Heidi Ruiz Cortes
Expediente 858/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 05/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Heidi Ruiz Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta suscrito por la quejosa Heidi Ruíz Cortés, toda vez que mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incide de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 858/2021; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. HEIDI RUIZ CORTÉS, por propio derecho, mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, consistente en: la desposesión de una fracción de su terreno ubicado en el rancho Las Flores; el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 263/2021; acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno; la diligencia de apeo y deslinde veinte de julio de dos mil veintiuno; violación al debido proceso en dicho expediente; actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, posteriormente emplazó a la parte tercera interesada, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama del juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, lo siguiente: La diligencia de apeo y deslinde realizada el veinte de julio de dos mil veintiuno, en el expediente 263/2021, en la que se dio posesión del inmueble objeto de la misma al promovente de la jurisdicción voluntaria. TERCERO. El juez Mixto de Primera Instancia de Cosolapa, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias remitidas al efecto, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de esa Ley. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Tal causa de improcedencia ha sido analizada por nuestro Alto Tribunal en diversos criterios, en los que ha señalado, destacadamente, que su actualización tiene lugar cuando la autoridad responsable -aun cuando el acto reclamado subsista-, emite un acto posterior que destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Así encontramos que en la configuración de la actualización de la causal de mérito existe un elemento que la origina y que es definitivo o fundamental, y que se refiere a las consecuencias o resultados del acto combatido en la esfera de derechos humanos de la parte quejosa. Este elemento se refiere a una situación de hecho o de derecho, bien sea que preexista a la promoción del amparo o bien que sobrevenga durante la tramitación del juicio, que se proyecte sobre el acto reclamado, y genere que, independientemente que tenga existencia jurídica, resulte innecesario abordar su análisis, puesto que en la especie no surtirá consecuencia alguna al gobernado, precisamente, porque aquella circunstancia novedosa lo relevó materialmente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Si bien el anterior criterio interpreta el artículo 73, fracción XVI, de la abrogada Ley de Amparo, cierto es también, que el mismo resulta aplicable, acorde a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, puesto que la fracción XXI del actual numeral 61 es de idéntica redacción, de ahí su aplicabilidad. Precisado lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se tiene que mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a Rafael Hernández Álvarez, promoviendo en la vía de jurisdicción voluntaria, diligencias de apeo y deslinde respecto de un inmueble que refiere es de su propiedad. En tal auto, se requirió a los colindantes para que dentro del plazo de tres días, presentaran los títulos o documentos de su posesión y nombraran perito si así lo quisieren. Por diverso acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno, el juez responsable señaló las quince horas del veinte de julio siguiente, para llevar a cabo las diligencias solicitadas, las cuales tuvieren verificativo en esa fecha. Mediante acuerdo de veinte de julio de dos mil veintiuno, la responsable tuvo a la hoy quejosa exhibiendo copia certificada de la escritura de adjudicación del inmueble ahí descrito, así también, señalando perito para que intervenga en la multicitada diligencia. Ahora, por auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, entre otras cosas, el juez responsable proveyó: "EN SAN JOSÉ COSOLAPA, TUXTEPEC, OAXACA, A DOS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. . Ahora bien, toda vez que por auto de veinte de julio del dos mil veintiuno, se dio cuenta con el escrito de HEIDI RUIZ CORTES, en el que se le tuvo exhibiendo copia certificada del instrumento que se precisa en el citado auto; asimismo se le tuvo designado a su perito. para que interviniera en la referida diligencia, auto que no ha sido notificado por la actuaria hasta esta fecha tanto al promovente Rafael Hernández Álvarez así como a Heidi Ruiz Cortes, circunstancia que dejó en estado de indefensión a los interesados en este asunto, y a efecto de subsanar tal omisión y no violar sus Derechos Humanos, así como el debido proceso establecido en los artículos. de oficio se declara la nulidad de la citada diligencia de apeo y deslinde, en razón a lo anterior se ordena requerir a RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ y a HEIDI RUIZ CORTES, para que dentro del plazo de TRES días presenten a sus peritos en topografía ante el personal de este juzgado para efecto de que se les discierna el cargo que les fue conferido. una vez discernido el cargo a los peritos previa petición de parte se señalará fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de apeo y deslinde. ." Conforme a lo expuesto, si la autoridad responsable mediante el referido proveído declaró la nulidad de las diligencias de apeo y deslinde llevada a cabo el veinte de julio de dos mil veintiuno, y que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es evidente, se ha subsanado la transgresión que la quejosa pretendía hacer valer mediante el presente juicio, pues aun cuando esta subsista materialmente como constancia en los autos del juicio de origen, con la determinación adoptada por la responsable, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, de ahí que resulte ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, además que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso, por su contenido, la tesis emitida por el Decimoprimer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página 4828, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL LAUDO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA SI LA INCONGRUENCIA ATRIBUIDA ES CORREGIDA MEDIANTE SU ACLARACIÓN, REPARANDO TOTAL E INCONDICIONALMENTE EL VICIO QUE CONSTITUYÓ LA MATERIA DE IMPUGNACIÓN. Hechos: Diversas personas demandaron de una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) y otros organismos de seguridad social, la devolución de los recursos de su cuenta individual. Posteriormente, durante la tramitación del juicio natural, una de las accionantes desistió de lo reclamado a la administradora de fondos demandada. Al dictar el laudo, la Junta se abstuvo de considerar esa circunstancia y la condenó, motivo por el que promovió amparo directo, en tanto que la actora solicitó su aclaración, cuya resolución reparó la inconsistencia aludida. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución de la aclaración del laudo reclamado, por la que se corrige la incongruencia que éste contenía, es una situación de hecho o de derecho que puede preexistir a la promoción del juicio de amparo directo o sobrevenir durante su tramitación y genera que, independientemente de que el laudo tenga existencia jurídica, resulte innecesario abordar su análisis, en atención a que no surtirá consecuencia alguna, pues si bien no ha sido destruido incondicionalmente, lo cierto es que la condena inicialmente decretada contra el quejoso queda sin efectos al haber sido superada en la aclaración, reparando total e incondicionalmente el vicio que constituyó la materia de impugnación, lo que origina que el emprendimiento del estudio de fondo resulte ocioso y, en consecuencia, el juicio sea improcedente. Justificación: El artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que el amparo es improcedente cuando durante el juicio cesen los efectos del acto reclamado; causal que ha sido interpretada por diversos criterios jurisprudenciales que permiten establecer que para que se surta, no es indispensable que la autoridad responsable revoque el acto impugnado, sino que, aun sin hacerlo, al emitir uno diverso destruya total e incondicionalmente los efectos que pudiera surtir, siendo que la razón que justifica la improcedencia señalada no es la destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, tal como lo establece la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En las relatadas consideraciones, y al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se sobresee en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 858/2021, promovido por HEIDI RUIZ CORTES. NOTIFÍQUESE.
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