Helianne Juliette Medrano Martínez y Otros.

Expediente 96/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
96/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Helianne Juliette Medrano Martínez y Otros.
  • Jorge Gildardo Favela Núñez
  • Helianne Geceela Martínez del Hoyo.
  • Helianne Geceela Martínez del Hoyo. y Otros.
  • Helianne Juliette Medrano Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Amparo en revisión

    EN TAL VIRTUD, COMO EL PRESENTE ASUNTO ESTÁ TOTALMENTE CONCLUIDO, SE ORDENA REMITIRLO AL ARCHIVO EN FORMA DEFINITIVA. EN TÉRMINOS DE LO PRESCRITO POR LOS PUNTOS CUARTO, DÉCIMO PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 2/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, TODA VEZ QUE EL PRESENTE ASUNTO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL PORQUE DIO POR CONCLUIDO EL JUICIO SIN RESOLVERLO EN LO PRINCIPAL, NO EXISTEN DOCUMENTOS ORIGINALES Y NO VERSA SOBRE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN, EL DERECHO INTERNACIONAL, DE LA HUMANIDAD, LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL; COMO TAMPOCO CONTIENE DETERMINACIONES QUE HAYAN SIDO IMPUGNADAS ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS INTERNACIONALES, NO TRATA SOBRE CONFLICTOS LABORALES COLECTIVOS RELEVANTES, NI SUS RESOLUCIONES TUVIERON ESPECIAL TRASCENDENCIA JURÍDICA, POLÍTICA, SOCIAL O ECONÓMICA; DE AHÍ QUE, SEA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL PLURICITADO ACUERDO.

  2. Amparo en revisión

    R E S U E L V E: PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. SEGUNDO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR *****, EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LOS ACTOS PRECISADOS EN EL RESULTADO PRIMERO DE ESTA EJECUTORIA.

  3. Amparo en revisión

    VISTO; AGRÉGUESE PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL ESCRITO SIGNADO POR LA SECRETARIA DE TRIBUNAL ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL FLORA MIJARES VÁZQUEZ, MEDIANTE EL CUAL ACOMPAÑA LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, Y UN TANTO DE LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, EN CONSECUENCIA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CITADA LEGISLACIÓN DE AMPARO, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y UNA VEZ TRANSCURRIDO ESE PLAZO, CON O SIN MANIFESTACIÓN ALGUNA, PROVÉASE LO QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. POR OTRA PARTE, CON MOTIVO DE QUE NO SURTIÓ EFECTOS LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LA SECRETARIA DE TRIBUNAL ARAMINTA NERIO ÁLVAREZ, DESEMPEÑARA LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA DE CIRCUITO EN ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DEL TRES AL SIETE DE ESTE MES Y AÑO, Y QUEDÓ SIN EFECTOS A PARTIR DEL OCHO SIGUIENTE -AUTORIZADA EN VIRTUD DE LA REUBICACIÓN DEL MAGISTRADO JUAN CARLOS RÍOS LÓPEZ AL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO EN EL ESTADO DE DURANGO-; LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL PROPIO CONSEJO, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DE DICHO CONSEJO, POR EL QUE SE EXPIDE EL SIMILAR QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO, MEDIANTE SESIÓN DE ESTA FECHA AUTORIZÓ AL SECRETARIO DE TRIBUNAL ARNULFO JOACHIN GÓMEZ, PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO DE CIRCUITO EN ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, CON EFECTOS A PARTIR DEL DÍA DE HOY, EN TANTO ESA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL O EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ADSCRIBA MAGISTRADO DE CIRCUITO A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. EN TAL VIRTUD, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES, POR MEDIO DE LISTA, QUE ESTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO EN EL ESTADO DE DURANGO, A PARTIR DE ESTA DATA -SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE-, SE ENCUENTRA INTEGRADO POR LOS MAGISTRADOS JOSÉ DEKAR DE JESÚS ARREOLA (PRESIDENTE) Y CARLOS CARMONA GRACIA, ASÍ COMO POR EL SECRETARIO DE TRIBUNAL ARNULFO JOACHIN GÓMEZ, EN FUNCIONES DE MAGISTRADO DE CIRCUITO. FINALMENTE, CON APOYO EN EL DIVERSO NUMERAL 41, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RETÚRNESE ESTE ASUNTO AL SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO DE CIRCUITO DE MÉRITO, PARA QUE FORMULE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN; ASIMISMO, SE CERTIFIQUE LA FECHA EN QUE SEA LISTADO ESTE ASUNTO PARA SER RESUELTO. EL PRESENTE AUTO DE TURNO HACE LAS VECES DE CITACIÓN PARA SENTENCIA. AL RESPECTO LA RFERIDA CAUSAL EN LO CONDUCENTE DICE: ".OCTAVO. Improcedencia del juicio de amparo. En el presente caso se considera innecesario analizar la sentencia recurrida toda vez que, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que se actualiza un motivo legal de improcedencia diverso al que el Juez de Distrito tomó en cuenta para decretar el sobreseimiento en el juicio, de manera que, a nada práctico conduciría el estudio de los agravios vertidos en el escrito de revisión, la cual se analiza de oficio atento a lo ordenado en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso particular, el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, fue emitido por el Juez responsable en la fase de ejecución procesal, para el efecto de cumplimiento de la cosa juzgada que formal y materialmente estableció la procedencia de la convivencia familiar entre la quejosa adolescente y su progenitor; sin embargo, no es reclamable inmediatamente en el amparo indirecto, pues solamente implica un principio de ejecución, es decir, el acto, no tiene una ejecución de imposible reparación, pues no incide en derechos sustantivos diversos a la sentencia, pues el Juez responsable a través de ese auto, da vista a las partes con el oficio emitido por la Coordinadora del Centro de Psicoterapia Familiar en el que se fijó el día y hora en que se podrá llevar a cabo la convivencia entre la adolescente quejosa y su padre. Ahora bien, la actual Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción IV, dispuso que el amparo procede tratándose de actos de ejecución de sentencia en contra de la última resolución; lo cierto es que, la particularidad de la materia familiar, ante la imposibilidad de establecer cuándo se trata de la última resolución, al comprender en la ejecución actos de tracto sucesivo, debe atender a la afectación de los derechos sustantivos. Ahora, el auto en el que el Juez da vista a las partes con el oficio del día y hora en que se podrá llevar a cabo la convivencia entre padre e hija, es como se indicó, un acto de ejecución procesal, por lo que no afecta derechos sustantivos, por ello, las condiciones particulares no son reclamables en amparo, pues la idoneidad de la vista con el día y hora para efectuar la convivencia, no hace procedente el amparo indirecto. Debe precisarse que si bien la sentencia definitiva del juicio familiar, donde se dilucidó lo concerniente a la convivencia en el amparo directo, es cosa juzgada en términos de los artículos 426 y 427, fracción II, del Código Procedimientos Civiles del Estado de Durango; y, en el caso, el Tribunal Superior del Estado ya se pronunció sobre la procedencia de esa convivencia; pero el citado código relativiza la cosa juzgada, pues establece que la variación de circunstancias permite la alteración o modificación de los efectos de esa sentencia, como lo dispone el numeral 94 del mismo. Lo expuesto, permite aseverar que dada la existencia de esas particularidades, aunque el acto haya sido emitido en la etapa de ejecución de sentencia, lo que en realidad se debe ponderar es el perjuicio que genere y en el caso particular, el emitido por el Juez no cumple con esa característica, pues apenas constituye un "principio de ejecución", concepto el cual ha sido definido en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 87/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello, que se estima en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE", esencialmente consideró que: 1. La fracción IV del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, similar en contenido al artículo 107 de la ley en vigor, establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga tales características, sin que por el solo hecho de que se aduzca la inconstitucionalidad de la ley en que se apoyen, permita la procedencia del amparo indirecto, ya que el párrafo tercero del artículo 158 del ordenamiento legal en cita reitera dicho requisito, al señalar expresamente que cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, tales violaciones solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. 2.- La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. 3.- Por tanto, dada la amplitud de la norma contenida en la fracción IV citada, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. 4.- De todo lo cual se obtiene que un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, en dos casos de excepción, que se actualizan cuando:  Se promueve en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (aquel en el que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) o, tratándose de remates, (en el que se aprueben o desaprueben);  El acto reclamado genera una afectación inmediata a derechos sustantivos (imposible reparación). En ese tenor, a efecto de establecer cuáles son los actos que se consideran de imposible reparación, el Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia P./J. 24/92, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" señaló que debe entenderse por actos de "ejecución irreparable" dentro del juicio, aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la constitución, y no los casos en que solo se afectan derechos adjetivos o procesales, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate; criterio que debía aplicarse siempre que se estudiara la procedencia del amparo indirecto respecto de cualquier acto dentro de juicio, lo que igualmente se corrobora con la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala del Supremo Tribunal del País, intitulada: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio P.LVIII/2004, de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS", sostuvo los casos en que las violaciones que trasgredan derechos formales o adjetivos, tienen una ejecución de imposible reparación en virtud de que sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior, es decir, que por excepción, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio, que la identifica como de imposible reparación, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento y de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a los derechos procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio. Este último supuesto de procedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra actos dictados dentro de juicio, quedó superado a partir del tres de abril de dos mil trece, por los motivos siguientes: a) La Carta Magna en su artículo 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo procederá contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. b) Por su parte, la Ley de Amparo vigente establece en su artículo 107, fracción V, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de "imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) Como puede verse, la Ley Suprema en su texto actual, aún señala que el amparo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, es decir, no hace una distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales; empero, la ley de la materia vigente sí los distingue, pues señala que un acto de imposible reparación es aquel que afecta materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, lo que incluso fue materia de pronunciamiento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno del Supremo Tribunal, de título siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEYDE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Máxime que la determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto no requiere de una interpretación adicional, pues en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se debe atender a su naturaleza sustantiva, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues si ese fuera el caso se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, dado que bastaría que le imputara al acto una trasgresión a sus derechos fundamentales para que procediera el juicio de amparo. Es decir, para que un acto sea calificado como irreparable, es indispensable que conlleve una afectación material a derechos sustantivos, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzca una lesión jurídica de naturaleza adjetiva que no necesariamente trascienda al resultado del fallo y que, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provengan exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo esta línea argumentativa, es menester precisar que el reclamo de la menor se centra en los acuerdos dictados para llevar a cabo la convivencia decretada entre ella y su padre, especialmente en el dictado el diez de octubre de dos mil diecisiete, por el Juez Cuarto de lo Familiar en la etapa de ejecución de sentencia, en el que se dio vista a los interesados, con el horario establecido para la convivencia supervisada entre *** y su menor hija ***. Ahora bien, el auto controvertido se inserta en la fase de ejecución procesal y no genera una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa, de ahí la conclusión de que el acto reclamado no puede ser combatido a través del juicio de amparo, pues aun cuando el caso versa sobre materia familiar, tampoco se advierte que se actualice alguna de las excepciones de los actos emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, que haga procedente su análisis inmediato. Es así, debido a que sin menoscabo de la atribución legal para la intervención oficiosa del juzgador conforme al artículo 973 de la ley adjetiva en cita y, más aún, al tenor de numeral 412 del Código Civil local, tal acto no conculca derechos sustantivos de la recurrente, por el contrario, la vista permitiría la posibilidad de contradicción, inclusive, al ofrecimiento de pruebas en apoyo de sus pretensiones; ya que al tratarse del régimen de convivencias debe tenerse en cuenta que por su naturaleza es susceptible de ser variado en función de las manifestaciones efectuadas por las partes, es decir, se puede solicitar su cambio ante la autoridad de primera instancia, empero, ello requiere acudir a las instancias competentes y por ende, no es a través de la impugnación del acto reclamado como puede alterarse la situación jurídica definida en la sentencia ejecutoriada, sino que por su naturaleza contra ese auto, el amparo es improcedente. Máxime que en el particular han transcurrido más de tres años desde la emisión de la sentencia en la que se decretó tal régimen, lo que hace posible que las condiciones hayan variado en atención a los hechos acaecidos durante ese periodo, conforme al artículo 412 del Código Civil vigente en el Estado, lo cual sería acorde con la tesis CLIX/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y DERECHO DE VISITAS. EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN ESTAS FIGURAS NO PUEDE SER TRANSGREDIDO UNILATERALMENTE POR CUALQUIERA DE LOS PADRES, POR LO QUE SI UNO DE ELLOS NO ESTÁ CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL EJERCICIO DE LAS MISMAS, DEBE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES COMPETENTES". De ahí que, se patentiza la actualización de la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con el 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el acto reclamado no es de imposible reparación, en tanto el proveído de vista a las partes sobre una condición necesaria para cumplimentar la sentencia ejecutoria en lo que respecta a la convivencia familiar; pero, ello no anula la posibilidad de someter a escrutinio judicial la variación de las condiciones para que aquella pueda llevarse a cabo, en atención a lo aquí plasmado; sin embargo, no es factible aperturar la posibilidad de promover innecesaria y excesivamente el juicio de amparo contra cada determinación que se pronuncie en esta fase, lo cual obstaculizaría el cumplimiento."

  4. Amparo en revisión

    AGRÉGUESE PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EL DICTAMEN SIGNADO POR LA SECRETARIA DE TRIBUNAL EN FUNCIONES DE MAGISTRADA DE CIRCUITO ARAMINTA NERIO ÁLVAREZ, INTEGRANTE DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. EN CONSIDERACIÓN A LO ANTERIOR, ACORDE A LO QUE SEÑALA EL PRECITADO CARDINAL 89, DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO CON APOYO EN EL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO A LA CITADA LEGISLACIÓN DE AMPARO, SE COMISIONA A CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS A ESTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, A EFECTO QUE LLEVE A CABO LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, DEBIENDO CORRER TRASLADO CON LA COPIA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ASUNTO, A LA ASESORA JURÍDICA FEDERAL ***, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE ESPECIAL DE LA MENOR DE INICIALES H.J.M.M.; LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. REALIZADA LA ENCOMIENDA DE MÉRITO, SIN NECESIDAD DE PREVIO ACUERDO, DEVUÉLVASE EL PRESENTE ASUNTO Y ANEXOS A LA PONENCIA CORRESPONDIENTE.

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