Henrri Díaz Abarca
Expediente 1337/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1337/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2022
Partes del expediente
- Henrri Díaz Abarca
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto que antecede de tres de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por +++, por conducto de sus defensores particulares, +++ Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por la quejosa susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio número CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por +++, contra los actos del Juez en Funciones de Tribunal de Enjuiciamiento Titular de la Sala "D" de la Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1337/2022-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absoluta de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible tener una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la jurisprudencia I.1.A.J./4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Se dice lo anterior, en virtud de que este resolutor estima que en el particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 173, Apartado B, fracciones I y XIX, de la citada Ley, que establecen respectivamente: ".Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley; (.) XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo Esto es así, pues de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto que por esta vía se combate, esencialmente se hace consistir en la resolución decretada en la audiencia de debate de juicio oral de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 121/2021, en la que el juez responsable declaró cerrado el debate y determinó suspender el juicio por más de veinticuatro horas para deliberar el fallo correspondiente hasta el veintiséis de septiembre siguiente. Expuesto lo anterior, este juzgador estima que la anterior determinación, constituye un acto intraprocesal, esto es, un acto dentro de juicio que puede repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en dicho asunto y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, ni tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación. El juicio, para efectos del amparo, inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 173, fracciones I y XIX, de la Ley de Amparo, se concluye que por regla general los "actos dentro de juicio" o "intraprocesales" son materia, en su caso, del amparo directo, pues es esta vía la idónea para impugnar violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, entre otros, siempre y cuando afecten las defensas de la quejosa y trasciendan al resultado del fallo. Como una excepción a lo anterior, existen actos intraprocesales que son reclamables en amparo indirecto, tal como se advierte de la fracción V del artículo 107 de la Ley Amparo vigente, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta 56, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Cabe mencionar, que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, cuya publicación se realizó el viernes dos de mayo de dos mil catorce, a las doce horas con cinco minutos, con número de registro IUS 2006338, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. De lo anterior, queda claro que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte sentencia definitiva en el procedimiento ordinario pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus interees. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son exclusivamente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien, resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho humano contenido en la Constitución Política del País, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado de la sentencia. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo adverso y hayan sido impugnados durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis número 61 de la extinta Tercera Sala, que se publica en la página 39, del Tomo VI, Materia Común, de la compilación de 1995, cuyo texto es el siguiente: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar 'las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo'. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. Así las cosas, se concluye que la resolución decretada en la audiencia de debate de juicio oral de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 121/2021, en la que el juez responsable declaró cerrado el debate y determinó suspender el juicio por más de veinticuatro horas para deliberar el fallo correspondiente hasta el veintiséis de septiembre siguiente, si bien tiene que ver con un acto verificado dentro del juicio, éste puede repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en dicho asunto y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. Ahora bien, en el caso que la determinación impugnada trascienda al resultado de la sentencia, ésta podrá reclamarse como violación procesal en el amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva en términos del artículo 173, fracciones I y XIX, de la Ley de Amparo; asimismo, tampoco se está en el caso que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ni se trata de un acto que de concederse la protección federal a través de una sentencia de amparo, haga imposible reparar la violación reclamada. Por el contenido jurídico que la orienta es aplica al caso la tesis X.1o.20 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época, página 1196, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de garantías y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 145 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por José Dolores Hernández Cervantes, por conducto de sus defensores particulares, Henri Díaz Abarca y Raúl Adrián Cabrera Castellanos, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes analizada. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizado a la persona que señala, en términos amplios que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, en virtud de tener registrada sus cédula profesional en la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación. De conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones a través del usuario henrridia; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. Asimismo, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; por ello, se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio al usuario henrridia. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. De igual manera, respecto del correo electrónico que proporciona, como medios para establecer comunicación directa, dígasele que toda vez que tal como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, éstos sólo son medios para entablar comunicaciones no procesales con las partes. Por tanto, téngase a la parte quejosa, proporcionando el correo electrónico que al efecto señala, para que a través de los mismos se puedan entablar comunicaciones no procesales cuyos contenidos serán registrados y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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