Helen Ariana Torres Lagunas

Expediente 24/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
24/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
07/05/2019

Partes del expediente

  • Helen Ariana Torres Lagunas
  • Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SOBRESEYÓ HA CAUSADO ESTADO. ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO. EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    VISTOS PARA RESOLVER: ÚNICO.- SE SOBRESEE.. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el acta de veintisiete de marzo del año en curso, de la que se advierte que la parte quejosa no compareció a la diligencia señalada para las once horas con treinta y cinco minutos de la fecha indicada a efecto de recabar muestras de su firma en presencia de los peritos nombrados y designados para el desahogo de la prueba pericial ordenada en este expediente; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, por lo que, se tiene por cierta la falsedad de la firma que calza el escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el ********************, registrada con el número de correspondencia 3526. Atento a lo anterior, respecto de la ampliación de demanda intentada a través del ocurso referido y en términos de lo señalado en el párrafo que antecede, se determina lo siguiente: Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el diverso numeral 113 de la ley mencionada dispone que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese contexto, del estado procesal de autos y las constancias que integran el expediente en que se actúa se advierte que en este juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, 6º, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo y los numerales 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente: "[.] Ley de Amparo "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (..)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada,..." [.]" De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado con la demanda que promueva la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. En ese sentido, resulta elemental que en la demanda aparezca la firma autógrafa de quien promueve, pues éste es el signo gráfico generalmente aceptado por el cual se obligan las personas, pero cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, lo hará otra persona a su ruego debiendo imprimir su huella digital. Lo anterior, ya que es de resaltar que el artículo 107, fracción I, constitucional, conlleva implícitamente la obligación de que para accionar el juicio de amparo, el escrito de demanda debe estar firmado precisamente por quien lo promueve (salvo las excepciones contenidas en la Ley de Amparo), al establecer que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. La exigencia de que para dar trámite a una demanda ésta deba estar firmada por quien la promueve, es porque la rúbrica es la manera usual en la que los sujetos formalizan la expresión de su voluntad. En ese contexto, tampoco resulta válido permitir que cualquier persona, sin ser la interesada, firme una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de una diversa que no la suscribió, de ahí que la demanda de amparo deba ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio. Corolario de lo anterior es que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, y que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad. En este sentido, es importante destacar que en proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve se requirió a la promovente para que ratificara la firma de la ampliación de demanda de amparo toda vez que la misma era notoriamente distinta a la plasmada en el escrito inicial; posteriormente, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, la parte quejosa mediante comparecencia de veintiséis de febrero siguiente, estampó su firma, ratificando la ampliación a la demanda de amparo; sin embargo, ésta no coincidía con las rúbricas anteriores que obran en autos, por lo que mediante acuerdo de veintisiete del mes y año en cita, se ordenó de oficio la práctica y desahogo de la pericial en materia de caligrafía y grafoscopía; en el diverso de trece de marzo se señaló hora y fecha para recabar las muestras en presencia de los peritos designados y llegada la hora y fecha señaladas para tal efecto, no compareció la parte quejosa, por lo que, en el primer párrafo de este acuerdo se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos teniéndose por cierta la falsedad de la firma que calza el escrito con registro de correspondencia 3526. De lo anterior se desprende que la ampliación de demanda de amparo no fue firmada por la persona que aduce resintió los efectos de los actos de autoridad de los que se duele. En este sentido la falta de voluntad para promover ampliación en este juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 6, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de la materia, por lo cual es procedente desechar la ampliación a la demanda de amparo. Es aplicable al caso la tesis aislada: V.1o.19 K publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, marzo de 1999, consultable en la página 1391, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CALZA Y LA ESTAMPADA EN LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La determinación de desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, cuando existe discrepancia notoria entre la firma que la calza y la de la diligencia de ratificación de la misma, es correcta tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por tanto la demanda de amparo debe ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio; pues estimar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a ratificar una demanda que no suscribió, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió." Asimismo, apoya lo anterior, por analogía, la tesis que expresa: "DEMANDA DE AMPARO FIRMADA POR PERSONA DIVERSA DEL QUEJOSO, PROCECE EL SOBRESEIMIENTO. Si del examen comparativo que se haga de las firmas que los quejosos tienen estampadas en diversos escritos y audiencias del juicio de que provienen los actos reclamados, con las que calzan la demanda de amparo, se advierte en forma clara que estas no coinciden con aquéllas, debe convenirse que la demanda de amparo no se encuentra firmada por los citados quejosos, en cuyo caso, no se satisfacen entre otros requisitos, los que exige el artículo 4o. de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo debe promoverse por las personas a quienes perjudique el acto reclamado, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento en el juicio del amparo con fundamento en el precepto mencionado, y con apoyo además en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la invocada ley de la materia." En tales condiciones, al quedar demostrada la falta de voluntad de la parte quejosa para instar la referida ampliación en el presente juicio de amparo se actualiza, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, 6º, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, y los numerales 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************. El desechamiento de la referida ampliación no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica dado que cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla imparte justicia. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VII.2o.C. J/23, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174,737, que dice: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Finalmente, de la diversa acta de comparecencia de veintisiete del mes y año en curso, se advierte que ********************, reconoció haber estampado de su puño y letra la firma que obra al calce del escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el ********************, registrado con el número de correspondencia 6071. Atento a lo anterior, se tiene a la parte quejosa en términos del contenido del ocurso referido, revocando únicamente el domicilio señalado con anterioridad para oír y recibir notificaciones y designando uno nuevo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como nuevo domicilio para los efectos mencionados el que indica. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Agustín Tello Espíndola, Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con la Secretaria María del Rosario Jiménez Romero, que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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