Héctor Zapien Gallardo
Expediente 832/2017 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/01/2018
Partes del expediente
- Héctor Zapien Gallardo
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
La sala acusa recibo...archívese este expediente...el presente asunto es susceptible de destrucción.
- Juicio de Amparo Directo
Ciudad de México, a veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la presidenta de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual envía el juicio de nulidad J.N. 14333/17-17-10-9, en el que obra la demanda de amparo promovida por Héctor Zapien Gallardo, por conducto de su autorizado Juan Eleazar Olmos Reyes, en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la presidenta de la mencionada sala, en el referido juicio contencioso administrativo. Desglósese del mencionado juicio el original de la demanda de amparo y agréguese al presente asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno. Acúsese recibo. Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Zapien Gallardo, por conducto de su autorizado Juan Eleazar Olmos Reyes, este tribunal estima desecharlo, en atención a los siguientes razonamientos. En efecto, la parte actora al promover la demanda de nulidad relativa, en lo que aquí interesa, lo hizo en los siguientes términos: ".Héctor Zapien Gallardo, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Idelfonso Velasco número 181, despacho 103, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México, y autorizando en términos del artículo 5 párrafo 5° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a los licenciados en Derecho Juan Eleazar Olmos Reyes, Manilo Martínez Canales con cédulas profesionales números 9232335 y 4126074." Asimismo, el nueve de agosto de dos mil diecisiete, la sala del conocimiento, acordó en lo que aquí interesa lo siguiente: ".Téngase por autorizadas a las personas señaladas en el escrito de cuenta, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, así como para hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e imponer recursos, únicamente respecto de las personas que cuentan con su cedula profesional registrada ante la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal. ..." Ahora bien, el artículo 5º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece en su último párrafo, lo siguiente: "Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a un licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo." Por su parte, el artículo 11 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución que reclama. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con el que se ostenta." Del contenido del citado artículo se desprende que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta debe ser admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales siempre que lo acredite con las constancias respectivas; asimismo, se advierte que en amparo directo la representación podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada; sin embargo, no se aprecia de dicho numeral que el autorizado para recibir notificaciones en el juicio contencioso administrativo, tenga facultades para promover la demanda de amparo en representación de su autorizante. Al respecto, es importante destacar el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo anterior, los cuales disponen: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado." El mencionado precepto constitucional establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo antes transcrito, prevé que el juicio de amparo sólo podrá seguirse por la parte agraviada, por su representante legal o apoderado. De lo anterior se desprende que únicamente el actor en el juicio de nulidad es el que se encuentra en posibilidad de promover la demanda de amparo, ya que la promoción de ésta exige que sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, lo que significa que solamente él puede demandar la protección de la Justicia Federal, porque es el único que se encuentra legitimado para decidir cuáles son los actos que le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, o bien, su representante legal o su apoderado legal, estas dos últimas que podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 11 de la Ley de Amparo, para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no así el autorizado para recibir notificaciones. Por tal motivo, el promovente Juan Eleazar Olmos Reyes, carece de legitimación para promover la presente demanda de amparo a nombre del quejoso Héctor Zapien Gallardo, pues como ya se vio, carece de facultades para promoverla, en virtud de que conforme a la fracción I del citado artículo 107 constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe mencionar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por tanto, sólo él puede demandar la protección de la Justicia Federal, o en su caso, su representante legal o su apoderado legal, estas últimas personas que podrán ser reconocidas en términos del aludido artículo 11 de la Ley de Amparo, para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no así los autorizados en términos amplios, como aconteció en el caso particular, en virtud de que Eleazar Olmos Reyes quien promovió la demanda de amparo a nombre del quejoso, no acreditó ser apoderado legal ni representante del quejoso Héctor Zapien Gallardo; de ahí que el promovente carece de legitimación para acudir en demanda de amparo en favor de la persona física citada. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.90/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1176, cuyo rubro y texto son: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria." No es óbice a lo aquí expuesto que la jurisprudencia invocada se refiere al artículo 13 de la Ley de Amparo anterior, pues el artículo 11 de la Ley de Amparo vigente, comparte la misma esencia del principio de parte agraviada; máxime que tal principio descansa en el artículo 107, fracción I, Constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 179 de la Ley de Amparo, se desecha por falta de legitimación la demanda de amparo, promovida Héctor Zapien Gallardo, por conducto de su autorizado Juan Eleazar Olmos Reyes, en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la presidenta de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo J.N. 14333/17-17-10-9. Téngase como domicilio para recibir notificaciones, el indicado por la parte promovente, en el escrito de cuenta. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 del "Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes Impreso y Electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo," publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su momento procesal oportuno, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte promovente. Lo proveyó y firma el magistrado Jesús Antonio Nazar Sevilla, presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante el secretario de acuerdos, licenciado Oswaldo Iván de León Carrillo, que da fe.
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