Heleodoro Osorio Barragán
Expediente 31/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Heleodoro Osorio Barragán
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI de la Ley de Amparo: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.). En relación con la institución de la cosa juzgada, existe la jurisprudencia 1a./J. 161/2007, con número de registro 170353, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXVII, de febrero de dos mil ocho, localizable en la página 197, Novena Época, cuyo rubro y texto se leen: COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra. Ahora bien, la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XI del artículo 61, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, esta porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica, en este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) sean promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por el mismo acto o norma general; la diferencia sustancial con la litispendencia radica en que en este supuesto ya debe existir cosa juzgada respecto del acto que se reclama; esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre la constitucionalidad del mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables o, en su caso, que en sentencia firme se haya resuelto sobre la imposibilidad absoluta de que el quejoso ejerza la acción constitucional sobre los actos o normas generales que se combaten en un segundo o ulteriores juicios de amparo. En efecto, para que opere esta causa de improcedencia, no es requisito indispensable que en el anterior amparo se haya entrado al fondo del asunto; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando en sentencia firme se determina, por ejemplo, que el quejoso consintió los actos reclamados o que carece de interés jurídico, y esa improcedencia produzca el sobreseimiento en el juicio por sentencia firme, ello origina que la acción constitucional no pueda volver a ejercitarse por el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables, como en el caso acontece. Si la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el anterior juicio de amparo en sentencia firme, no es de aquellas que hace inejercitable de nueva cuenta el amparo ello, por excepción, sí permitirá al quejoso intentar nuevamente la acción constitucional contra los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables, siempre y cuando, por la naturaleza del acto reclamado o por la extensión de tiempo en que se hubiera resuelto ese primer amparo, no existan problemas de temporalidad para el ejercicio de una nueva acción constitucional. Corolario a lo anterior, conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial, de la décima época, con número de registro 2019184, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes uno de febrero de dos mil diecinueve, tesis I.11o.C.29 K (10a.), cuyo rubro y texto se lee: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XI Y X DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, esta porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) sean promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por el mismo acto o norma general. La diferencia sustancial con la litispendencia radica en que en este supuesto ya debe existir cosa juzgada respecto del acto que se reclama; esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre la constitucionalidad del mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables o, en su caso, que en sentencia firme se haya resuelto sobre la imposibilidad absoluta de que el quejoso ejerza la acción constitucional sobre los actos o normas generales que se combaten en un segundo o ulteriores juicios de amparo. En efecto, para que opere esta causa de improcedencia, no es requisito indispensable que en el anterior amparo se haya entrado al fondo del asunto; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando en sentencia firme se determina, por ejemplo, que el quejoso consintió los actos reclamados o que carece de interés jurídico, y esa improcedencia produzca el sobreseimiento en el juicio por sentencia firme, ello origina que la acción constitucional no pueda volver a ejercitarse por el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables. Si la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el anterior juicio de amparo en sentencia firme, no es de aquellas que hace inejercitable de nueva cuenta el amparo ello, por excepción, sí permitirá al quejoso intentar nuevamente la acción constitucional contra los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables, siempre y cuando, por la naturaleza del acto reclamado o por la extensión de tiempo en que se hubiera resuelto ese primer amparo, no existan problemas de temporalidad para el ejercicio de una nueva acción constitucional. Por otra parte, existe la posibilidad de promover un segundo amparo, que se presenta a pesar de haberse sobreseído en uno primero mediante sentencia firme, por ejemplo, cuando se reclama una norma general -por estimarse inconstitucional- con motivo de su aplicación en perjuicio del quejoso, y durante el juicio se evidencia que el acto de aplicación reclamado no se sustentó en esa norma; o bien, cuando se reclama alguno de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y en sentencia se sobresee, al estimarse que no se señalaron como responsables a todas las autoridades que participaron en la emisión y ejecución de los actos reclamados. En el primer caso, si en el primer amparo se evidenció que la norma general reclamada no se aplicó en perjuicio del quejoso y ello motiva el sobreseimiento en el juicio, ese pronunciamiento no impide el ejercicio de una nueva acción constitucional cuando la norma referida efectivamente se aplique en perjuicio del quejoso. Lo anterior, pues aun cuando en un primer amparo se hubiere resuelto que la norma general reclamada no afectaba el interés jurídico del quejoso, ello se sustenta en la falta de aplicación en perjuicio de éste, por lo que su legitimación para ejercer nuevamente la acción constitucional nace cuando dicho supuesto normativo le es aplicado, y el nuevo juicio de amparo será procedente en virtud de que no se ha resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma reclamada. En el segundo supuesto, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, la acción constitucional no se encuentra sujeta a plazo alguno para su ejercicio, por lo que si fue un impedimento técnico lo que impidió resolver sobre el fondo del asunto por no haber llamado a juicio a todas las autoridades que debieron intervenir en éste, ninguna imposibilidad existirá para que el quejoso promueva un segundo amparo." (Lo resaltado es propio de este juzgado) De igual manera, sustenta lo anterior la tesis jurisprudencial de la décima época, con número de registro 2011383, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, de abril de dos mil dieciséis, tomo II, tesis: 1a. XCV/2016 (10a.), localizable en la página 1107, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. Ahora, el artículo y jurisprudencias transcritos revelan que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cosa juzgada deben concurrir los supuestos siguientes: a) Se hayan promovido diversos juicios de garantías (dos o más). b) En uno de ellos exista resolución ejecutoriada, respecto del mismo acto que se reclama en el otro u otros. c) Que tales juicios hayan sido promovidos por el mismo quejoso contra las mismas autoridades responsables, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Luego, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en este Juzgado, se ventiló el juicio 584/2015, promovido por Heliodoro Osorio Barragán, actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior, de Justicia del estado de Oaxaca; Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a los que le reclamó: de la Segunda Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a) la resolución dictada en el Toca 93/2015 de fecha dieciséis de junio del dos mil quince, relativo a la apelación interpuesta en contra de la resolución dictada en el expediente 103/2010 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca; del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, reclamó: a) la sentencia dictada en el expediente 103/2010 de fecha 6 de agosto de 2014, en la que lo condenaron a la entrega de un terreno comunal a TERESA DE JESUS GOPAR PINACHO, radicado en el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca y su posible ejecución; b) La sentencia del expediente 103/2010 del incidente de incompetencia en la que dicen ser la autoridad competente para conocer y resolver el juicio de acción personal en la comunidad de San Pedro Pochutla, Oaxaca, radicado en el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca; y del Actuario Adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, llevador del expediente 103/2010, reclamó a) la ejecución o posible ejecución de la sentencia dictada en el expediente 103/2010 de fecha seis de agosto de dos mil catorce, en la que lo condenan a la entrega de un terreno comunal de a TERESA DE JESUS GOPAR PINACHO, radicado en el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, misma que fue ratificada en el Toca Civil 93/2015 de fecha dieciséis de junio del dos mil quince; del cual se agregan constancias como UN HECHO NOTORIO, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la novena época, con número de registro 172215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, de junio de dos mil siete, localizable en la página 285, cuyo rubro y texto se lee: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. De igual manera, sirve de apoyo la tesis jurisprudencial P. IX/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181729, consultable en la página 259, del tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil cuatro, de la novena época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquellos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial. Así las cosas, en el caso, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, se aprecia lo siguiente: 1) Mediante escrito recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, y el veinticinco siguiente en el este Juzgado; Heliodoro Osorio Barragán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior, de Justicia del estado de Oaxaca; Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a los que le reclamó: de la Segunda Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a) la resolución dictada en el Toca 93/2015 de fecha dieciséis de junio del dos mil quince, relativo a la apelación interpuesta en contra de la resolución dictada en el expediente 103/2010 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca; del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, reclamó: a) la sentencia dictada en el expediente 103/2010 de fecha 6 de agosto de 2014, en la que lo condenaron a la entrega de un terreno comunal a TERESA DE JESUS GOPAR PINACHO, radicado en el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca y su posible ejecución; b) la sentencia del expediente 103/2010 del incidente de incompetencia en la que dicen ser la autoridad competente para conocer y resolver el juicio de acción personal en la comunidad de San Pedro Pochutla, Oaxaca, radicado en el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca; y del Actuario Adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, llevador del expediente 103/2010, reclamó a) la ejecución o posible ejecución de la sentencia dictada en el expediente 103/2010 de fecha seis de agosto de dos mil catorce, en la que lo condenan a la entrega de un terreno comunal de a TERESA DE JESUS GOPAR PINACHO, radicado en el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, misma que fue ratificada en el Toca Civil 93/2015 de fecha dieciséis de junio del dos mil quince. Seguido que fue el procedimiento, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que sobreseyó el juicio de amparo, en virtud que el quejoso, no acreditó la identidad del bien inmueble, por tal motivo no existió interés jurídico, legalmente protegido que resultara real y objetivamente afectado por el acto allá reclamado, y por lo tanto, no se afectó la esfera jurídica del impetrante de amparo, actualizándose en ese caso, la casual de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el que se sobreseyó el juicio de amparo 584/2015. Por auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de amparo. 2) Ahora, en el presente juicio de amparo 31/2019 el quejoso Heleodoro Osorio Barragán solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades Juez y actuario, adscritos al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, a quienes les reclama a) La sentencia dictada en el expediente 103/2010 de fecha 6 de agosto de 2014, en la que lo condenaron a la entrega de un terreno comunal a TERESA DE JESUS GOPAR PINACHO, radicado en el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca y su posible ejecución; b) La sentencia del expediente 103/2010 del incidente de incompetencia en la que dicen ser la autoridad competente para conocer y resolver el juicio de acción personal en la comunidad de San Pedro Pochutla, Oaxaca, radicado en el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca; y del Actuario Adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, llevador del expediente 103/2010, reclamó a) la ejecución o posible ejecución de la sentencia dictada en el expediente 103/2010 de fecha seis de agosto de dos mil catorce, en la que lo condenan a la entrega de un terreno comunal de a TERESA DE JESUS GOPAR PINACHO, radicado en el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, misma que fue ratificada en el Toca Civil 93/2015 de fecha dieciséis de junio del dos mil quince; y, b) el acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, en el cual requieren el cumplimiento voluntario de la sentencia de fecha seis de agosto de dos mil catorce. En ese contexto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues como quedó asentado en párrafos anteriores, el acto reclamado en este juicio de amparo ya fue motivo de diversa resolución en un amparo anterior (584/2015, del índice del este juzgado), [la resolución dictada en el toca 93/2015, relativo a la apelación interpuesta en contra de la resolución dictada en el expediente 103/2010, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca]el cual fue promovido por el mismo quejoso (Heleodoro Osorio Barragán) y contra las mismas autoridades responsables (Juez y actuario, adscritos al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca), sentencia esta, que quedó firme, al causar ejecutoria el seis de febrero de dos mil dieciocho, en virtud que las partes no interpusieron el recurso de revisión correspondiente. No es óbice a lo anterior el hecho de que el quejoso, en la presente demanda de amparo, incluya como nuevo acto reclamado, el acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, en el cual requieren el cumplimiento voluntario de la sentencia de fecha seis de agosto de dos mil catorce, pues dicho acto es consecuencia directa de la resolución de segunda instancia dictada dentro del toca 93/2015, que confirmó la sentencia de primera instancia, luego, al haber quedado firme la misma al momento en el cual causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio de amparo 584/2015, al no haber sido recurrida la misma, dicho acuerdo de ocho de octubre de dos mil dieciocho, es consecuencia, como ya se precisó, del acto reclamado dictado en el toca 93/2015. En esa tesitura, ante lo fundado de la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. Notifíquese en términos de ley. VI-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de enero de dos mil diecinueve. Dada cuenta con la razón actuarial que antecede, se advierte que el actuario adscrito no estuvo en condiciones de notificar de manera personal al quejoso, el auto de veintiocho de enero del año en curso, toda vez que el domicilio que proporciona, solo menciona casa marcada con el número 10, colonia Barrio Juárez, en esta ciudad, sin que se advierta el nombre de la calle, avenida o callejón; por tal razón, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase la presente notificación al quejoso, mediante lista de acuerdos. Notifíquese en términos de ley; INSERCIÓN DEL AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.- Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por Heleodoro Osorio Barragán, del que se advierte que la firma que lo calza diverge notoriamente de la estampada en su escrito inicial de demanda; requiérase al ocursante para que dentro del término de tres días siguientes, contados a partir de su legal notificación, ratifique el contenido y firma que calza el escrito de cuenta; en la inteligencia que en caso de no hacerlo en el término establecido, se tendrá por no planteada la solicitud ahí contenida. Se invoca en apoyo la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y cinco, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo tenor literal es: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". VI-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por Heleodoro Osorio Barragán, del que se advierte que la firma que lo calza diverge notoriamente de la estampada en su escrito inicial de demanda; requiérase al ocursante para que dentro del término de tres días siguientes, contados a partir de su legal notificación, ratifique el contenido y firma que calza el escrito de cuenta; en la inteligencia que en caso de no hacerlo en el término establecido, se tendrá por no planteada la solicitud ahí contenida. Se invoca en apoyo la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y cinco, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo tenor literal es: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Notifíquese en términos de ley. VI-B
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