Heladio Epitacio Pérez Pérez
Expediente 210/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 21 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 05/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Heladio Epitacio Pérez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Archívese como asunto totalmente concluido; original susceptible de depuración; duplicado susceptible destrucción.
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de depuración.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, atento a las razones expuestas en el decisorio CUARTO. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando QUINTO, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el ÚLTIMO considerando.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE: "SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número 210/2018, se determina lo siguiente: R E S U L T A N D O S: PRIMERO: Mediante escrito recibido el ocho de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y remitido por razón de turno en este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, en esa propia fecha, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia, que atribuye a las autoridades siguientes: AUTORIDADES: JUEZ DE CONTROL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DEL NOVENO DISTRITO, CON RESIDENCIA EN MISANTLA, VERACRUZ. FOJA: 18-20. SENTIDO: CIERTO SEGUNDO. Por auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda a trámite, se ordenó dar la intervención legal que le compete a la Fiscal Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en su oportunidad al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito y Acuerdo 15/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz y su transformación en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en la referida entidad federativa y sede, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones; y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz. SEGUNDO. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo tanto a la integridad de la demanda, como a las constancias que conforman el juicio de amparo. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de amparo reclama de la autoridad señalada como responsables, lo siguiente:El auto de vinculación a proceso decretado en la audiencia inicial de trece de febrero del año en curso, en la carpeta administrativa *** del índice del Juez de Control y de Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con sede en Misantla, Veracruz, por la probable comisión del delito de violencia familiar cometido en agravio de una persona de identidad reservada identificada con el número *** y de un menor de identidad reservada identificado con el número ***. TERCERO. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con sede en Misantla, Veracruz, pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe con justificación (fojas dieciocho a veinte) respectivamente. Es aplicable, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Sirve de apoyo lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Se debe NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a la parte quejosa, al resultar INFUNDADOS sus conceptos de violación, respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de trece de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se vinculó a proceso al quejoso ***, emitido dentro de la carpeta administrativa ***, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial IX, de Misantla, Veracruz. Previo al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el impetrante de amparo, cabe precisar que, en el caso, no existe deficiencia de la queja que suplir de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. El artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en materia penal la suplencia de la queja deficiente procede en favor del inculpado o sentenciado y del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. De ahí que cuando ambos concurran en cualquiera de las instancias del juicio de amparo indirecto o en el recurso de que se trate con el carácter de quejoso o tercero interesado, será necesario que el juzgador así lo advierta y efectúe el estudio del caso considerando que existen dos sujetos de derecho que gozan de ese mismo beneficio. Ello, con la finalidad de atender a la verdad legal y juzgar, con pleno conocimiento, la controversia acerca de la constitucionalidad del acto reclamado, para garantizar el acceso real y efectivo a la Justicia Federal. Lo anterior, se desprende de la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 1521, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2007120, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. CUANDO EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONCURREN EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO O EN EL RECURSO DE QUE SE TRATE, CON EL CARÁCTER DE QUEJOSO O TERCERO INTERESADO, EL JUZGADOR, PREVIO A DETERMINAR SU PROCEDENCIA, DEBE PONDERAR LOS DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS DE ÉSTOS Y RESOLVER COMO CORRESPONDA EN DERECHO." De la jurisprudencia mencionada, también se observa que cuando se impugne algún acto dimanado de un proceso penal, con independencia de quién accione el amparo o recurso, sea el inculpado o la víctima, el juzgador debe resolver la litis atendiendo a los elementales fines de la justicia distributiva, confiriendo un trato igual a los iguales que permita velar por la constitucionalidad de los actos emitidos por los órganos del Estado que afectan la libertad y los derechos de las víctimas. Sin embargo, tratándose del sistema penal acusatorio y oral, no resulta aplicable dicha jurisprudencia, toda vez que de realizar un estudio bajo la figura de la suplencia de la queja, no se otorgaría un trato igual a los intervinientes en este nuevo sistema de justicia. Así, conforme al Artículo 20 Constitucional, en su apartado A, fracción V, parte final, dispone que "Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente"; de ahí que esa norma constitucional no considere un trato de suplencia a alguna de las partes dentro del proceso penal o de cualquier otro. Por otra parte, el principio de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. El ordinal 11 del ordenamiento legal en cita, señala que el principio de igualdad entre las partes garantiza a éstas, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las Leyes. Además, los artículos 67, párrafo segundo y 353 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén que las audiencias serán verbales, con expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera o las partes así lo soliciten, quedando todos notificados por su emisión. En ese orden de ideas, el propio código en su artículo 69, prevé que en cualquier momento el órgano jurisdiccional o a petición de parte, podrá aclarar los términos obscuros, ambiguos o contradictorios en que estén emitidas las resoluciones judiciales, siempre que tales aclaraciones no impliquen una modificación o alteración al sentido de las resoluciones. Por su parte, el Capítulo VII relativo a la Nulidad de Actos Procedimentales, establece en su artículo 97 que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo, mientras que el diverso 99 señala que los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales podrán ser saneados, reponiendo el acto, ratificando el error o realizando el acto omitido a petición del interesado. En relación a ello, el numeral 100 del código adjetivo penal precisa que los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en dicho código que afectan al Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado quedarán convalidados cuando: I. Las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; II. Ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento en los términos previstos en este Código, o III. Dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberse realizado el acto, la parte que no hubiere estado presente o participado en él no solicita su saneamiento. Lo anterior, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales del imputado o la víctima u ofendido. Además, el artículo 75 de la Ley de Amparo prevé que, en tratándose de ofrecimiento y valoración de pruebas dentro del juicio constitucional, no debe hacerse contraviniendo la oralidad o los principios que rigen en el proceso penal acusatorio (entre ellos el de contradicción y estricto derecho). Lo anterior permite establecer que en los procesos penales tramitados bajo el sistema penal acusatorio y oral, las partes gozan del principio de contradicción, el cual les permite conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Por tanto, en esta instancia no puede existir un examen integral de lo resuelto por el juez de control, debido a que las partes tienen la posibilidad de solicitar la nulidad o saneamiento y, en caso de no hacerlo, las actuaciones se tienen por convalidadas. Afirmar lo contrario, equivale a abordar cuestiones que no formaron parte de la litis en el procedimiento y desatender a los principios constitucionales de contradicción e igualdad ante la ley y entre las partes; de ahí que, a criterio de este juzgador no proceda suplir la deficiencia de la queja en favor del imputado. Además, en la revisión en sede judicial, los agravios conforme al principio de estricto derecho, el cual debe quedar salvaguardado en el juicio de amparo, puesto que éste no solo protege derechos humanos, sino también salvaguarda los principios que rigen o regulan cualquiera de los procedimientos contenciosos como el del código en estudio. Lo anterior, se corrobora del contenido del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo al alcance del recurso, que dispone: ".dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso." No se desconoce la existencia de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 689, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 160950, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE." Sin embargo, en el caso se estima que no resulta aplicable al caso, toda vez que el auto de vinculación que nos ocupa se emitió de conformidad con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la ejecutoria que dio origen al criterio de la Primera Sala se observa que se analizaron el Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca y el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Ahora bien, el quejoso aduce, en esencia, que la resolución combatida violó sus derechos humanos contenidos en los artículo 16 y 19 Constitucionales por inexacta aplicación del artículo 259, 265, 316 del código nacional de procedimientos penales, pues afirma que con los datos de pruebas expuestos no se acreditan los distintos elementos del delito. Resulta necesario precisar que del contenido de los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, complementarios del artículo 19 de la Constitución Federal, respectivamente establecen que para dictar un auto de vinculación a proceso, atento a lo establecido en la Carta Magna y en la legislación secundaria aplicable, deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo, a saber: I. Requisitos formales a) Debe ser emitido por autoridad judicial competente. b) Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que la imputada sea puesto a disposición de la autoridad judicial. c) Que se haya formulado la imputación y otorgado al imputado la oportunidad para declarar. d) Debe expresar el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, los que deben ser acordes con aquellos que fueron motivo de la imputación, aun cuando el juez les haya otorgado una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público. e) Debe contener los datos personales de la imputada; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa; además de estar fundado y motivado. II. Requisitos de fondo a) Debe desprenderse que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. b) Debe advertirse la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión. c) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Sobre ese marco de referencia, este órgano de control constitucional procede a revisar si, en el caso, se encuentran reunidos los requisitos de forma y fondo en el auto de vinculación a proceso impugnado. I. Requisitos formales a) Debe ser emitido por autoridad judicial competente. Este elemento cumple con el principio constitucional de seguridad jurídica, consistente en que las autoridades sólo pueden afectar válidamente los derechos siustantivos de los gobernados cuando se encuentran facultadas legalmente para ello, por las normas constitucionales y legales correspondientes. En el particular, se advierte que el Juez de Control adscrito Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral, con residencia en Misantla, Veracruz, es competente para conocer de la imputación formulada por el Ministerio Público y resolver la situación jurídica del inculpado, bajo los criterios de territorio, materia, grado, cuantía, y fuero. Lo anterior, dado que los hechos materia de imputación tuvieron lugar en el municipio de Misantla, Veracruz, para efectos de la competencia en el sistema penal acusatorio; el asunto sometido a la potestad de la responsable tiene naturaleza penal; corresponde a los Jueces de Control, en primera instancia, resolver la situación jurídica del imputado en relación a la solicitud de vinculación a proceso; la competencia de los Jueces de Control en el sistema acusatorio no atiende a la sanción prevista para cada delito; y, no se advierte que los hechos imputados correspondan a delitos del fuero federal. Además, cabe precisar que resulta improcedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el único efecto de que la autoridad responsable funde su competencia legal, cuando ésta no es cuestionada por la parte quejosa por alguna razón de fondo y el juzgador de amparo advierte su existencia y actualización en favor de aquélla, pues al tratarse de actos que afectan la libertad, dictados en los procedimientos penales, subsiste el interés de la sociedad en que el Estado ejerza sus facultades de persecución del delito, por lo que la concesión del amparo en los términos mencionados puede traer como consecuencia que la investigación no se formalice, en perjuicio del interés general. b) Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial. Este elemento temporal se desprende del artículo 19 constitucional, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas (a excepción de que el imputado solicite la ampliación de dicho término constitucional), como en el caso se solicitó, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que cumplió con este requisito, ya el quejoso se presentó ante el Juez responsable en las instalaciones que ocupa ese órgano jurisdiccional, a las catorce horas con seis minutos del siete de febrero de dos mil dieciocho. Posteriormente se convocó a la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, que tuvo verificativo horas después, en la que el peticionario expresó su deseo de que su situación jurídica se resolviera en el término constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas en el acto (minuto catorce con cuarenta y un segundo del disco versátil que contiene la audiencia de imputación). De lo anterior, resulta inconcuso que el auto de vinculación a proceso se emitió en tiempo, a saber, dentro de la duplicidad del término constitucional, es decir, ciento cuarenta y cuatro horas previstas por la Ley Suprema. c) Que se haya formulado la imputación y otorgado al imputado la oportunidad para declarar. En primer término, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Asimismo, conviene destacar que el numeral 311 de la legislación en comento prevé que una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal. En el caso de que se le den a conocer en esa audiencia esos derechos, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado: a) el hecho que se le atribuye, b) la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, y c) la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Finalmente, el diverso artículo 312 contempla que será hasta después de que ha sido formulada la imputación cuando la imputada estará en aptitud de declarar, a cuyo efecto el Juez de Control le preguntará si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, y en caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Así, constituye un requisito ineludible que, previo al dictado del auto de vinculación a proceso, el juez de origen haya recabado declaración al imputado, pues su verificación presupone el respeto al derecho fundamental reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Federal. Establecido lo anterior, de las constancias que informan el sumario, se desprende que el quejoso se presentó ante el juez responsable para que se llevara a cabo, la audiencia de formulación de imputación, la que tuvo verificativo a las catorce horas con seis minutos del siete de febrero de dos mil dieciocho. En dicha diligencia, previa individualización de los asistentes, se concedió el uso de la palabra al agente Ministerio Público, quien formuló imputación en contra del quejoso por su probable participación en hechos calificados por la ley como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 154 bis, del Código Penal vigente en el Estado. Acto seguido, el juez responsable preguntó a la parte quejosa si había entendido los hechos que sustentaron la imputación e informó al mismo que le asistía el derecho a contestar el cargo o guardar silencio, a lo que éste respondió que comprendía los hechos y, seguida la secuela procesal, decidió reservarse su derecho a declarar. De lo que se sigue que los apuntados requisitos se cumplieron en el particular. d) Debe expresar el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, los que deben ser acordes con aquellos que fueron motivo de la imputación, aun cuando el juez les haya otorgado una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público. El requisito de mérito se encuentra colmado, toda vez que el auto de vinculación impugnado en la presente instancia constitucional fue dictado en contra del quejoso, en el que se determinó la probabilidad de su intervención en el hecho delictuoso de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 154 bis del Código Penal para el Estado; clasificación acorde a la asignada por el Ministerio Público, en virtud del hecho circunstanciado expuesto por la representación social al momento de formular imputación. e) Debe contener los datos personales del imputado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa; además de estar fundado y motivado. En lo concerniente a los apuntados requisitos, respecto de la obligación del imputado de proporcionar sus datos personales, dicho requisito se encuentra colmado, en términos del párrafo quinto del numeral 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no fue renuente en proporcionarlos, como se advierte de la videograbación al momento de la individualización de las partes a partir del minuto tres del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, por cuanto hace a la circunstanciación del hecho imputado, la responsable expuso que éste se hizo consistir en ". que una persona en reiteradas ocasiones siendo la última vez el día cinco de febrero de dos mil dieciséis, como a las nueve de la noche agredió de manera psicológica a la víctima. por maltratos inferidos por el imputado los cuales se llevaron a cabo en el domicilio de la víctima ." (minuto diecisiete con cincuenta y un minutos de la parte dos del disco óptico). Por otra parte, de igual manera refirió que ". el menor manifiesta que quien le pega es su papá y que le pega en la cabeza, concatenado con el escrito que presenta la víctima en donde señala que el menor se quedó a cuidado de su padre desde el día cinco de febrero de dos mil diecisiéis [.] el sujeto activo, que en su calidad de concubino de la víctima de identidad reservada, fue quien el día cinco de febrero del dos mil dieciséis, aproximadamente a las nueve horas, causó violencia psicológica sobre dicha víctima, ello en el domicilio de ambos.", minuto veinticinco con veintiún minutos de la parte dos del disco versátil. Esto es, en la resolución impugnada el juez responsable expuso con claridad las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que sucedieron los hechos señalados por la ley como delito. Por último, se estima que el auto de vinculación a proceso reclamado cumple con el derecho fundamental previsto en el artículo 16 constitucional, esto es la fundamentación y motivación que debe contener toda resolución jurisdiccional, ya que de la lectura de la misma, de la causa penal, así como de la reproducción del DVD remitidos por la responsable en apoyo a su informe con justificación, se advierte que la responsable, en uso de sus atribuciones (autoridad competente), dictó el auto de vinculación a proceso, en la cual expresó los preceptos legales que estimó aplicables al caso (fundamentación) y vertió los razonamientos que consideró servían de sustento al fallo (motivación). Sin soslayar la circunstancia que el precepto de la norma fundamental citado disponga que el acto deba constar por escrito, pues no debe perderse de vista la naturaleza del nuevo sistema de justicia penal, en el cual impera que las actuaciones llevadas ante los Jueces de Control o Tribunal de enjuiciamiento, deban llevarse a cabo la grabación de la audiencia. En ese sentido, en el caso, dicho requisito se cumple, ya que se cuenta con el disco CD, cuya reproducción permite observar el desarrollo de la audiencia de vinculación a proceso, aunado a que fue remitido por parte de la autoridad, por escrito, copia certificada de la carpeta administrativa ***. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h, con número de registro digital: 2015127, de rubro: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). II. Requisitos de fondo. Para la emisión del auto de vinculación a proceso resulta necesario que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión a) Debe desprenderse que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. En el estudio relativo, debe tenerse presente el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso (.) III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y (.)" Asimismo, no debe perderse de vista que el auto de vinculación a proceso tan sólo alude a la información formal que el Ministerio Público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Esto es, el auto de vinculación a proceso implica que se autorice al Ministerio Público a realizar actos de molestia en contra de la persona vinculada a proceso para el efecto de que sea investigado por la comisión del hecho ilícito precisado en dicho auto constitucional, lo cual se realizará bajo la observación del Juez de control, quien velará por los derechos fundamentales del investigado. Es importante resaltar que el sistema penal acusatorio, si bien facilita que una persona quede vinculada a una investigación, dicha sujeción no representa prisión preventiva, salvo los casos excepcionales previstos por la Constitución Federal. Ahora bien, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no obstante, se requiere acreditar el supuesto material, a cuyo efecto el estándar probatorio, tal cual fue puesto de manifiesto en párrafos anteriores, se rige por el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho ilícito (núcleo del tipo) y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Tales datos de investigación no constituyen prueba, sino una mera referencia a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, las que, en la postura asumida por la propia fiscalía, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento de la parte imputada a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial. La prueba, por su parte, será exclusivamente aquella desahogada en la audiencia de juicio oral ante el tribunal de enjuiciamiento. En relación a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales estatuye en su artículo 261 lo siguiente: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación de la imputada. (.)" Luego, el dato de prueba debe reunir las características de idoneidad (adecuado y apropiado), pertinencia (conducente o concerniente), y suficiencia (bastante). En esa lógica, la vinculación a proceso encuentra sustento en los elementos recolectados por el agente del Ministerio Público en una primera etapa de investigación que por la cercanía temporal con el hecho delictivo le compete exclusivamente a éste, y con los cuales acude a formular la imputación como acto de comunicación con el acusado respecto de la labor que viene desarrollando en su contra. En tales condiciones, el Juez de Control debe resolver la situación jurídica de la persona imputada con base en los datos de prueba que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público obran en la carpeta de investigación respectiva, sin que pueda acceder a la misma para verificar la certitud de las manifestaciones vertidas por la fiscalía, a no ser que exista controversia entre los intervinientes respecto de su contenido, caso en el cual la tendrá a la vista para resolver el punto discutido. Lo anterior encuentra razón en el hecho de que en el sistema penal acusatorio el diseño de la representación social es el de una institución que rige su actuación bajo el principio de lealtad para con el imputado y su defensor, el ofendido y demás involucrados, lo cual supone el deber de no ocultar los elementos recabados en la investigación, particularmente los no incorporados al proceso y que beneficien a la posición asumida por las partes. Ello aunado a que el principio de contradicción permite el control horizontal de los actos desplegados por los contendientes en un plano de igualdad procesal, de manera tal que para resolver sobre la vinculación a proceso la autoridad judicial se encuentra impedida para allegarse oficiosamente de la carpeta de investigación. En tales condiciones, este juzgador no puede tomar en cuenta dicha carpeta en el presente análisis de constitucionalidad. La determinación de mérito resulta acorde con la técnica del medio de control constitucional, máxime que el artículo 75 de la Ley de Amparo impone la obligación de apreciar en la sentencia el acto reclamado tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin que puedan admitirse ni tomarse en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Una postura en contrario, esto es, de admitirse la posibilidad de que el juzgador de amparo se imponga del contenido de la carpeta de investigación no revisada por el Juez de Control, sería tanto como juzgar la actuación impugnada con elementos que bien pudieron no haber sido proporcionados por la fiscalía o aportados en términos distintos a los esgrimidos en audiencia, es decir, con datos que no tuvo a su alcance el juez responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro I, Tomo 2, Octubre de 2011, página 993, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)". Asimismo, la tesis 1a. CCLI/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, Marzo de 2012, página 270, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE." Definidas las reglas bajo las cuales será examinado el cumplimiento de los requisitos de fondo del auto de vinculación a proceso reclamado, procede emprender su estudio en forma particular. a) Hecho delictivo. El juez responsable determinó vincular a proceso al quejoso por hechos catalogados como ilícito de VIOLENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado por el artículo 154 bis del Código Penal para el Estado. "Artículo 154 Bis. A quien ejerza cualquier tipo de violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, comparta éste o no, en contra de su cónyuge, concubina o concubinario, pariente hasta el cuarto grado en ambas líneas o incapaz sobre el que sea tutor o curador, se le impondrán, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito, de cuatro a seis años de prisión, multa de hasta seiscientos días de salario, caución de no ofender y, en su caso, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad o tutela. En caso de que la víctima fuere mujer, se sujetará al activo a las medidas reeducativas que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las que, en ningún caso, excederán del tiempo impuesto en la pena de prisión." Ahora bien, por hecho ilícito para efectos del dictado del auto de vinculación a proceso no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en la etapa de investigación (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de Control debe, por lo común, resolver sólo con datos. De forma que, para emitir un auto de vinculación a proceso, basta que de los datos de prueba se acredite de forma referenciada el hecho previsto en la norma penal. En ese contexto, el juez responsable estimó que en el asunto sometido a su potestad los hechos imputados tenían la calidad de delictivos. Tales hechos se hicieron consistir, esencialmente y, como lo adujo la fiscalía a lo largo de la audiencia, en que el imputado ejerció -en distintas ocasiones- violencia física en contra de la víctima (concubina) y su mejor hijo de identidad reservada. Circunstanciación fáctica que el Juez de Control tuvo por razonablemente acreditada con los siguientes datos de prueba expuestos por la fiscalía: 1.Denuncia de la víctima de identidad reservada. 2.Dictamen pericial médico número 229, emitido por ***. 3.Dictamen en psicología realizado a la víctima (concubina). 4.Dictámen en trabajo social realizado por ***. 5.Escrito realizado por la victima de ***. 6.Entrevista realizada por la fiscalía al menor de identidad reservada. 7.Dictamen pericial médico *** realizado por la perito ***, realizada al menor. 8.Informe ***, signado por la psicóloga respecto del menor de identidad reservada. 9.Testimonio de ***. Datos de prueba antes relatados, que el Juez responsable asertivamente consideró idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado en su comisión, a los cuales les asignó de manera libre y lógica el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificó, explicando el porqué de su valoración, en términos del artículo 265 de la codificación nacional en cita. En relatadas condiciones, los datos de prueba valorados por el juez responsable permiten establecer que en el particular existen indicios razonables de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, a saber, VIOLENCIA FAMILIAR; máxime que para el dictado de un auto de vinculación a proceso no es necesario precisar y acreditar los elementos del cuerpo del delito, sino que basta con el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar el tipo penal aplicable. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 35/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Publicación: viernes 04 de agosto de 2017 10:12, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." b) Probabilidad de que el imputado cometió el hecho delictuoso o participó en su comisión. En relación a la probabilidad de que el imputado cometió el ilícito que se le imputa o participó en su ejecución, acertadamente el juez responsable estableció que el aquí quejoso es la persona que probablemente cometió el hecho señalado como delito por la ley, denominado VIOLENCIA FAMILIAR, pues para ello tomó en consideración principalmente los datos de prueba expuestos por la Fiscal del Ministerio Público, concatenada con las denuncias realizadas por la agraviada y con dictámenes realizados, de las cuales se advierte que existe agrupación de argumentos de que el imputado probablemente fue la persona que realizó los hechos denunciados. De igual forma, el juez de la causa estimó de manera acertada que los datos de prueba previamente mencionados justifican que probablemente quejoso, actuó de manera dolosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Penal, pues se advierten circunstancias que revelan el pleno conocimiento del imputado de las circunstancias que integran la descripción legal, así como que es mayor de edad, orientado en tiempo, lugar y espacio. Pues tomó en cuenta esos datos que expuso la fiscalía como lo fueron el señalamiento de las víctimas, los dictámenes en psicología y trabajo social previamente reseñados para concluir que existe la probabilidad de que el imputado realizó la conducta reprochada. Lo anterior, tomando en cuenta que el juez responsable abordó lo manifestado por el defensor del quejoso, sin embargo consideró que dichos argumentos no desvirtuaban los señalamientos realizados hacia el quejoso. Y si bien controvierte los datos de prueba expuestos por la contraparte, no debe perderse de vista que en el sistema penal acusatorio oral, la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Así, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior, porque será en el juicio donde con igualdad de condiciones se realice la producción probatoria de las partes y se demuestren los hechos objeto del proceso. En tal virtud, contrario a lo manifestado por el quejoso, hasta esta etapa, no se advierte violación a las reglas procesales, porque el juez responsable se ajustó a la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, a fin de determinar que los indicios demuestran que probablemente el sujeto activo ejecutó el antisocial de VIOLENCIA FAMILIAR. Cabe retomar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se exige un estudio exhaustivo de los elementos del cuerpo del delito y probable responsabilidad, pues éste solo tiene por efecto sujetar a una investigación formalizada o judicializada al imputado, por lo que el estándar probatorio para su emisión se reduce a la existencia de indicios mínimos, pero razonables, que supongan la comisión de hechos tipificados como delito y la probabilidad de que la imputada los cometió o participó en su comisión. Al respecto, cobra aplicación la tesis XV.3o.6 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la décima época, con número de registro 2013695, libro 39, febrero de 2017 , tomo III, página 2167, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL." De ahí que no le asista razón al quejoso al sostener que fue indebidamente vinculado a proceso, pues los datos de prueba valorados por el juez responsable resultaron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que en el asunto sometido a su consideración se cometió un hecho catalogado como delito y el peticionario probablemente intervino en su comisión. c) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Al respecto, acertadamente el juez responsable, estimó que en términos del artículo 23 y 27 del Código Penal para el Estado, no se desprende ninguna extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por lo tanto, de todo lo anterior, los argumentos esgrimidos por la parte quejosa devienen infundados, ya que si bien la autoridad responsable dictó el auto de vinculación a proceso en contra del aquí inconforme, ello no fue en contravención a los artículos 16 y 19 constitucionales. Así mismo, aduce que el juez responsable no fijó el hecho, no valoró los datos de prueba, no realizó el silogismo entre el hecho fijado y acreditado con los datos de prueba y tampoco hizo una subsunción entre el hecho y la teoría jurídica, además indica que no existe la probabilidad de la participación o comisión en el hecho y autoría, y, violación a la falta de valoración de las actuaciones o datos de prueba. Al respecto, debe decirse que no asiste razón a la parte quejosa, pues del análisis del auto de vinculación a proceso emitido por el juez del conocimiento se desprende que realizó una valoración a los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público para sustentar la vinculación Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo mencionado 19 Constitucional, para dictar un auto de vinculación a proceso no es necesaria la acreditación de los elementos objetivos, normativos y subjetivos (en el caso que así los describa el tipo penal); es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, sólo debe atenderse el hecho o hechos ilícitos y la probabilidad que el imputado participó en su comisión. De acuerdo a lo anterior, el Juez de Control debe examinar el grado de racionalidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para determinar si se justifican o no los extremos de la norma constitucional, tomando en cuenta como reglas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que puede constituir datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación a proceso. Aspectos que en el caso en estudio se encuentran cumplidos. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 1942, Materia Penal, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).". De ahí que, el auto de vinculación a proceso examinado es legal de acuerdo con el estándar probatorio, el cual se considera suficiente e idóneo para involucrar al imputado en los hechos delictivos. Atento a lo anterior, se concluye que, contrario a lo estimado por la quejosa, el conjunto de circunstancias y datos de prueba que consideró el Juez responsable, son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de hechos delictivos y la probable participación del imputado en su comisión, en el caso, del hecho tipificado como delito de violencia familiar. En tales consideraciones, es evidente que en la resolución reclamada se cumplieron con los requisitos de forma y fondo previstos en el artículo 19 constitucional, tal como fue analizado con anterioridad, pues en el auto de vinculación a proceso combatido están precisados el hecho tipificado como delito que se le atribuye al imputado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establecen que se cometieron hechos que la ley señale como delito y que existe la probabilidad que el imputado (quejoso) lo cometió, tal como se advierte del disco óptico, en que se aprecia el desarrollo de la audiencia oral. Por consiguiente, el ejercicio de ponderación que llevó a cabo al Juez de Control, a través del contacto directo con los datos de prueba idóneos y pertinentes que le permitieron establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo, bajo el método de la libre apreciación, se estima adecuado; máxime que no corresponde órgano de control constitucional sustituirse en el mismo, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado. En esto último, es ilustrativa la tesis I.7o.P.83 P (10a.), publicada con el registro 2014769, en la página 986 del Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que seguidamente se reproduce: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL." En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, se impone NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A ***, contra el acto reclamado consistente en el auto de vinculación de proceso de ***. QUINTO. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. SEXTO. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, atento a las razones expuestas en el decisorio CUARTO. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando QUINTO, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el ÚLTIMO considerando. Notifíquese como corresponda."
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