Heidi Fatima Rodríguez Lozano
Expediente 1974/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 32 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1974/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 10/05/2016
Partes del expediente
- Heidi Fatima Rodríguez Lozano
- Procurador General de la República
- Comandantes de la Policía Judicial Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia de doce de abril de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; de lo anterior se colige que al haber obtenido resolución desfavorable pudo interponer recurso de revisión, al ser a quien únicamente le irroga perjuicio la resolución referida; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Es aplicable, por analogía y por las consideraciones que la sustentan, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, de la voz: REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CUANDO SÓLO LO PROMUEVE EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. [9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Octubre de 2010; Pág. 3174]. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión. Se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En cumplimiento al punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración y destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, desglósese el mismo previa certificación que obre en actuaciones. Las anotaciones pertinentes háganse en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1974/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil quince (foja 1), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano jurisdiccional, Heidi Fátima Rodríguez Lozano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son las siguientes: a) ORDENADORAS 1. C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2. C. DELEGADO ESTATAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, TOLUCA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Ambos con domicilio conocido, por tratarse de dependencias oficiales. b) EJECUTORAS 1. C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL FEDERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2. C.C. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITOS A LA MESA UNO, A LA DOS, A LA TRES, A LA CUATRO, A LA CINCO, A LA SEIS, A LA SIETE Y A LA MESA OCHO DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN TOLUCA. 3. C.C. COMANDANTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. 4. C. DIRECTOR DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 5. C.C. COMANDANTES DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. Ambos con domicilio conocido, por tratarse de dependencias oficiales. IV. ACTO RECLAMADO: La privación ilegal de mi libertad de la suscrita quejosa en cualquiera de sus modalidades como ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN, RETENCIÓN, ARRESTO, PRESENTACIÓN O CUALQUIER OTRA ANÁLOGA QUE PRETENDA PRIVARME DE MI LIBERTAD. SEGUNDO. Por auto de ocho de diciembre de dos mil quince, este órgano jurisdiccional radicó el asunto con el número 1974/2015, y admitió a trámite la demanda; solicitó los informes justificados, dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, ordenó el trámite del incidente de suspensión de los actos reclamados; señaló hora y día para la audiencia constitucional. La parte quejosa narró los antecedentes del caso y no señaló tercero interesado; expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y, precisó que los actos reclamados son violatorios del artículo 1º, 14, 16, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante proveídos de diecinueve de enero (foja 61) y dos de febrero (foja 72), ambos de dos mil dieciséis, se tuvieron por inexistentes a las autoridades denominadas por el quejoso como: COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL FEDERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, COMANDANTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL, DIRECTOR DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO y COMANDANTES DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO; motivo anterior, por el cual se suspendió toda comunicación con las mismas. Luego, sustanciado en sus trámites el presente cuaderno, la audiencia constitucional, tras diferirse tuvo verificativo en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, fracción I, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse actos que afectan la libertad personal, cuya ejecución se llevará a cabo donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio se debe precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio, antes de verificar lo relativo a su existencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, cuyo contenido es ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados son: -La orden de aprehensión, detención, retención, arresto, presentación o cualquiera otra análoga emitida en su contra; -Así como su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que, al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Actos inexistentes. -El Director General de Control de Juicios de Amparo, en ausencia de la Procuradora General de la República (folio 62 y 63). -Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de México (folio 17). -Los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Mesa Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava Investigadora de la Unidad de Atención Inmediata de la Procuraduría General de la República, Delegación Estado de México (foja 41, 24, 76, 22, 18, 10, 20, 12). Al rendir su informe justificado, respectivamente, negaron la existencia de los actos atribuidos por el quejoso. CUARTO. Análisis de la procedencia del presente juicio de amparo. A partir de la consideración precedente, y en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, conviene destacar que, concerniente a la negativa que hace la autoridad responsable, en relación a los actos reclamados, la mismas no quedó desvirtuadas por el quejoso ya que no ofreció prueba alguna para tal efecto, ni objetó el informe rendido por la responsable, por lo tanto, es de establecerse que ésta surte efectos plenos, en virtud de ello, el solicitante del amparo estuvo obligado en todo caso a desvirtuar su contenido. En efecto, es de señalarse, que las autoridades responsables se constituyen en parte dentro del juicio de amparo, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el informe con justificación que es rendido por las autoridades responsables reviste el carácter de documento público, como lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior se afirma dado que se trata de un documento cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública. Consideraciones por las cuales se arriba a la convicción, de que al no objetar el solicitante del amparo el informe correspondiente, entonces producen el efecto de que como documento público, surtan sus efectos legales. Aunado a ello, la carga de la prueba de la existencia del acto reclamado, estuvo a cargo de la parte quejosa, es decir, existió la obligación por parte de ésta de aportar elementos de convicción para acreditar la existencia de los actos reclamados. Más aún, y dada la naturaleza del acto reclamado, su obligación no solamente debe de circunscribirse a demostrar su existencia, sino que la misma debe de acreditarse respecto de la fecha de presentación de la demanda de amparo y no a una posterior; lo cual, ninguna de esas hipótesis, en la especie no aconteció. En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, lo que conduce a sobreseer en el juicio, ya que del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo, se advierte que la parte quejosa no ofertó medio probatorio idóneo para acreditar la existencia de los actos reclamados. La anterior determinación impide a este órgano jurisdiccional analizar el fondo del asunto, dado el sobreseimiento que en el juicio se decretó. Por lo expuesto, fundado y motivado; SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Heidi Fátima Rodríguez Lozano, por propio derecho, contra los actos consistentes en la orden de aprehensión, detención, retención, arresto, presentación o cualquiera otra análoga emitida en su contra, así como su ejecución.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional, sin embargo, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, otorgó licencia al Titular de este juzgado de Distrito, para ausentarse de sus funciones en términos del artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que el Consejo de la Judicatura Federal haya otorgado autorización formal y expresa al secretario encargado del despacho para resolver en definitiva. En consecuencia, a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas del doce de abril de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que es del rubro siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. (S.J.F., 9ª Época, Tomo V, página 433). Así, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/463/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la readscripción del Juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, página 312)
- Incidental
A los autos únicamente para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, en la que se advierte imposibilidad legal y material para notificar la determinación de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, a las autoridades responsables denominadas DIRECTOR Y COMANDANTES, AMBOS DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, por oficios 5608 y 5609, respectivamente, debido a los motivos expuestos por la funcionaria adscrita a este órgano de control constitucional. Lo anterior es así, ya que por auto de dos de marzo último (folio 82), se hizo efectivo el apercibimiento decretado el ocho de diciembre de dos mil quince y se dejaron de tener como responsables a las autoridades enunciadas.
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