Héctor Zepeda Covarrubias
Expediente 2499/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2499/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/03/2022
Partes del expediente
- Héctor Zepeda Covarrubias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la sentencia de veintisiete de enero de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el juicio e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que, en lo conducente, se advierte que, el veintisiete de enero de dos mil veintidós, se pronunció sentencia en el presente juicio, sin que obren agregadas las constancias de notificación a las partes de dicha resolución, por lo que, se instruye al actuario para que, de no haber practicado la notificación respectiva, la realice de inmediato o, de ser el caso y ya haber practicado dichas notificaciones, a la brevedad, las haga visible en el expediente electrónico.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2499/2021, promovido por Héctor Zepeda Covarrubias, por conducto de su apoderado especial, contra actos del Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante demanda electrónica presentada el catorce de diciembre de dos mil veintiuno; y turnada a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; Héctor Zepeda Covarrubias, por conducto de su apoderado especial José de Jesús Cruz Verjan, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él precisó; y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno; se admitió la demanda; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinacio´n del nu´mero y li´mites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la Repu´blica Mexicana; y al nu´mero, a la jurisdiccio´n territorial y especializacio´n por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; asi´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominacio´n y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse actos de autoridad residente en la jurisdiccio´n de este o´rgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: Al Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, le reclama: - La actuación de que fijó la fecha excesivamente lejana, para el día dieciséis de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, incumpliendo la responsable con ello con lo previsto en la ley federal del trabajo, en el juicio laboral de origen 5/2019-A2. Sin que sea óbice, que en el escrito de demanda, de manera incorrecta el quejoso por conducto de su apoderado especial, refiere que al juicio laboral de origen le correspondió el número de expediente "1303/2021/b3"; pues de la lectura integral del escrito de demanda y la revisión de las constancias que allegó el Tribunal responsable, y que conforman el presente juicio, queda de manifiesto que el expediente laboral correcto es el 5/2019-A2; tal y como se precisó con antelación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, pues así lo confesó al rendir su informe justificado, al cual, además, anexó copia certificada del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, del cual se advierte que sí señaló como fecha las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, (fecha excesivamente lejana), para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente laboral 5/2019-A2. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no . Al respecto, por lo que hace al acto reclamado a la responsable, consistente en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el que señaló las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente laboral 5/2019-A2; el suscrito estima se encuentra actualizada la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.). I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." El primer precepto citado prevé que el juicio de garantías es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Del segundo numeral, se obtiene que el juicio biinstancial constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la Unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. Bajo esa óptica, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que se estima vulnerada. En efecto, se afirma que existe imposibilidad para concretar en su caso, los efectos de la protección constitucional toda vez que la parte quejosa reclama la omisión llevar a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el término de ley; esto es, el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el que señaló las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral 5/2019-A2; lo que deviene relevante, pues de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a su favor, el eventual efecto de tal concesión se traduciría en que la autoridad dejara sin efecto ese proveído y emitiera otro en el que señalara una nueva fecha para el verificativo de tal audiencia dentro de los plazos y términos respectivos. Sin embargo, es importante considerar los plazos que el propio procedimiento de amparo, prevé para que una sentencia adquiera firmeza, a fin de iniciar el procedimiento de ejecución de la resolución concesoria de amparo, al respecto los artículos 86, y del 192 al 198 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para ello, por lo que atendiendo a dichos lapsos, éstos serían superiores a la fecha tardía que ya señaló la responsable para la audiencia de referencia. Es decir, la sentencia dictada el día de hoy, con una eventual concesión, se notificaría al día siguiente, y dejar transcurrir el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que cause ejecutoria la sentencia, y proceder a la ejecución de la misma. Dicho de otro modo, si la sentencia de protección de derechos fundamentales que se emite hoy (veintisiete de enero de dos mil veintidós), y considerando que el Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, fijó como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en autos del juicio laboral 5/2019-A2, las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós; a nada práctico ni benéfico para la parte quejosa llevaría que se concediera el amparo en contra de la dilación procesal respecto de la fecha señalada para tal efecto. Ello, toda vez, que lejos de lograr acatar el imperativo constitucional de lograr la administración de justicia de manera pronta y expedita, se ocasionaría, un retraso en este aspecto, y una falta de concreción práctica en los efectos del amparo, lo que es del todo contrario a la naturaleza misma del juicio de amparo, pues, en el caso, sería perjudicial indicar que se deje sin efecto la fecha señalada por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, si llegase a celebrarse en sus términos, con lo cual se colmaría la expeditez en la administración de la justicia, siendo que, además, al tener que dejar transcurrir diez días para que cause ejecutoria la resolución que concediera el amparo, para solicitar el cumplimiento a la ejecutoria, estaría muy próxima la fecha de las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, señalada por la responsable. Lo anterior, al tomar en consideración, que la notificación de la presente resolución se haría al día siguiente de su dictado, esto es, el veintiocho del presente mes y año, surtiría efectos dicha notificación el treinta y uno siguiente, transcurriendo el plazo de diez días para ejecutarla si es que no se recurre, descontándose sábados y domingos, entonces, existiría imposibilidad jurídica para señalar una fecha anterior a la ya señalada, haciéndose nugatoria la protección que se concediese, al quedarse presumiblemente sin materia el cumplimiento de la misma. Se explica. Una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, se requeriría a la responsable para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, los cuales pueden prorrogarse por una ocasión por el mismo plazo. En cumplimiento a dicha ejecutoria la autoridad responsable, debería dejar insubsistente el acto reclamado y señalar una nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los quince días siguientes, acorde con lo establecido en el artículo 873 de la ley laboral; por ende, tal circunstancias causaría mayores perjuicios a la parte quejosa por atender a los plazos legales del procedimiento; lapso que evidentemente superaría o estará muy próxima a la fecha señalada para la audiencia señalada para el dieciséis de febrero de dos mil veintidós. De ahí, que es claro que, de concederse el amparo, se causaría mayor perjuicio a la parte quejosa, pues como se ha visto se deben respetar los plazos que en etapa de ejecución precisa la Ley de Amparo, y transcurridos éstos la fecha de la audiencia programada en el juicio de origen, también ya habría quedado superada procesalmente. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Común, Página 9, Registro 197245, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al diverso 77, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de protección de derechos fundamentales. En esa virtud, se hace innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por el impetrante de garantías, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Además, ante el sobreseimiento decretado es innecesario realizar pronunciamiento respecto de las manifestaciones de la responsable en cuanto a los motivos que llevaron a programar la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fuera de los plazos establecidos en la ley (quince días). De ahí que lo debido sea sobreseer por los motivos antes precisados, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Héctor Zepeda Covarrubias; contra el acto reclamado del Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; que precisado quedó en el considerando segundo y por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo sentenció y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Nathali Cisneros Mendoza, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinte de enero de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guarda este asunto, se pudo destacar que feneció el plazo de diez días hábiles otorgado en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, a fin de que las autoridades Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, Secretaría del Ayuntamiento, Sindicatura Municipal y Dirección de Integración Dictaminación, todas del Municipio de Zapopan, Jalisco, remitieran las constancias certificadas que ahí fueron especificadas atento a la vista que evacuó la parte quejosa en dicha determinación, sin que así lo hayan hecho; lo anterior, ya que fueron notificadas del auto en mención el cinco de enero en curso. Último requerimiento. En consecuencia, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a las autoridades Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, Secretaría del Ayuntamiento, Sindicatura Municipal y Dirección de Integración Dictaminación, todas del Municipio de Zapopan, Jalisco, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, den cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, esto es, remitan copias certificadas, completas y legible de las constancias solicitadas por la parte quejosa mediante la solicitud de transparencia 04141421. Para mayor referencia, se ordena adjuntar copia de la promoción 7697. Subsiste apercibimiento. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior dentro del término precisado para tal efecto, o bien, de no informar el impedimento legal o materia que tengan para ello, se procederá hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, es decir, se le impondrá a la autoridad que sea omisa, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Diferimiento de la audiencia incidental. En consecuencia, para dar margen a que las autoridades de referencia se encuentren en aptitud de cumplir con el requerimiento en comento, se determina diferir la audiencia incidental señalada el día de hoy, y se señala como nueva data las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga su verificativo. Justificación de la determinación. Se señala esa data en razón de que si bien es cierto, conforme a lo dispuesto por el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, la audiencia incidental se debe resolver dentro del plazo de cinco días siguientes, en el caso se considera necesario que las autoridades de referencia desahoguen el requerimiento que se les realizó el veintiocho de octubre de la anualidad en curso, y atento a lo que informen, se emitan las gestiones correspondientes, es por ello que, a fin de evitar mayores diferimientos innecesarios, se señala la hora y data citadas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe. RAAG/DCSR/mfcs
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