Heidi Mayali Domínguez Hernández
Expediente 1150/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2018
Partes del expediente
- Heidi Mayali Domínguez Hernández
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto, el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de dieciocho de octubre del año en curso (fojas 40 a 43), en la que se sobreseyó en el juicio. Con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 2° y 83 de la propia ley de la materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo de los diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo a las autoridades responsables, ya que carecen de legitimación para interponer recurso contra dicha determinación, puesto que no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 648, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Apéndice 1995, Tomo VI, Parte Tribunal Colegiado de Circuito, consultable en la página 434, Octava época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". Como la diversa tesis aislada XI.3o.4K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, visible en la página 706, Novena Época, de texto y rubro siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento". ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el Punto Décimo Primero, segundo párrafo, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, fracción III, Vigésimo Primero, fracciones II y III, segundo párrafo, y último párrafo de dicho punto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se provee lo siguiente: a) Es susceptible de destrucción el expediente principal, lo que habrá de realizarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de esta fecha; b) Este asunto no se considera de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos establecidos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto que se cita; y, e) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Nación, para que una vez que se cumpla el plazo establecido en el inciso a), el Centro de Documentación y Análisis proceda en los términos que ahí se indican. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la caratula del expediente judicial en que se actúa, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente proveído a la autoridad responsable, toda vez que este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarla por medio de lista; debido al sentido de la resolución emitida en este juicio, aunado a que aquélla, ya le fue notificada por esa vía. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Notifíquese.
- Principal
UNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...
- Principal
HA CAUSADO ESTADO EL PROVEIDO EN EL QUE SE DESECHO PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO...
- Principal
VISTA LA DEMANDA SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE, LO QUE PROCEDE ES DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA. SE ADMITE A TRAMITE, SIN QUE HAYA LUGAR A TRAMITAR EL INCIDENTE DE SUSPENSION TODA VEZ QUE NO FUE SOLICITADO .CITESE A LAS PARTES A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE TENDRA VERIFICATIVO A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO...
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