Hedeyanira Nallely Barbosa Velázquez

Expediente 908/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
908/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Hedeyanira Nallely Barbosa Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, al ser un hecho notorio que la autoridad responsable se encuentra gozando de su periodo vacacional, se ordena el resguardo del oficio dirigido a la misma en la Actuaría de este órgano jurisdiccional y una vez concluido el lapso de suspensión de labores, notifíquese de inmediato. Al respecto se cita la jurisprudencia 16/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, del Tomo 78, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de Junio de 1994, Octava Época, cuyo rubro es el siguiente: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO." Notifíquese

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada del oficio girado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, dentro de los autos del expediente laboral número 949/E/2017, en el que obra el sello de recibido de dichas autoridades. En tal virtud, téngase a dicha autoridad informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector y se le reitera su obligación de tomar las providencias necesarias con la celeridad requerida por la ley a fin de cumplir con los lineamientos de la sentencia proteccionista, máxime que nos encontramos en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que este Juzgado sólo estará en posibilidad de pronunciarse en torno al cumplimiento del fallo protector una vez que se haya ejecutado el laudo emitido en el expediente laboral 949/E/2017. Notifíquese.

  3. Principal

    EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL veintiuno de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 908/2022, promovido por HEDEYANIRA NALLELY BARBOSA VELÁZQUEZ, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, así como el informe justificado de la autoridad responsable. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). A continuación se abre el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias allegadas por la parte quejosa con su escrito de demanda y con las que la autoridad responsable allegó al presente cuaderno. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: Al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 908/2022, promovido por Hedeyanira Nallely Barbosa Velázquez; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, recibido en este juzgado el veinte siguiente, compareció Hedeyanira Nallely Barbosa Velázquez, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La Tardanza u Omisión de la Autoridad Responsable en radicar de nueva cuenta la demanda, así como ordenar llevar a cabo los actos subsecuentes, es decir, el emplazamiento de los demandados y notificación de los Terceros Llamados a Juicio, obligaciones contenidas en el artículo 111 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, así como los diversos artículos 742, 750 y 873 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Hedeyanira Nallely Barbosa Velázquez, y se registró con el número 908/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias allegadas por la responsable, se obtiene que lo que se le reclama es lo siguiente: La omisión de radicar la demanda laboral Omisión de emplazar a los demandados y notificar a los terceros. TERCERO. Inexistencia del segundo acto reclamado. Por cuanto hace a la omisión atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, de emplazar a los demandados y notificar a los terceros, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. Lo anterior, debido a que no es factible que la autoridad incurra en la omisión de emplazar a los demandados y notificar a los terceros, antes de la radicación de la demanda laboral, es decir, tal inexistencia se actualiza desde la óptica de que, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de mayo de dos mil veintidós), no existía la determinación que radicaba el juicio, mucho menos existía la orden de emplazar a los demandados y notificar a los terceros. Ello pone de relieve que tal omisión resulta futura e incierta y, por ende, no puede constituir válidamente un acto contra el que procede el amparo indirecto, en la medida que es presupuesto necesario que el acto exista previo a la promoción de la demanda. En el caso, al no ser así, la omisión reclamada conforma un acto futuro, basado sólo en suposiciones y temores. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, correspondiente a la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Página: 106, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. No procede contra actos futuros y basado sólo en suposiciones y temores, sin saber qué autoridad verificará esos actos y si por ello se violará o no alguna garantía constitucional." Igualmente deviene aplicable la tesis aislada emitida también por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, durante la misma Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 727, cuya sinopsis se inserta enseguida: "AMPARO. Sólo puede resolver controversias que se suscitan por leyes o actos que violan las garantías individuales, y no procede por simples temores de que lleguen a violarse esas garantías." Consecuentemente, en relación con el acto que se precisa en este apartado, consistente en la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada, dentro del juicio laboral, con fundamento en la fracción IV del precepto 63 de la Ley de la Materia, se sobresee en el presente juicio de amparo. CUARTO. Certeza del primer acto reclamado. Por otra parte, respecto a la omisión de radicar la demanda laboral, al rendir su informe justificado, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, si bien manifestó que es cierto en parte el acto que se le atribuye, también lo es que derivado del escrito de demanda, el siete de junio de dos mil veintidós, procedió a dictar el auto de radicación respectivo, en el que registró la demanda presentada bajo el número 300/E/2020, asimismo, ordenó la notificación de la misma a la parte demandada, a fin de que realizara la contestación de ley dentro del término concedido para tal efecto. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como plenamente probado el acto reclamado a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de radicar la demanda laboral. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. Ahora, respecto a la omisión de radicar la demanda laboral, en el presente asunto dicha causal encuadra a través de la emisión del acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós. En dicho auto, la responsable radicó la demanda laboral de diecinueve de junio de dos mil veinte, y la registró bajo el número 300/E/2020, en el que, entre otras cosas, ordenó el emplazamiento de la parte demandada, a fin de que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación correspondiente, diera contestación a la demanda, u opusiera excepciones y defensas, bajo el apercibimiento de que en caso de no dar contestación, se le tendría por contestando en sentido afirmativo. En esa virtud, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, de radicar la demanda laboral, pues con el dictado del acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, desaparece el estado de abstención en que incurrió dicha autoridad, actualizándose, en consecuencia, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por a Hedeyanira Nallely Barbosa Velázquez; respecto al acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y último de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que aún no obra constancia que determine que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, se encuentre notificada del oficio 18942/2022 de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por el cual se le requirió para que justificara el envío del oficio 8818/2022 de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dirigido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones, reexpídase el oficio 18942/2022, dirigido a la autoridad responsable, a fin de que esté en posibilidad de rendir la información solicitada. Finalmente, se agrega el escrito signado por el licenciado Juan Carlos Cortina García, y en atención a su contenido, se le dice que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído. NOTIFÍQUESE.

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