Heidegguer Salgado Davalos

Expediente 1367/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1367/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Heidegguer Salgado Davalos

Actuaciones

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ...En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las once horas con treinta y cinco minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1367/2023, promovido por *****; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda y auto admisorio. Asimismo se da cuenta con el oficio y anexo registrado con folio 18621. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio a través del cual rinde informe justificado el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y remite diversas constancias derivadas del juicio de origen; se tiene como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa y por señalado el domicilio que indica siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por lo que hace a la documental que remite, acuérdese en el apartado respectivo. Ahora, no procede diferir la audiencia constitucional a pesar que el informe justificado en comento, no se hizo del conocimiento de la parte quejosa con ocho días de anticipación a la celebración de la misma, los cuales tiene para imponerse de lo manifestado por esa autoridad, pues esperar a que transcurra dicho término implicaría retardar el procedimiento innecesariamente en su perjuicio; ello, en virtud de que en este juicio se reclama la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y atendiendo a lo manifestado en su demanda por la parte amparista, es claro que ya conoce los antecedentes del acto reclamado, lo que no se opone a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental remitida por la autoridad responsable, en el oficio de cuenta, misma que será materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el período. Luego, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Se cierra este período. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS para resolver el juicio de amparo 1367/2023; y, RESULTANDO ...CONSIDERANDO I. Competencia. II. Fijación del acto reclamado. ...III. Certeza del acto reclamado. ...IV. Oportunidad de la demanda de amparo. ...V. Causales de improcedencia. ...VI. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación que se expresa enseguida, por lo que se debe conceder el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. La parte quejosa aduce que la autoridad responsable ha vulnerado en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, por cuanto hace a los plazos y términos en los que los tribunales deben administrar justicia, en virtud de que no se ha concluido el procedimiento laboral con el dictado del laudo. Y tiene razón, pues el Tribunal responsable ha excedido los términos establecidos en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en relación a lo que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a dicho cuerpo de leyes, lo que implica transgresión al derecho de legalidad y acceso a la justicia previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna se estableció en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán sustanciar y resolver los procedimientos jurisdiccionales respectivos de manera pronta, completa e imparcial. En el caso particular, debe precisarse en principio que la Ley burocrática local no establece un término especial para que la autoridad dicte el laudo precisamente porque reduce el procedimiento laboral a una sola audiencia en la que se llevan a cabo las etapas correspondientes y luego de formularse los alegatos ahí mismo se dicte el laudo, salvo que se requieran diligencias posteriores. Así, como en principio la ley ordena que se cierre la audiencia con el dictado del laudo luego de las conclusiones de las partes, ese es el momento para emitirlo; pero como también debe de reconocerse que la mayor o menor complejidad de los asuntos, así como la carga de trabajo, limitarían irremediablemente el cumplimiento estricto de esa regla, por lo cual debe de encontrarse en la propia norma un límite razonable para emitir esa resolución final y el plazo disponible en la normativa es el genérico de quince días previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no así los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo. Veamos. El artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, señala que el procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Ese precepto guarda una identidad sustancial con los artículos 165 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, 107 y 112 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, los cuales fueron objeto de análisis en la contradicción de tesis número 216/2004-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 52/2005 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS)." En la ejecutoria de la contradicción de tesis aludida se determinó que si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso, se dictará el laudo respectivo, no procede la aplicación supletoria de los artículos 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia. De manera que la misma Corte reconoce en la referida ejecutoria emitida por la Segunda Sala, que dio origen a la citada jurisprudencia que es jurídicamente válido que el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia atendiendo a la menor o mayor complejidad de cada asunto y a las cargas de trabajo; pero la Corte no se ocupó en esa ejecutoria de fijar un plazo razonable para ello. Así, el artículo 115 de la Ley burocrática local no debe entenderse en el sentido de que el laudo debe emitirse, indefectiblemente, en la fecha señalada para la celebración de la mencionada audiencia. Y en ese orden, al no existir dentro de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos un plazo para el dictado del laudo en el juicio laboral burocrático, éste será el establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria en términos del artículo 11 de dicho ordenamiento estatal. En efecto, el artículo 127 bis, fracción III de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, prevé el plazo de quince días para el dictado del laudo, además en términos del citado numeral, las pruebas, alegatos y el dictado del laudo se realizarán en una sola audiencia, salvo en que sean necesarias diligencias posteriores, caso en el cual, el laudo se dictará, una vez concluidas éstas, dentro de los quince días siguientes. No pasa inadvertido el hecho de que el referido artículo alude de manera específica, a las formalidades y plazos en que debe desahogarse el procedimiento cuando se ejerza la acción de terminación del nombramiento del trabajador, en tanto que los demás conflictos de competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje deben desahogarse conforme al procedimiento previsto en el numeral 127 y restantes del capítulo III del Título Séptimo de la citada ley, en los cuales no se prevé plazo alguno para el dictado del laudo. Sin embargo, ello no conduce a concluir que el plazo de quince días previsto por el artículo 127 bis para el dictado del laudo sólo aplique respecto de los juicios señalados en dicho numeral, ya que todos los preceptos mencionados están contenidos en el mismo capítulo, en el cual no existe disposición que permita concluir que alguno de los conflictos competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje debe resolverse en plazos más cortos que los demás, como sucede, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo respecto de los procedimientos especiales y ordinarios. Además, en todos los procedimientos competencia del citado tribunal los actos procesales relativos al ofrecimiento de pruebas, alegatos y dictado del laudo se deben llevar a cabo, preferentemente, en una misma audiencia, lo cual permite concluir que los plazos previstos para la realización de dichos actos procesales debe aplicar para ambos procedimientos, pues donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, e incluso, si se considera que el procedimiento previsto en el artículo 127 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, está orientando a dar una mayor celeridad y concentración, en comparación con el procedimiento regulado en el artículo 127 y restantes de la citada ley, el plazo de quince días para el dictado de laudo sería aplicable supletoriamente, dado que conforme a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el juicio laboral también está orientado por el principio de concentración, pues debe resolverse en el plazo de seis meses. Dichas consideraciones fueron plasmadas por los Magistrados Integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este circuito, al resolver la queja del trabajo 170/2018, interpuesta en el juicio de amparo 1045/2018 del índice de este juzgado. Y en el caso, la parte quejosa, refiere en su escrito de amparo, bajo protesta de decir verdad, que presentó su demanda laboral ante el tribunal responsable, en el mes de enero de dos mil veintidós, quien la admitió, pero no ha concluido el procedimiento con el dictado del laudo; lo que se corrobora con el acuerdo emitido por dicha autoridad, el quince de agosto de dos mil veintitrés, en el que en lo que interesa, concedió a las partes el término de dos días hábiles para formular alegatos. Actuaciones de las que se desprende que no se ha respetado el plazo que para el procedimiento burocrático establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues si se toma en cuenta que en el mes de enero de dos mil veintidós, se presentó ante el Tribunal responsable, la demanda laboral, y la fecha en que se promovió el escrito de amparo -dos de octubre de dos mil veintitrés-, transcurrió un año y medio, lapso en que se pudo dictar el laudo correspondiente; sin embargo, no se ha concluido ese procedimiento. Por lo que es evidente que la autoridad responsable incumple con su obligación prevista en la última parte del artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, adoptar todas las medidas necesarias, para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda laboral, que lo fue en el mes de enero de dos mil veintidós, entonces, es claro que con ello, se transgredió el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, de ahí lo fundado del concepto de violación en estudio. En esas condiciones, procede otorgar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado para los efectos precisados en el siguiente considerando. VII. Efectos de la concesión. Es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto es que una vez que esté notificado el Tribunal responsable de que el presente fallo cause ejecutoria: Dicte el laudo en el juicio burocrático 01/266/2022, y se notifique a las partes lo conducente. VIII. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, contra el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos VI y VII de este fallo. SEGUNDO. Por los motivos vertidos en el último considerando de esta determinación, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan, a partir del auto en que fueron admitidas las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen, así como las constancias de notificación realizada a las partes y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que de conformidad con el artículo 71 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-Justicia. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. En el entendido que para facilitar el envío de los anexos al informe que debe rendir la autoridad responsable, se pone a su disposición un disco versátil [formato DVD], para que en este sea cargada la información digital de los anexos conducentes y colaborar así al ahorro de insumos que en la actualidad son ocupados para el fotocopiado de la información que apoya el referido informe, además de que se facilite a las partes la consulta de dicha información, por los medios tecnológicos utilizados en el expediente electrónico. Terceros interesados. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte de la quejosa en el juicio de origen porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario ?que subsista tal denegación? y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en contrapartida, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de rubro "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO" emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del ordinal 5º de la Ley de Amparo ?abrogada?, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado ?ahora tercero interesado? a la contraparte de la persona solicitante del amparo. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior ?no vigente?, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da la pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto, ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece: "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Y a ese principio en el ámbito jurídico supremo, el cual permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, se ajusta mejor considerar que la contraparte de la quejosa en casos como este, no tiene el carácter de tercero interesado, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia ?si en el fondo la hubiera?, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Así, debe hacerse hincapié en que lo que eventualmente afecta a la parte quejosa con la denegación que reclama, en todo caso, lo es la violación en el seguimiento del procedimiento en la etapa en la que se desarrolla y no el contenido y/o decisión que llegase a tomar la autoridad responsable y, por ende, esa denegación no le depara perjuicio a la contraparte de la quejosa. Incidente de suspensión. No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado. Ministerio Público Federal. Dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Legislación de la Materia, le asiste el carácter de parte en el presente asunto. Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este órgano jurisdiccional si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte, y 251 de la Ley de Amparo. Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Autorizados de la parte quejosa. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones; y por autorizados en los términos que solicita a los profesionistas que designa. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la promovente la consulta del expediente electrónico vía electrónica [por así haberlo solicitado expresamente], siempre y cuando se realice con el usuario que proporciona y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, este juzgado de Distrito toma nota del correo electrónico y número de telefonía móvil proporcionados a fin de que, en su caso, establecer comunicaciones no procesales, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Autorización de copias y medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con excepción de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

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