Hediberto Guzman Barrera

Expediente 1448/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1448/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
19/12/2017

Partes del expediente

  • Hediberto Guzman Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA V. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías el veintisiete de noviembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya obra el oficio suscrito por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo y exhibió copia certificada de diversas constancias; así como que mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva terminada de engrosar el siete de diciembre de dos mil quince, se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, la que en fecha veintidós de diciembre de dos mil quince, fue recurrida por la citada responsable. En este sentido, se aprecia que por ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca 273/2016, confirmó la sentencia recurrida y otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Otilia Pardo Lozano, en los términos siguientes: ".EFECTOS DE LA SENTENCIA. Por todo lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa OTILIA PARDO LOZANO el AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL que solicita, para el efecto de que tales preceptos legales no se le apliquen en el presente y en lo futuro y, como consecuencia, la autoridad responsable y los actos que debe realizar son: 1. El Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, deberá: Dejar insubsistente el acto de aplicación reclamado, consistente básicamente en el oficio número ISS.100.31.300.302.6.1617.08.2015 de veintiséis de junio de dos mil quince. No aplicar, exclusivamente a la quejosa el artículo 51, fracción II, inciso c) y segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y numeral 12 de su Reglamento, en lo presente y en lo futuro, tal como así lo dispone la jurisprudencia P./J. 112/99. Ordenar el pago de las cantidades que a la quejosa le corresponda por la pensión de viudez a la que tiene derecho y que, en su caso, le hayan sido indebidamente retenidas por la autoridad responsable, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados." Así, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en el oficio que remitió el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria; esto es, que dejó insubsistente el acto de aplicación reclamado, consistente en el oficio número ISS.100.31.300.302.6.1617.08.2015, declaró no aplicar a la quejosa el artículo 51 fracción II, inciso C y segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y numeral 12 de su reglamento, en lo presente y en lo futuro y ordenó el pago de la cantidad retenida a la quejosa por su pensión de viudez, lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que adjuntó a su oficio de referencia la responsable. Por lo anterior, en el caso debe considerarse que la responsable dio cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este juzgado por las razones precisadas con antelación, pues se estima que los efectos del amparo concedido a la parte quejosa sí fueron cumplidos; de ahí que con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Situación que se corrobora con el escrito de la parte quejosa presentado ante esta autoridad el ocho de noviembre del presente año, en el cual informa el cumplimiento que la responsable dio a la ejecutoria de amparo, sin manifestar inconformidad alguna al respecto.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda la guía de estafeta que contiene el oficio número 33512/2017, dirigido al Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña; el cual fue devuelto con la leyenda "cambio de domicilio", en tal virtud, reexpídase el aludido oficio de fecha dieciséis de noviembre del año en curso, junto con un anexo, a la autoridad responsable, en el domicilio correcto, esto es, ubicado en Avenida Constituyente 1070, Miguel Hidalgo, Lomas Alta, código postal 11950, con sede en la Ciudad de México, a fin de que dicha autoridad tenga conocimiento del contenido del oficio y anexo demérito

  4. Principal

    MESA V. Agréguense a estos autos los informes justificados y de suspensión de plano rendidos, respectivamente, por el Fiscal Investigador Especial Número Tres por ausencia temporal del Fiscal Investigador Especial Número Uno, ambos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, y anexo que acompaña, el Fiscal Investigador Especial Número Dos en ausencia temporal del Fiscal Investigador Especial Número Uno, ambos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, la Fiscal Investigadora Número Dos en ausencia de la Fiscal Investigadora Número Uno ambos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, la Fiscal Investigadora Número Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, la Fiscal Investigadora Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, el Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, el Titular de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación, el Delegado en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República, y el Jefe de Sanciones Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como las constancias que acompañaron a los mismos; mismas documentales a la que se les otorga valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas, concretamente las remitidas por el Fiscal Investigador Especial Número Tres por ausencia temporal del Fiscal Investigador Especial Número Uno, ambos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio, su detención y la incomunicación de la que dijo ser víctima. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su informe justificado, el mencionado Fiscal Investigador Especial Número Tres de la Fiscalía General del Estado, se aprecia que el veinticinco de noviembre del año en curso, emitió un acuerdo en el cual determinó otorgar al quejoso su libertad, ya que el delito que se le pretendió imputar no merece prisión preventiva oficiosa; al igual, esa autoridad ministerial determinó que no pretende solicitar, por el momento, como medida cautelar, la prisión preventiva, por lo que esa representación social pretende continuar con las indagatorias pertinentes a los hechos delictuosos que nos ocupan, a fin de allegarse a más datos de prueba. En este orden de ideas, ya que el veinticinco de noviembre pasado, la autoridad ministerial emitió un acuerdo en el cual ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó, en esencia, la privación de su libertad a causa de su detención; en consecuencia, se llega a la conclusión de que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo de libertad combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho constitucional violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y siete minutos del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense a estos autos los informes justificados y de suspensión de plano rendidos, respectivamente, por el Fiscal Investigador Especial Número Tres por ausencia temporal del Fiscal Investigador Especial Número Uno, ambos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, y anexo que acompaña, el Fiscal Investigador Especial Número Dos en ausencia temporal del Fiscal Investigador Especial Número Uno, ambos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, la Fiscal Investigadora Número Dos en ausencia de la Fiscal Investigadora Número Uno ambos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, la Fiscal Investigadora Número Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, la Fiscal Investigadora Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, el Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, el Titular de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación, el Delegado en el Estado de Yucatán de la Procuraduría General de la República, y el Jefe de Sanciones Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como las constancias que acompañaron a los mismos; mismas documentales a la que se les otorga valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas, concretamente las remitidas por el Fiscal Investigador Especial Número Tres por ausencia temporal del Fiscal Investigador Especial Número Uno, ambos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio, su detención y la incomunicación de la que dijo ser víctima. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su informe justificado, el mencionado Fiscal Investigador Especial Número Tres de la Fiscalía General del Estado, se aprecia que el veinticinco de noviembre del año en curso, emitió un acuerdo en el cual determinó otorgar al quejoso su libertad, ya que el delito que se le pretendió imputar no merece prisión preventiva oficiosa; al igual, esa autoridad ministerial determinó que no pretende solicitar, por el momento, como medida cautelar, la prisión preventiva, por lo que esa representación social pretende continuar con las indagatorias pertinentes a los hechos delictuosos que nos ocupan, a fin de allegarse a más datos de prueba. En este orden de ideas, ya que el veinticinco de noviembre pasado, la autoridad ministerial emitió un acuerdo en el cual ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó, en esencia, la privación de su libertad a causa de su detención; en consecuencia, se llega a la conclusión de que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo de libertad combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho constitucional violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: ...Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y siete minutos del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. ...

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