Heman Ortíz Morales

Expediente 648/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
648/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2021

Partes del expediente

  • Heman Ortíz Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, contra el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 2 Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previa realización de las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ? Archivo como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, conforme a los artículos 6, 12, 14, 21, inciso d), y 35, se establece: 1. El archivo como asunto concluido; 2. El expediente es destruible en un plazo de tres años; 3. En el expediente no se exhibieron documentos originales; 4. El criterio de valoración para este expediente es destruible, en consecuencia, hágase constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia dicha leyenda: Destruible.??????????????? Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO DE NOTIFICACIÓN-. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACIÓN I, INCISO C), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Heman Ortiz Morales, contra actos de las siguientes autoridades: Ordenadoras ? Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región 02 Huixtla, Chiapas. ? Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Tonalá, Chiapas. Ejecutoras ? Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 7, con sede en Huixtla, Chiapas. ? Alcaide del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 7, con sede en Huixtla, Chiapas. ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 2 ? Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 13, con sede en Tonalá, Chiapas. ? Alcaide del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 13, con sede en Tonalá, Chiapas. Registro de la demanda Fórmese expediente impreso y electrónico, para los efectos que prevé el numeral 3°, de la Ley de Amparo; y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 648/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento Ahora bien, de acuerdo al artículo 113, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desechará de plano la demanda, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. El numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 3 ??????????????? el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo transcrito impone la obligación de este Juzgado de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharlo de plano, para lo cual, en principio ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos, en su caso, que se acompañen; siendo que, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos, las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido1. 1 Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, registro IUS 180663, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 4 En ese sentido, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable para las personas privadas de su libertad, con motivo de prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio. Dicha Ley Nacional de Ejecución Penal, establece varios procedimientos para resolver diferentes controversias que surjan en reclusión, por lo que al caso interesa, contiene un capitulo relacionado con los traslados, distingue entre voluntarios que solicita el propio interno, los involuntarios y los urgentes o excepcionales, estos últimos impuestos u ordenados por la autoridad, sin consentimiento del interno. Establecido lo anterior, se estima que la presente demanda de garantías debe desecharse, al TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 5 ??????????????? actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional: Al respecto, es conveniente precisar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.- No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.- ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 6 Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Asimismo, es necesario citar los preceptos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen: "Artículo 52. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 7 ??????????????? "Artículo 117. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Al caso, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, dispuso: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 8 CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 9 ??????????????? organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 10 quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." Así, se tiene que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: "(.) la ilegal y sin motivo justificado alguno la ORDEN DE TRASLADAR AL QUEJOSO DEL C.E.R.S.S. CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NUMERO 7 SIETE, DE LA CIUDAD DE HUIXTLA, ESTADO DE CHIAPAS; AL C.E.R.S.S. CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NUMERO 13 TRECE, DE TONALÁ, CHIAPAS, MANTENIENDOME EN PRISION PREVENTIVA E INCOMUNICADO DE MI FAMILIA, SIN NOTIFICARME Y SIN MOTIVO ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 11 ??????????????? JUSTIFICADO ALGUNO (.)"; en consecuencia, si el amparista no agotó previamente el medio de defensa ordinario denominado controversia judicial, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o anulado el acto que reclama, y no se actualiza ningún supuesto de excepción, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, del mismo ordenamiento. Finalmente, en cuanto al acto destacado consistente en la incomunicación que aduce el promovente, se estima que no se actualiza, pues acorde a lo preceptuado por el artículo 4, fracciones XV y XVI, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, por persona desaparecida y/o incomunicada, se entiende la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito; además, persona no localizada, es la persona cuya ubicación es desconocida, y de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con lo probable comisión de algún delito. En ese sentido, toda vez que el promovente refiere que se encuentra recluido en el Centro ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 12 Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 13, con sede en Tonalá, Chiapas, se estima que en el caso no se actualiza el supuesto de incomunicación que aduce, pues tiene pleno conocimiento del centro en el que se encuentra recluido; aunado a que la presente demanda constitucional se encuentra firmada en original por el impetrante y fue presentada de manera física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito con sede en esta Ciudad. En consecuencia, por los motivos expuestos y al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se DESECHA la presente demanda de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en su centro de reclusión.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Heman Ortiz Morales, contra actos de las siguientes autoridades: Ordenadoras ? Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región 02 Huixtla, Chiapas. ? Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Tonalá, Chiapas. Ejecutoras ? Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 7, con sede en Huixtla, Chiapas. ? Alcaide del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 7, con sede en Huixtla, Chiapas. ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 2 ? Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 13, con sede en Tonalá, Chiapas. ? Alcaide del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 13, con sede en Tonalá, Chiapas. Registro de la demanda Fórmese expediente impreso y electrónico, para los efectos que prevé el numeral 3°, de la Ley de Amparo; y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 648/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento Ahora bien, de acuerdo al artículo 113, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desechará de plano la demanda, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. El numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 3 ??????????????? el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo transcrito impone la obligación de este Juzgado de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharlo de plano, para lo cual, en principio ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos, en su caso, que se acompañen; siendo que, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos, las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido1. 1 Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, registro IUS 180663, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 4 En ese sentido, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable para las personas privadas de su libertad, con motivo de prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio. Dicha Ley Nacional de Ejecución Penal, establece varios procedimientos para resolver diferentes controversias que surjan en reclusión, por lo que al caso interesa, contiene un capitulo relacionado con los traslados, distingue entre voluntarios que solicita el propio interno, los involuntarios y los urgentes o excepcionales, estos últimos impuestos u ordenados por la autoridad, sin consentimiento del interno. Establecido lo anterior, se estima que la presente demanda de garantías debe desecharse, al TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 5 ??????????????? actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional: Al respecto, es conveniente precisar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.- No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.- ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 6 Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Asimismo, es necesario citar los preceptos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen: "Artículo 52. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 7 ??????????????? "Artículo 117. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Al caso, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, dispuso: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 8 CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 9 ??????????????? organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 10 quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." Así, se tiene que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: "(.) la ilegal y sin motivo justificado alguno la ORDEN DE TRASLADAR AL QUEJOSO DEL C.E.R.S.S. CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NUMERO 7 SIETE, DE LA CIUDAD DE HUIXTLA, ESTADO DE CHIAPAS; AL C.E.R.S.S. CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NUMERO 13 TRECE, DE TONALÁ, CHIAPAS, MANTENIENDOME EN PRISION PREVENTIVA E INCOMUNICADO DE MI FAMILIA, SIN NOTIFICARME Y SIN MOTIVO ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 11 ??????????????? JUSTIFICADO ALGUNO (.)"; en consecuencia, si el amparista no agotó previamente el medio de defensa ordinario denominado controversia judicial, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o anulado el acto que reclama, y no se actualiza ningún supuesto de excepción, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, del mismo ordenamiento. Finalmente, en cuanto al acto destacado consistente en la incomunicación que aduce el promovente, se estima que no se actualiza, pues acorde a lo preceptuado por el artículo 4, fracciones XV y XVI, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, por persona desaparecida y/o incomunicada, se entiende la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito; además, persona no localizada, es la persona cuya ubicación es desconocida, y de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con lo probable comisión de algún delito. En ese sentido, toda vez que el promovente refiere que se encuentra recluido en el Centro ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 12 Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 13, con sede en Tonalá, Chiapas, se estima que en el caso no se actualiza el supuesto de incomunicación que aduce, pues tiene pleno conocimiento del centro en el que se encuentra recluido; aunado a que la presente demanda constitucional se encuentra firmada en original por el impetrante y fue presentada de manera física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito con sede en esta Ciudad. En consecuencia, por los motivos expuestos y al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se DESECHA la presente demanda de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en su centro de reclusión.

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