Héctro Eduardo Gómez Olvera

Expediente 338/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
338/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2019

Partes del expediente

  • Héctro Eduardo Gómez Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    De certificación y como de ella se desprende que transcurrió el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que tal determinación ha causado estado. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina No obran documentos originales. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA HÉCTOR EDUARDO GÓMEZ OLVERA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. I. Formación del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 338/2019-III, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Quejoso. Héctor Eduardo Gómez Olvera. III. Autoridad responsable. Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad. IV. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, siendo el siguiente: La falta de notificación personal respecto de la resolución del incidente de actualización de intereses ordinarios y moratorios de convenio, dictada el nueve de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio 311/2015-C, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad. Precisión que se realiza atendiendo al contenido integral de la demanda de garantías de donde se desprende que el impetrante de la acción constitucional en el capítulo del acto reclamado señaló el antes precisado, y en los antecedentes su libelo manifestó que bajo protesta de decir verdad, que si bien es cierto, promovió incidente de nulidad de actuaciones, también lo es que, el mismo fue tramitado y resuelto en relación con una diversa notificación, siendo ésta la relativa al proveído de nueve de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se le requiere para que señale perito de su parte; sin embargo, el quejoso aduce que consecuencia de lo resuelto en la incidencia de nulidad que planteó, se percata que nunca fue notificado de la resolución del incidente de actualización de intereses pronunciada el nueve de agosto de dos mil dieciocho, de ahí que, ésta sea su queja constitucional, esto es, la falta de notificación de la interlocutoria de intereses de mérito. Este órgano jurisdiccional estima que en relación con el acto impugnado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, de la ley de la materia que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como es el de definitividad, consistente en que, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, al amparo sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, siempre y cuando sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción permite advertir que, para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución o actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar el proceder del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Sostiene lo así expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual manera, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 44/2012 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro X, Julio de 2012 Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En el caso, como ya se dijo, la queja constitucional del demandante del amparo versa en el sentido de que no se practicó la notificación personal de la interlocutoria emitida el nueve de agosto de dos mil dieciocho, en el incidente de cuantificación de intereses, derivado del juicio de origen. Para justificar la actualización de la causa de improcedencia respecto del acto reclamado, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 328 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que estatuyen: "ARTÍCULO 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto". "ARTÍCULO 329. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano". De la interpretación literal de los numerales transcritos, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un mecanismo de defensa, a través del cual se puede conseguir la nulidad de las notificaciones que no fueren realizadas en la forma que establecen las disposiciones correspondientes, o bien, se omitiere practicar la misma. Ciertamente, la nulidad de notificaciones tiene como finalidad anular la notificación que se practique en forma distinta a la prevenida por la ley y que lesione los intereses de la parte quejosa, con efectos similares a la revocación. En ese contexto, si el solicitante del amparo reclama la falta de notificación personal respecto de la resolución pronunciada en el incidente de actualización de intereses ordinarios y moratorios de convenio, dictada el nueve de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario civil 311/2015-C, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONATIV), a través de su apoderado, contra el aquí quejoso, sobre acción de cumplimiento de contrato de apertura de crédito y constitución de garantía hipotecaria; es incuestionable que previo acudir al presente juicio de amparo debió promover el incidente de nulidad previsto en los artículos 328 y 329 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, para cumplir con el principio de definitividad rector del juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. Por tanto, si el aquí quejoso no controvirtió la falta de notificación personal a través del medio ordinario que tenía a su alcance para lograr nulificar el acto impugnado, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resultan aplicables por identidad de razón la jurisprudencia y la tesis emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visibles en la páginas 1651 y 1628, Tomos XX y XXVI, septiembre de 2004 y agosto de 2007, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que rezan: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DEUDOR QUE ESTIME ILEGAL EL TRABADO EN SU CONTRA DEBE IMPUGNARLO EN VÍA INCIDENTAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 1394, tercer párrafo y 1414 del Código de Comercio, este último anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, se advierte que el legislador otorgó al deudor la oportunidad de defenderse, en caso de que resulte afectado en la ejecución de la diligencia de embargo, a través de la acción incidental prevista en el segundo de los numerales mencionados. Por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad, el demandado en un juicio ejecutivo mercantil que estime ilegal el embargo trabado en su contra, debe impugnar dicha diligencia en la referida vía incidental, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, pues a través de aquélla puede nulificarse la actuación procesal impugnada por el agraviado. De lo contrario, el juicio de garantías resulta improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, cuya esencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se hubiesen agotado ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación para que ésta, o su superior jerárquico, tengan oportunidad de subsanar la irregularidad existente, y sólo en el supuesto de que no fuera así, es factible promover el juicio de amparo. Invariablemente, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, en virtud a que la acción constitucional resulta extemporánea. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto de los citados artículos de la Ley de Amparo; mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, el último de los preceptos legales invocados evidencia que la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, para acreditar dicha causal de improcedencia se toma en consideración lo aseverado por el demandante del amparo, en su libelo constitucional. Así es, la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, afirmó en el apartado que denominó "ANTECEDENTES", que el diez de septiembre de la anualidad pasada, en el juicio se origen se emitió un auto en el que declaró que había adquirido firmeza la resolución del incidente de actualización de intereses ordinarios y moratorios de convenio, el cual fue notificado por lista a las partes el once siguiente. Por tanto, se considera sin lugar a dudas, que desde que se le notificó el auto que adquirió firmeza la interlocutoria de mérito (de nueve de agosto de dos mil dieciocho), tuvo conocimiento de la notificación realizada en forma distinta de la prevenida en la ley, o bien, de su omisión, en relación con dicha sentencia interlocutoria. Para justificar lo anterior, véase el escrito de demanda en la parte que dice: ".ANTECEDENTES. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La parte actora actúa en el juicio de origen y a foja número 259 solicita que el auto de fecha 9 nueve de agosto del año 2018, cause firmeza, respecto de la sentencia interlocutoria, y por acuerdo de fecha 10 diez de Septiembre el Juez, acuerda que como no se impugno dicha sentencia interlocutoria, acuerda que ha adquirido firmeza, notificando por lista a las partes el día 11 once de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho." Manifestaciones, que constituyen el reconocimiento o confesión del accionante de haber tenido conocimiento del acto reclamado en comento, desde el once de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en que fue publicado por medio de lista que había adquirido firmeza la resolución incidental que reclama no le fue notificada, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." De dichas manifestaciones, se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que la parte promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, afirmó en el capítulo de antecedentes, que el once de septiembre de la anualidad pasada fue publicado en la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional responsable, que había adquirido firmeza la resolución incidental sobre la cual ahora reclamada que no le ha sido notificada. Debe destacarse que basta el solo reconocimiento del promovente de que tuvo conocimiento del acto en cuestión en esa fecha, independientemente del medio, para considerarlo como punto de partida a partir del cual comenzó a computar el plazo para promover el juicio de amparo. Por tanto, el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, para haber promovido la demanda de amparo en contra del referido acto reclamado, feneció el dos de octubre de dos mil dieciocho. Por ende, al realizar un análisis conjunto del precepto normativo con el caso concreto, se obtiene que la demanda es improcedente, porque su presentación es extemporánea; tal y como se aprecia a continuación: Fecha en la que tuvo conocimiento el quejoso. Cómputo del plazo de quince días: Fecha de la presentación de la demanda de amparo: Días inhábiles: 11 de septiembre de 2018. 12 de septiembre al 03 de octubre de 2018. 22 de abril de 2019. 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 2018, por ser sábados y domingos, y el 14 del mismo mes y año por haber sido declarado inhábil. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veintidós de abril de dos mil diecinueve, su presentación se verificó en forma extemporánea. Por consiguiente, el acto reclamado ya no puede ser analizado, porque lo consintió tácitamente, al no haber promovido el amparo dentro del término a que alude el numeral 17 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia en análisis; con fundamento en el artículo 113 de la Ley propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Héctor Eduardo Gómez Olvera. V. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en la demanda de derechos fundamentales, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Eric Daniel Infante Torres y Luis Felipe Méndez Rojas, por así haberlo solicitado. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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