Heidi María Espinoza Espinoza
Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Heidi María Espinoza Espinoza
- Dach Miguel Pacheco Perea
- Pedro Gómez Matus
- Joisé Ángel Vázquez Monreal
- Salvador Cerda Ortiz
- Mario Montiel Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de veinticinco de octubre del año en curso en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que este juicio de amparo se sobreseyó. Por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General, previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; con lo cual se reserva acordar lo conducente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en autos.
- Principal
En virtud de no haberse presentado la parte quejosa ni la apoderada legal del tercero interesado a notificarse personalmente del acuerdo del auto de veinticinco de octubre del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio y aviso que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, incisos b) y c) y 29, de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que dice:Visto el estado de autos se advierte que en el escrito inicial de demanda se asentó que la misma carecía de la firma de ******************** y ********************de igual manera, se observa que el acto reclamado a la Junta Especial número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, es el auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual la responsable estableció diversas fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas por las partes en el juicio laboral ********************, al considerar que dichas fechas excedían los plazos previstos por la norma para el desahogo de pruebas. Ahora de las constancias aportadas por la responsable, a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio, por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo y que se tuvieron por recibidas en proveídos de uno, once y dieciocho del mes y año en curso; se observa que las fechas señaladas para el desahogo de pruebas ya acontecieron. En consecuencia, es claro que en el presente se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXII y XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, tanto por falta de interés jurídico en relación con los ******************** y ********************debido a la falta de suscripción de la demanda de amparo; como porque aún cuando subsista el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno (por lo que respecta al resto de los quejosos) por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de sobreseer el juicio de amparo, si durante su tramitación se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia; lo anterior, sin necesidad de esperar al desahogo de la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. a) Análisis de la procedencia de la demanda de amparo presentada a nombre de ******************** y ******************** En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, solo por lo que hace a la demanda de amparo presentada por ******************** y ********************, toda vez que el escrito de demanda carece de su firma autógrafa. Se dice lo anterior toda vez que los ordinales en cita establecen que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto no procede cuando la improcedencia resulte de alguna disposición como de las que se hace referencia. Por su parte, los artículos 5, fracción I y 6, de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En relación con lo anterior se tiene, que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, de lo que nace la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda en calidad de promovente, esto, debidamente firmada, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo. Luego, si como se puntualizó, el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de parte agraviada por el acto de autoridad, el mínimo requisito que debe contener su escrito es la manifestación de voluntad del promovente; esto es, la firma autógrafa que calce su solicitud, por constituir el dato que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus derechos y prerrogativas En el caso, del escrito inicial de demanda se advierte que la misma se dice promovida por ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, la cual fue depositada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, con diecinueve firmas autógrafas y sin la firmas autógrafas de ******************** y ********************, como se advierte del acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso. Lo que también fue asentado por el Técnico de Enlace Administrativo de la citada Oficina de Correspondencia Común, en tanto apuntó en el escrito inicial de demanda lo siguiente: "Recibí con firma (19)" y, que además se puede apreciar a simple vista, en tanto que, en la parte final de la demanda se observan diecinueve firmas, las cuales corresponden a ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, pues así se señala, mientras que los espacios designados a la firma de ******************** y ********************se encuentran vacíos. Por tanto, dada la carencia de esa exigencia fundamental deducida del artículo 6o. de la Ley de la Materia, se concluye que la acción constitucional no se ha ejercido, pues la firma autógrafa, constituye el mecanismo a través del cual las personas expresan su voluntad a realizar determinado acto jurídico y con ella se acredita la autenticidad del documento, por lo que se trata de un elemento indispensable para dotar de eficacia a cualquier actuación escrita. De manera que la ausencia de la firma autógrafa en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y con ello el incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo como lo es el de instancia de parte agraviada, como en el caso acontece. Al respecto se cita la Jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Asimismo, se cita la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata". De igual forma, al respecto se cita la tesis VI.1o.151 K, emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal". Así también se cita la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa". De ahí que en la especie se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia respecto de la demanda de amparo presentada a nombre ******************** y ********************, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. b) Análisis del acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual la responsable estableció diversas fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas por las partes en el juicio laboral ********************, en relación con el resto de los quejosos. Para demostrar la causa de sobreseimiento en relación con el acto reclamado ya precisado, se tiene presente el numeral y fracción invocados, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 3044/98, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, agregó la citada Sala que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, refirió ese Máximo Tribunal que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesora. Lo expuesto, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Esas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora, en el particular se tiene que la autoridad responsable remitió algunas de las constancias relativas al juicio laboral ******************** de las que se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. En la Junta responsable está radicado el juicio laboral ********************, en la cual los promoventes del amparo aparecen como actores y como demandado ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. El veintiséis de enero del año en curso la junta responsable se pronunció en relación con la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, así mismo señaló fecha y horas para el desahogo de diversas probanzas, las cuales debían desahogarse el veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre; uno, cuatro, cinco, seis, siete, once y catorce de octubre, todas del año en curso. 3. Asimismo se observa que las audiencias a que se ha hecho referencia fueron desahogadas por la autoridad responsable. Lo expuesto revela que a la fecha en que se resuelve la responsable ya desahogó las audiencias de veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre; uno, cuatro, cinco, seis, siete, once y catorce de octubre, todas del año en curso, señaladas para el desahogo de diversas probanzas. En consecuencia, aun cuando durante el procedimiento (antes de celebrar las audiencias para desahogo de pruebas) la junta del conocimiento dictó un acuerdo que pudiera vulnerar la pronta impartición de justicia; esto, por fijar plazos excesivos para el desahogo de diversas probanzas, materialmente no se podría restituir a los solicitantes del amparo en el derecho cuya vulneración reclaman, precisamente por haberse desahogado las audiencias fijadas para el desahogo de pruebas. De ahí que, en caso de que aun cuando el acto reclamado resultara inconstitucional, se tornaría jurídicamente imposible restituir al promovente del amparo en el goce del derecho que estima vulnerado o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesora, pues ya se llevaron a cabo las audiencias fijadas para el desahogo de pruebas. Por tanto, ninguna razón jurídica tendría analizar si la fecha para el desahogo de pruebas es lejana e injustificada y, por ende, si vulnera derechos. Lo anterior se considera así, pues si lo que pretende el quejoso a través del juicio de amparo es que con una eventual concesión se ordene a la junta responsable dejar sin efectos las fechas ya señaladas y fije unas nuevas fecha para el desahogo de pruebas dentro de los plazos que la Ley Federal del Trabajo establece, y durante el proceso de derechos fundamentales el órgano jurisdiccional de origen ya desahogó las audiencias ya fijadas; es inconcuso que ya no puede surtir efecto en perjuicio de la parte promovente, lo cual era el objeto o materia del acto. Conforme a lo expuesto, es claro que el juicio de amparo indirecto promovido en contra del auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno dictado en el juicio laboral ********************, por el que se señalaron diversas fechas para el desahogo de pruebas, todas ellas fuera de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo aplicados en sentido contrario), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las doce horas con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, signados por la Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de diversas actuaciones correspondientes al juicio laboral 126/2018; por tanto, dese vista a las partes con las mismas, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al proveído de dieciocho de los corrientes.
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