedencia del juicio, en la medida de que su finalidad es precisamente conservar la materia del amparo, pero, atento a lo acordado el diez de octubre de dos mil diecinueve (fojas 77 y 78), se tiene que el quejoso en mención dejó de cumplir con las medidas de seguridad, sin que exista constancia de que la autoridad responsable haya tenido contacto nuevamente con ellas, pues se encuentran evadidas de su jurisdicción. Entonces, si Henry Alberto Fernando Pérez, fue puesto en libertad y, posteriormente, dejó de cumplir sin causa justificada con las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional y, además, no se tiene noticia de que se encuentre internado en la estación migratoria, es evidente que la privación de la libertad que le aquejaba, cesó en sus efectos; ello sin soslayar que el acto reclamado, aun cuando existiera formalmente, no se podría ejecutar materialmente. En consecuencia, al actualizarse la referida causa de improcedencia, conlleva a sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la legislación de la materia, por lo que hace al acto reclamado consistente en la privación de la libertad traducida en la retención de las peticionarias en la Estación Migratoria en esta localidad, reprochado a la encargada de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Matamoros, Tamaulipas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 717/2019-II, promovido por Henry Alberto Fernando Pérez. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diez de octubre de dos mil diecinueve. Por otra parte, vista la certificación realizada por el licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario de este juzgado encargado del libro de firmas de quejosos, que se lleva en este órgano jurisdiccional, se aprecia que el quejoso Henry Alberto Fernández Pérez, no dio cumplimiento a lo exigido por este órgano jurisdiccional en auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, en el sentido de que acudiera a este Tribunal Federal a estampar su firma cada ocho días en el libro relativo a los agraviados que se les concede el beneficio de la libertad, la cual fue una de las obligaciones que se les impuso en ese mismo acuerdo, a partir del día siguiente en que la obtuvieran, siendo la última asistencia del diecinueve de agosto del año en curso. Por tanto, como la obligación de que el nombrado impetrante acuda a este órgano jurisdiccional a plasmar su firma cada ocho días constituyó un requisito esencial para que se instruyera su libertad, al haber dejado de hacerlo desde el diecinueve de agosto del presente año, sin justificación alguna, lo conducente es dejar sin efectos el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, en virtud de no haberse acatado dicha medida de aseguramiento impuesta, lo anterior con fundamento en el dispositivo 166 de la Ley de Amparo. Cabe decir que, tratándose de la medida cautelar respecto de actos reclamados que se encuentran previstos en la Ley de Migración, resultan aplicables las reglas a la suspensión en materia penal, por ello, lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada I.7o.P.42 P (10a), pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2013057, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de dos mil dieciséis, Tomo IV, página 2524, Materia Penal, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. SI EL QUEJOSO INCUMPLE CON LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO IMPUESTAS, DISTINTAS A LA GARANTÍA PECUNIARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL JUEZ DE DISTRITO, ATENTO AL ARTÍCULO 166, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, DEBE REVOCAR AQUÉLLA, SIN QUE SEA FACTIBLE QUE, CON POSTERIORIDAD, SE RECUPEREN SUS EFECTOS. El artículo 139 de la Ley de Amparo abrogada (aplicable al anterior sistema de justicia procesal penal) establecía que el auto en que un Juez de Distrito concediera la suspensión, surtiría sus efectos desde luego, pero dejaría de surtirlos si el agraviado no llenaba, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hubieran exigido para suspender el acto reclamado. Tal disposición encuentra su similar en el diverso 136, párrafo segundo, de la ley en vigor, que establece que los efectos de la suspensión dejarán de surtirse si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Ahora bien, la actual legislación no se refiere a las demás medidas de aseguramiento fijadas por el Juez de Distrito, sino sólo a la garantía pecuniaria; para lo cual indica que no obstante su incumplimiento, mientras no se ejecute el acto reclamado, el quejoso podrá exhibirla, con lo que de inmediato vuelve a surtir efectos la medida cautelar. Caso contrario a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 166 de la misma ley, que se limita a precisar que el efecto de incumplir con las medidas de aseguramiento decretadas al conceder la suspensión -que deben entenderse aquellas distintas a la garantía pecuniaria- dará lugar a su revocación con la sola notificación a la autoridad responsable, sin que se advierta una nueva oportunidad para el quejoso de beneficiarse con los efectos de la suspensión si cumple con posterioridad al plazo impuesto por el Juez de Distrito. De ahí que cuando el quejoso incumpla con las medidas de aseguramiento impuestas, distintas a la garantía pecuniaria, dentro del plazo establecido, el Juez de Distrito, atento al penúltimo párrafo del artículo 166 invocado, debe revocar la suspensión, sin que sea factible que con posterioridad se recuperen sus efectos. Lo que es acorde con el nuevo sistema de justicia procesal penal, donde se pretende agilizar y hacer más eficaz la impartición de justicia." Finalmente, comuníquese a las autoridades responsables que quedan en aptitud legal de ejecutar el acto reclamado por la parte quejosa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, uno de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la correspondencia devuelta por el encargado de la Administración de Correos de México, de esta ciudad, relativa a los oficios 17624/2019, 17625/2019 y 17626/2019, dirigidos respectivamente a las autoridades responsables "Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", "Delegado Local del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México terminal Uno" y "Delegado Local del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México terminal Dos", por los motivos siguientes: "No Existe Delegado (da) Local" y "No Existe Subdelegado (da) Federal". Consecuentemente, de lo anterior dése vista a la parte agraviada para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de tales autoridades; apercibida que de no pronunciarse al respecto, se tendrán por inexistentes a las mismas, pues de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, está obligada a señalarlas con precisión (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo). Por las consideraciones que la conforman, resulta aplicable la jurisprudencia XIII.P.A.J/8, materia constitucional común, publicada en la página 2341, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 03, Tomo II, del mes de febrero de 2019, que dice: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad. En consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente a la parte agraviada. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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