Heidi Corella Gómez
Expediente 427/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Heidi Corella Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte en el presente expediente que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que lo integran, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver; en consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte,y en su oportunidad realícese el trámite para su depuración. Notifíquese: por lista las partes.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de Armando Gómez Segura, secretario que firma y da fe. *Luis Antonio Jara Torres
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la primera, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno e intégrense los cuadernos incidentales respectivos. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos que se estimen de interés o de valor para la parte quejosa y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico; sin embargo, se concedió la suspensión provisional y la definitiva. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de ser depurado. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Incidental
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, mediante el cual quedó firme el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el juicio, por lo que, procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efectos las medidas decretadas en el mismo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el escrito que remite José Rodrigo Torres Méndez, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, designado por Javier Adrián Corella Ramírez y Miriam Gómez Trujillo, en representación de los menores quejosos de identidad reservada de iniciales H.C.G. y L.C.G., mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en autos, informa que los referidos menores quejosos, ya fueron vacunados con las dos dosis de la vacuna de Pzifer contra la Covid-19, exhibiendo al efecto los comprobantes relativos. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de este último ordenamiento. En atención a lo anterior, se tiene al autorizado de la parte quejosa por desahogado el requerimiento de mérito, tomando conocimiento que ya fueron vacunados los menores con las dos dosis de la vacuna de Pzifer contra la Covid-19, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, atendiendo a lo manifestado por la parte promovente y anexos, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causal de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado, de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así, el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que el derecho humano exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa lo constituye: La omisión de aplicar el cuadro completo de vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) a favor de los menores quejosos de identidad reservada de iniciales H.C.G. y L.C.G., ambos con diez años de edad, sin comorbilidades, así como sus efectos y consecuencias. Sin embargo, de las constancias que al efecto exhibió el autorizado de los menores quejosos de iniciales H.C.G. y L.C.G., consistentes en los comprobantes de vacunación, se advierte que los días quince de julio y catorce de septiembre, ambos del año en curso, se les aplicó la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID 19. Razón por la cual, se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo en la que, eventualmente, se ordenara a las responsables aplicar el programa de vacunación para la prevención de la COVID-19 a los menores quejosos, con sus dos dosis, cuando ello ya se llevó a cabo por las autoridades competentes. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. En atención a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: por lista a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las partes.
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