Héctor Zapata Castillo

Expediente 970/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
970/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Héctor Zapata Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Resuelve: Único. Se niega al quejoso Héctor Zapata Castillo, la suspensión definitiva solicitada, respecto del acto reclamado a la responsable señalada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos precisados en el mismo.

  2. Principal

    Vistos; toda vez que del estado que guardan los presentes autos se advierte que en proveído de tres de diciembre actual, fueron señaladas las diez horas del siete de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, cuando lo correcto es las diez horas con diez minutos del siete de enero de dos mil veinte, en obvio de mayores dilaciones procesales, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por el licenciado Alejandro César Blanco Ochoa, autorizado del quejoso, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; mediante el cual, en atención a la vista que se le dio en proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, proporciona la denominación correcta de la autoridad responsable dentro del presente juicio de amparo que es Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, la constancia en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, hágase del conocimiento de dicha autoridad responsable, la fecha y horas señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la autoridad responsable, para que, en el supuesto que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo haga saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Infórmese a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar; más no, acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2002576, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), publicada en la página dos mil trescientos noventa y nueve, del Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, tomo IV, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013030, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo." Por otro lado, respecto a la diversa autoridad responsable que el promovente señala como Director del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que dicha autoridad ya se encuentra señalada con tal carácter en autos, aunado a que de foja 14 se advierte el acuse de recepción del oficio por el cual fue emplazada al presente juicio de amparo.

  3. Incidental

    Visto; la cuenta que antecede, de la que se desprende que el día de hoy, se tuvo al quejoso, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, proporcionando la denominación correcta de la autoridad responsable, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, en virtud del requerimiento que le fue formulado en proveído del seis de diciembre de este año. Por lo anterior, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de la fecha en que fuere notificada y, en los términos precisados en el numeral 140 de la ley de la materia; apercibida que de no hacerlo, en el término indicado, se le impondrá una multa por cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo sexto del apartado B del artículo 26 Constitucional. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia incidental. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso reclama la orden de traslado del Centro Regional de Readaptación Social Varonil del Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, en el que se encuentra recluido, a diverso Centro de Readaptación y Reinserción Social de otro Estado del país; por tanto, se actualizan en la especie las hipótesis prevista en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues solicita expresamente la suspensión del acto reclamado; además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, se concede al quejoso Héctor Zapata Castillo, la suspensión provisional que solicita, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, para que no sea trasladado del Centro Regional de Reinserción Social Varonil del Estado, con sede en Cieneguillas, en que afirma se encuentra a una diverso centro de reclusión del país, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva que se pronuncie en este incidente. La suspensión concedida no surtirá efecto alguno, en el supuesto de que el impetrante ya hubiere sido trasladado, o bien, si el acto reclamado emana de autoridades distintas de las señaladas como responsables. De igual forma, atendiendo a que en los antecedentes de la demanda la parte quejosa expone que el traslado de que se duele es motivado por una negligencia del titular del área médica y del responsable del centro de reinserción social, ya que se ha comprometido gravemente su salud y por eso pretenden enviarlo a un penal federal para que sea intervenido quirúrgicamente; por ende, el quejoso podrá ser trasladado únicamente en el caso de que en el centro de reclusión en el que se encuentra no se le pueda prestar la atención médica adecuada y que en esta ciudad no existan hospitales públicos que cuenten con la infraestructura necesaria para atender el padecimiento que refiere, pues en dicho caso su salud y su propia vida son de mayor valía y deben ser considerados preferentemente al traslado mismo que el quejoso reclama, conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo cual deberá en su caso ser debidamente acreditado, de otro modo deberá surtir efecto la suspensión aquí concedida.

  4. Incidental

    Resuelve: Único. Se niega al quejoso Héctor Zapata Castillo, la suspensión definitiva solicitada, respecto del acto reclamado a la responsable señalada en el considerando tercero de esta resolución por los motivos expuestos en el mismo.

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