Heliodoro Ramos Bastida
Expediente 2836/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2836/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/01/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Heliodoro Ramos Bastida
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de enero de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso HÉCTOR FEDERICO CARANZA MIRALLES, mediante el cual interpone el recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil quince, dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 201, fracción III de la Ley de Amparo, así como en lo establecido por el Acuerdo General número General 5/2013, del trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año; remítanse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que tenga a bien resolver. Se precisa que del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y en envió de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunal Colegiado de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de septiembre de dos mil trece, en el que establece en el punto octavo fracción I, que los amparos en revisión y los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en las fracciones I y III, del artículo 201 de la Ley de Amparo, se enviarán directamente al Tribunal Colegiado de Circuito. Por otra parte, hasta en tanto esté legalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en Turno, para la substanciación del medio de impugnación que hace valer el promovente, se ordena agregar a los autos su escrito original de agravios. Finalmente, se tiene por recibido el escrito presentado por el quejoso HÉCTOR FEDERICO CARRANZA MIRALLES, mediante el cual solicita se inicie el incidente de inejecución de ejecutoria; únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponde. Atento a lo solicitado por el promovente, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, en virtud de que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a los requerimientos que se le han realizado, tan es así que el seis y nueve de enero de dos mil quince, se le dio vista con los oficios CSCT.6.16.305.-1442 y CSCT.6.16.305.-0003, relativos al informe de cumplimiento de la autoridad responsable, por lo que se encuentra pendiente el acuerdo para resolver respecto del cumplimiento, dado que el quejoso promovió la repetición del acto reclamado. NOTIFÍQUESE Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, CORRIÉNDOLE TRASLADO CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Titular de la Única Mesa de Trámite de Puente de Ixtla, Morelos, por medio del cual rinde el informe justificado así como las copias certificadas de las constancias en que se fundamenta, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, del acto que a continuación se transcribe: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable RECLAMO, la denegación de Justicia por la negativa del responsable a decretar el ejercicio de la acción penal en contra de Demetrio Ramos Bastida por el delito de despojo y delitos contra la vida por lo cual se inició la averiguación previa PI/2480/09-05". Así, de lo anterior y de la lectura integral de la demanda de garantías, se colige que la parte quejosa reclama la omisión del Agente del Ministerio Público Titular de la Única Mesa de Trámite de Puente de Ixtla, Morelos, de dictar acuerdo respectivo al ejercicio, o no, de la acción penal en contra de Demetrio Ramos Bastida, dentro de la averiguación previa PI/2a/480/09-05. Por su parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que el diecinueve de noviembre de dos mil catorce el Agente del Ministerio Público Titular de la Única Mesa de Trámite del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos determinó no ejercer acción penal en contra de Demetrio Ramos Bastida, dentro de la averiguación previa PI/2a/480/09-05, en cometer el delito de despojo en agravio de Heliodoro Ramos Bastida; notificando a la parte quejosa por comparecencia el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa ha cesado, ya que al haber emitido el acuerdo relativo al no ejercicio de la acción penal en contra de Demetrio Ramos Bastida, dentro de la averiguación previa PI/2a/480/09-05 y haberlo notificado a la parte quejosa, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril actual. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de enero de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito signado por Arturo Conrado Vázquez Rojas, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual hace diversas manifestaciones y ofrece diversas pruebas en relación al incidente de cuantificación en ejecución de sentencia; por tanto, con fundamento en los numerales 143 y 144 de la ley en consulta, se tienen por ofrecidas a favor de la parte quejosa, las pruebas documentales que en copias simples anexa, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones que refiere, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; de igual forma, se tiene por hechas sus manifestaciones, sin perjuicio de su relación al momento de resolver el incidente relativo. No obstante lo anterior, respecto de la prueba pericial en materia de contabilidad que indica, y a efecto de acordar lo que legalmente corresponda, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba copias para cada una de las partes del cuestionario para el perito, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no ofrecida. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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