Hegel Ansberto Quiterio Plata

Expediente 1677/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1677/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Hegel Ansberto Quiterio Plata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, pues se desechó la demanda de amparo. Por lo que la fecha probable de su DESTRUCCIÓN será el OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. DESTRUCCIÓN O TRANSFERENCIA: Con copia del presente acuerdo, hágase del conocimiento al Secretario encargado de las listas de archivo la fecha de probable destrucción o transferencia para su registro y efectos legales conducentes. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, ASÍ COMO LA FECHA PROBABLE DE DESTRUCCIÓN en la carátula del expediente, y una vez que transcurra el término que se refiere el párrafo anterior, una vez al año y previamente a la visita de inspección se destruirán estos expedientes y se remitirá dentro de los treinta días siguientes el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que ............, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda y aclaratorio de cuenta se advierte que ............, señala como acto reclamado lo siguiente: El auto dictado el quince de agosto de dos mil veintitrés, por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, dentro del juicio de nulidad 731/23-12-02-7, mediante el cual se tuvo a la Titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, interponiendo recurso de reclamación contra el acuerdo dictado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por apersonado al tercero interesado en el juicio de origen y aquí quejoso ............. Precisado lo anterior, la suscrita Juez Federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que el promovente reclama el auto dictado el quince de agosto de dos mil veintitrés, por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, dentro del juicio de nulidad 731/23-12-02-7, mediante el cual se tuvo a la Titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, interponiendo recurso de reclamación contra el acuerdo dictado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por apersonado al tercero interesado en el juicio de origen y aquí quejoso Hegel Ansberto Quiterio Plata. La determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de nulidad 731/23-12-02-7, del índice de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en San Andrés Cholula, Puebla; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, el proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, dentro del juicio de nulidad 731/23-12-02-7, mediante el cual se tuvo a la Titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, interponiendo recurso de reclamación contra el acuerdo dictado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por apersonado al tercero interesado en el juicio de origen y aquí quejoso Hegel Ansberto Quiterio Plata, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama el proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, dentro del juicio de nulidad 731/23-12-02-7, mediante el cual se tuvo a la Titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, interponiendo recurso de reclamación contra el acuerdo dictado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por apersonado al tercera interesado en el juicio de origen y aquí quejoso ............., mismo que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías. PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO En observancia al artículo 14 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se ordena que el presente acuerdo se publique a través de la lista electrónica que se genera de manera automática vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual podrá ser consultado por a partes en la página: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios 38712/2023, 38713/2023, 38714/2023 y 38715/2023 de diecinueve del mes y año que transcurren, dirigidos a las autoridades responsables juez Decimosexto del Registro Civil en la Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal; director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Gral. de Div. D.E.M. RET., en la ciudad de México; encargado o jefe de departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en la Ciudad de México y dirección general del Registro Civil, titular ******************** en la ciudad de México. En esas condiciones, requiérase al Administrador de Correos Oficina de Servicios Directos, Poder Judicial Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que dentro del improrrogable término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado los acuses de recibo de las piezas postales que contenían los oficios 38712/2023, 38713/2023, 38714/2023 y 38715/2023 de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, mismos que fueron depositados en la factura de veintiuno siguiente0. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Finalmente, y en atención a lo anterior, se señala como nueva fecha a fin de dar tiempo a la tramitación y notificación del recurso de revisión se señala el DIECISÉIS DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, para el envío del asunto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los sobres devueltos que contienen los oficios ******************** de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dirigidos al Tesorero Municipal y Regidor de Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, ambos de San Salvador Huixcolotla, Puebla, toda vez que el Servicio Postal Mexicano asentó lo siguiente: ".no reclamada.". Atento a lo anterior, dado que se han girado en dos ocasiones diversos oficios a través de la Administración de Correos de México y no ha sido posible notificar a dichas autoridades responsables, en aras de privilegiar el acceso a la justicia y dado que dichas autoridades tienen su domicilio ubicado en "******************** el cual se encuentra fuera de la sede territorial de este Juzgado de Distrito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia por imperativo del precepto segundo de esta última, gírese atento despacho al Juez en Materia Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien notificar al Tesorero Municipal y Regidor de Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, ambos de San Salvador Huixcolotla, en el domicilio antes citado, corriéndole traslado con los oficios 33957/2023, 33958/2023, ******************** de fechas quince de agosto y cinco de septiembre de dos mil veintitrés; asimismo, le haga saber a las autoridades antes citadas que en caso de que se nieguen a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación, en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Indíquese al referido juzgador que, en caso de ser necesario, se le faculta para que habilite días y horas inhábiles, a fin de que realice la notificación encomendada, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, tomando en consideración que los oficios que se ordena reexpedir en párrafos que anteceden son necesarios para la correcta integración del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva, se deja sin efectos el DIEZ DE OCTUBRE DE ESTE AÑO señalado para ello en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, para dar tiempo a la tramitación y notificación del recurso de revisión se señala el DIECISIETE DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, para el envío del asunto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su dispositivo 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Administradora de Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, por medio del cual en atención al auto de veinticinco de septiembre, informa que los acuses de los oficios ******************** ya fueron entregados, de lo que la suscrita queda enterada para los efectos legales correspondientes. Notifíquese en términos de ley.

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