Heliodoro García Castellanos
Expediente 350/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Heliodoro García Castellanos
Actuaciones
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta. Téngase al signante informando el órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento del asunto. Consecuentemente, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este expediente como asunto concluido... Notifíquese...".
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, el oficio con que el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, informa que la demanda de amparo promovida por ********** -que diera origen al juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno de memoria- se encuentra radicado en ese órgano jurisdiccional bajo el número 1925/2021 de su orden cronológico. No obstante, debido a la considerable carga de trabajo que impera en ese Juzgado Especializado, no ha proveído lo conducente. Refiere una vez se dicte el acuerdo que corresponda respecto a la remisión del mencionado asunto, lo hará del conocimiento de este juzgado. Por tanto, estese en espera de que el oficiante informe lo relativo a la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, a fin de acordar lo procedente. Notifíquese...".
- Principal
"Boca del Río, Veracruz, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte en auto de siete de mayo del año en curso, se declaró la incompetencia del presente asunto declinándola a favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en Turno, con sede en la Ciudad de México. Por tal motivo, se ordenó remitir los autos originales a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados antes mencionados. Sin que a la fecha se cuente en autos el acuse de recibo del homólogo federal al que correspondió su conocimiento. No obstante, de la certificación secretarial de cuenta se desprende la demanda de amparo fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, solicítese al homólogo federal que por razón de turno correspondió conocer del presente asunto, de la manera más atenta y de no tener inconveniente legal alguno, comunique el estado procesal que guarda la demanda de amparo promovida por *********** turnada con el folio 3853; y, en su caso, acuse recibo de la recepción de la misma. Lo anterior para acordar lo que en derecho corresponda en este cuaderno. Notifíquese..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de mayo de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, contra actos del 1. Congreso de la Unión con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. Regístrese con el número **********/2021-V que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro Uno de Juzgado relativo al índice de juicios de amparo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA. Con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, se considera este órgano jurisdiccional CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer del presente asunto. De los criterios para la fijación de competencia, cobra relevancia aquel relativo a la materia, pues existe un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias, previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como diversos criterios de jurisprudencia y Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. De lo anterior, así como de los artículos en cita, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal debía establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Con base en tales obligaciones legales, en sesión de siete de agosto de dos mil trece, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó el "ACUERDO General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región" el cual, en su considerando CUARTO y artículos SEGUNDO y SEXTO, determinó lo siguiente:(Se transcribe). En relación con la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, es conveniente precisar que en la contradicción de tesis 5/2014 el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, precisó los elementos que deben tomarse en consideración para determinar la competencia de esos juzgados especializados. Las reglas de competencia determinan que en el Juzgado o Tribunal Especializado se radiquen asuntos de una misma especie -atendiendo a la naturaleza del reclamo y de la autoridad responsable- lo que permite que los juzgadores que los integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente; y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con el derecho fundamental de justicia pronta, completa e imparcial reconocido constitucionalmente. Conforme a este marco normativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios relacionados con actos que pueden ser reclamados ante dichos órganos judiciales; por ejemplo, en la contradicción de tesis 348/2017, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, determinó: (.) Al efecto, debe tenerse en cuenta que, al resolver la diversa contradicción de tesis 49/2015, esta Segunda Sala determinó que corresponde a los Juzgados de Distrito y a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones conocer de los juicios de amparo y los recursos respectivos cuando el asunto de que se trata entraña el análisis de aspectos técnicos de la regulación de las materias de su especialidad, con independencia de la naturaleza del derecho que se aduce violado; tal como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 119/2015 (10a.), que se lee bajo el rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN."(2) Para arribar a tal conclusión, se precisó que, de acuerdo con la diversa jurisprudencia 2a./J. 24/2009,(3) la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales especializados debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, la cual se puede establecer "mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas, la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda y, en todo caso, prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes." Asimismo, se estableció que "el derecho administrativo constituye el género relativo a la regulación del conjunto de normas jurídicas relacionadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración; materia que, al ser sumamente amplia, requirió la creación de subespecialidades, como los son el derecho ambiental, propiedad intelectual, competencia económica, radiodifusión, telecomunicaciones, entre otras, respecto de las cuales se requieren conocimientos técnicos del juzgador para efecto de dilucidar la controversia." En ese contexto, se tomó en consideración que el objeto fundamental de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, acaecida en el mes de junio de dos mil trece, estriba en reglamentar el derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de las telecomunicaciones, dejándose su aplicación a cargo de órganos autónomos, cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto, destacándose la necesidad de que el conocimiento de esos asuntos corresponda a órganos jurisdiccionales especializados en la materia, "con el objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica", lo que también "permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad." Así, se sostuvo que las razones que motivaron la creación de los referidos órganos jurisdiccionales, son: a) Aplicación efectiva de la materia de competencia económica y telecomunicaciones para lograr su mejor regulación y cumplir con sus objetivos. b) Agilidad en la resolución de los medios de impugnación. c) Evitar el abuso del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir las prácticas monopólicas anticompetitivas. d) Evitar que prevalezca el interés particular sobre el social. e) Decisiones congruentes, así como evitar criterios contradictorios que compliquen la aplicación de la ley y generen incertidumbre jurídica. f) Crear órganos que conozcan de aspectos técnicos de alta complejidad. (.) Asimismo, en la contradicción de tesis 3/2018, dicha Sala concluyó: (.) En ese orden de ideas, en cuanto a la especialización en competencia económica, esta Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), que derivó de los conflictos competenciales 1/2014, 84/2014, 265/2015, 9/2016 y 27/2016 dispuso que en atención a la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, es posible establecer que la competencia por materia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se surte en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia, conforme el contenido del numeral 28 constitucional. Apuntó que se entiende por la primera la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios y, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad. La jurisprudencia en comento es visible en la Décima Época, «Gaceta del» Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, materia común, página 1092, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Por ende, los conflictos derivados de esta subespecialización de la materia administrativa deben ser analizados, estudiados y dirimidos por Jueces especializados en tal materia, en atención a la complejidad de los aspectos técnicos que ella implica, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios. En ese sentido, en atención a la finalidad con la que se crearon dichos órganos especializados, para la resolución de esta contradicción de tesis se requiere determinar centralmente, la naturaleza de los actos reclamados, es decir, esclarecer si el análisis de la normatividad de tránsito mediante la que se regula el acceso y operación de las empresas de redes de transporte (ERT'S) al mercado de servicios de esa naturaleza, requiere conocimientos técnicos especializados en materia de competencia económica; al implicar en forma directa temas de libre concurrencia y competencia.(.) Asimismo, concretamente en el texto de la jurisprudencia, se determinó que para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el once de junio de dos mil trece, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica. De ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. Asimismo, es aplicable por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), con registro 2012188 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 33, agosto de dos mil dieciséis, tomo II, materia común, página 1092, del siguiente rubro y texto: (Se transcribe). De lo anterior, se concluye que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en la demanda de amparo, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Destacándose que en el caso no se controvierten actos concretos de aplicación, sino disposiciones legales específicas de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y lo que considera su aplicación inminente. Por tales razones y atendiendo a que el hecho de que en el juzgado especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, permite, como ya se dijo, que el juzgador tenga un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, pueda resolver mejor y con más prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con los derechos a una justicia pronta, completa e imparcial establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que como se anticipó, la competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por **********, por propio derecho, corresponde a la competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, consultable en la página 1746, Libro 16, marzo de 2015, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: (Se transcribe). En las anteriores circunstancias, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz se declara legalmente incompetente por razón de materia para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y además en los Acuerdos Generales 3/2013 y 22/2013, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que deban remitirse los autos originales que conforman este sumario, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México que brinda servicio a dichos Juzgados Especializados, de inmediato y en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional. En esa medida, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Asimismo, con copia certificada del escrito de demanda relativo y autógrafa de este acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DOMICILIO. De acuerdo con el artículo 27 de la ley reglamentaria, téngase como lugar para recibir notificaciones de la parte quejosa el "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", bajo los términos que establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, pues si bien designa domicilio en la ciudad de Veracruz, el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de cuenta, dio paso a una tercera etapa de restablecimiento de la actividad jurisdiccional, mediante la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Que en los considerandos SÉPTIMO y NOVENO menciona que la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos. Razón por la cual la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad". Permanecen las medidas de sana distancia y reducción de la movilidad, necesarias para enfrentar la contingencia. Por lo tanto, al proporcionar un nombre de usuario y pedir el acceso al expediente electrónico es suficiente para establecer deben realizarse por ese medio las comunicaciones procesales. Privilegiando así el acceso a la justicia de manera electrónica, sin riesgo a la salud en la práctica de las notificaciones para el quejoso, sus autorizados y personal actuante del juzgado. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con independencia de ello, ténganse como forma expedita de contacto para efectos de realizar comunicaciones no procesales el correo electrónico que indica. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los ordinales 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y el diverso 1/2021 que lo prorrogó. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el dispositivo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23, fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacer el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. El quejoso solicita acceso al expediente electrónico, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "**********". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado para que proceda realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona referida para que conforme a los lineamientos de las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. c) De lo anterior, deberá quedar constancia en autos que deberá imprimir la analista. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y personalmente al personal encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y personalmente al personal encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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