Hedgar Hernández Hernández
Expediente 738/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Hedgar Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese al expediente el oficio suscrito por el Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México; a través de los cuales acusan recibo de las constancias que les fueron devueltas en cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de junio de dos mil veintidós. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese en autos el escrito de cuenta suscrito por la tercera interesada **************, personalidad que tiene acreditada en autos; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias certificadas que solicita previa toma de razón que por su recibo obre en autos. Finalmente, se tiene por autorizado para tramitar y recoger las copias en comento, a la persona que señala, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
PRAL. 738/2020-III En la Ciudad de México, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de la tercera interesada ************, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias certificadas que refiere, siempre y cuando dichas constancias obren en autos, las cuales deberán de ser entregadas por conducto de persona autorizada para tal efecto, previa toma de razón que se asiente en autos para debida constancia. En la inteligencia que la parte promovente deberá gestionar las citas respectivas, una para la expedición y otra para la entrega de las copias que solicita, en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias; lo anterior, derivado de la contingencia sanitaria por el virus Covid-19. Por otro lado, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en que indica. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, en virtud de que tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y RESOLUCIÓN En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, día y hora señalados en autos, para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 738/2020-II, promovido por ***************;...Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no hay ocursos por proveer, que las partes no solicitaron la videoconferencia a que se refiere el acuerdo mencionado y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 738/2020-II, promovido por ***************, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México; y, ...R E S U L T A N D O: ...C O N S I D E R A N D O: ...QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se actualiza la CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". De la intelección de ambos preceptos se desprende que, cuando se reclaman actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, el juicio de amparo es improcedente cuando no se acredite la afectación del interés jurídico del quejoso. Por interés jurídico se entiende el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1854, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente" (el subrayado es añadido). Ahora, en los casos en que se reclama la posesión de un inmueble, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene tal derecho; entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Así lo determinó el Pleno de nuestro máximo tribunal, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, publicada en la página 5, Tomo XV, febrero de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común" (lo subrayado es añadido). En resumen, existe interés jurídico cuando la parte peticionaria del amparo tiene un derecho tutelado por la ley (vida, libertad, propiedad o posesión) que, cuando es transgredido por un acto de autoridad, la faculta a acudir al juicio de amparo a fin de que se le restituya en el goce de la garantía individual violada. En la especie, el quejoso señala como acto reclamado la sentencia definitiva dictada por el Juez responsable en el juicio ordinario civil 545/2015, promovido por **************, contra ***********, así como su ejecución y la orden de lanzamiento que se pretenda practicar respecto del inmueble identificado como: *************; lo anterior, derivado de su falta de emplazamiento. Asimismo, el quejoso se ostenta tercero extraño a tal procedimiento, pues refiere que las autoridades responsables debieron respetar su derecho de audiencia, así como la posesión que tiene sobre el inmueble que refiere, con motivo de la propiedad que aduce tiene respecto de él. Para acreditar lo anterior ofreció como pruebas: 1. Original de dos recibos por concepto de luz, a nombre de José Nápoles Reyes, de dos mil trece y dos mil quince. 2. Copia simple de un estado de cuenta de servicio Axtel, con fecha límite de pago de catorce de junio de dos mil diecinueve. 3. Copia simple de la boleta de derechos por servicio de agua para todo el edificio con número de cuenta 18-41-973-201-01-000-5, a nombre de ***********, de veinte de marzo de dos mil nueve, veintiuno de mayo de dos mil trece y quince de julio de dos mil trece. 4. Copia simple del requerimiento de pago de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, con acta de visita. 5. Copia simple de la nota de mostrador 6510 por el recibo de compra de una bomba. 6. Copia simple de un escrito inicial de averiguación previa en contra de los ocupantes del inmueble ubicado en **************. 7. Copia simple del instrumento notarial 10,328, de veintiséis de febrero de dos mil trece. 8. Copia simple de diversas constancias de la indagatoria FCH/CUH-7/T3/04034/13-12. Ahora bien, respecto a la prueba indicada en el numeral 1, RESULTA INEFICAZ para acreditar el INTERÉS JURÍDICO de la parte quejosa, presupuesto indispensable para promover el juicio de amparo respecto del inmueble objeto de la controversia del juicio natural, porque, en el mejor de los casos, solo se acreditaría que tiene contratado el servicio por suministro de energía eléctrica en el inmueble que indica en la demanda; pero no se justifica que sea propietario del inmueble cuya afectación reclama. Con relación a las diversas documentales reseñadas en los numerales del 2 a la 8, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, SON INSUFICIENTES para demostrar el INTERÉS JURÍDICO de la parte quejosa, en tanto que sólo tienen valor indiciario que no está corroborado o apoyado por otras pruebas. Sirve de apoyo, tesis de jurisprudencia 2ª/J 21/1998, visible en el Tomo VII, Abril de1998, Novena Época, página 213, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Por lo anterior, sobreviene la CAUSA DE IMPROCEDENCIA a que se refiere la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el interés jurídico constituye un presupuesto que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, para lo cual es necesario que se acredite el menoscabo en los derechos que se dicen afectados por el acto de autoridad. Al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados de la autoridad ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse respecto del Actuario adscrito al juzgado responsable, pues no se reclaman por vicios propios. Sirve de apoyo a dicha consideración la jurisprudencia número 647, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y que se puede consultar en la página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común que a la letra dice: "AUTORIDAD EJECUTORA, SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **************, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, por las razones apuntadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por lista a las demás partes.
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