Héctor Yovanny Sosa Ortega
Expediente 612/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Héctor Yovanny Sosa Ortega
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintidós. En atención a las certificaciones con que se me da cuenta, se obtiene que el veintiuno de julio del presente año, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de trece de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese a las partes en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Agréguese el escrito signado por el promovente Héctor Yovanny Sosa Ortega, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención efectuada mediante proveído de siete de julio del año en curso, manifiesta haber desahogado las irregularidades que se le hicieron notar. Ahora bien, puesto que del escrito que se provee fue presentado el doce del mes y año en curso, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito, esto es, dentro del plazo conferido para ello, según se desprende de la certificación con la que se me da cuenta, en consecuencia, se tiene al promovente presentando en tiempo su desahogo a la prevención efectuada por parte de este juzgado, y por ende, procede ahora, proveer lo conducente a su contenido. DESECHAMIENTO Ahora bien, con apoyo en la facultad derivada del artículo 1131 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, en la medida que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 612 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, la parte quejosa impugna el acto consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo hago consistir en el auto dictado en fecha veintinueve de junio de año dos mil veintidós, por el C. Juez del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia, Especializado en materia de Familia, del Distrito Judicial de Veracruz, en autos del expediente número 1031/2022 M-IV del referido Juzgado, sin omitir mencionar que a dicho expediente anteriormente le fue asignado el número 104/2020, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, y que por motivo de una excusa la Octava Sala Del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado con Residencia en Xalapa, Veracruz, lo asigno al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en el Distrito Judicial de Veracruz, radicándolo bajo el número de expediente 1031/2022 M-IV, En el que indebidamente señala una convivencia por medios digitales, al ordenar literalmente lo siguiente: """SE SEÑALAN UNA CONVIVENCIA POR MEDIOS DIGITALES, ASISTIDA DEL CECOFAM, ENTRE LOS NIÑOS DE IDENTIDADES RESREVADA Y DE INICIALES Y.A.S.LL. Y K.S.LL. Y SU PROGENITOR LOS DIAS MARTES, JUEVES Y SABADOS DE LAS 17:00 A LAS 18:00, REQUIERASE AL C. HECTOR YOVANNY SOSA ORTEGA PARA QUE PROPORCIONE NUMERO TELEFONICO Y CORREO ELECTRONICO A FIN DE LLEVAR A CABO DICHA CONVIVENCIA E INFORMESE DE LA MISMA A CECOFAM.""" Acto de autoridad que fuera dictado con violación al debido proceso, toda vez que dicha convivencia ya se encuentra determinada en el expediente primigenio número 104/2020, del índice Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 2 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." ?????????? Materia de Familia, como así lo determino el C. Juez, de dicho Juzgado, estando en audiencia pública, prevista por el artículo 145 del Código Civil Vigente en el Estado, misma que tuvo verificativo en fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, y que entre otros términos dice: dice: EL JUEZ ACUERDA.- Vista las manifestaciones de las partes interesadas en este asunto, así como de la representación social, y sobre todo al haber escuchado a los menores en comento, se fija una convivencia entre los menores de iniciales K.S.LL y Y.A.S.LL con su progenitor no custodio HECTOR YOVANNY SOSA ORTEGA, de forma presencial la cual se llevara a cabo los días en los que descanse el Señor Héctor Yovanny Sosa Ortega.....""" En ese sentido, existe una violación al debido proceso, y acceso a la justicia; al haber decretado con error judicial, una convivencia inconsistente en la justa razón de que con antelación se encuentra establecida la convivencia presencial, que es la vinculante en la especie que fue acordada en audiencia pública, en presencia de las partes, C. Fiscal de la Adscripción y Psicólogos, consecuentemente el auto que hoy se impugna, emitido por el Juez responsable, resulta ser un acto que no está fundado ni motivado, por ende es inconstitucional, al no acatar los principios constitucionales de la certeza jurídica y de legalidad, así como el principio de la aplicación exacta de la Ley, lo que me obliga a promover el presente juicio de amparo, para que no se conculquen los derechos humanos de mis menores hijo y del suscrito".[sic] Respecto de lo cual, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa, previo a su demanda de amparo, debió haber agotado el recurso de ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevé en el procedimiento de origen. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, al numerar las diversas causas por las cuales una controversia constitucional puede resultar improcedente, señala en su fracción XVIII lo siguiente: ". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, a fin de modificarlo, revocarlo o nulificarlo; de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, este es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. ?????????? De ahí que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. En el caso, interesa destacar que el acto reclamado se trata de una resolución que fija convivencias por medios digitales entre los niños de identidad reservada y su padre (aquí quejoso) esto es, una medida cautelar tendente al cuidado de los hijos, y por ende, admite en su contra, la interposición del recurso de reclamación previsto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz en los términos siguientes: "ARTICULO 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos. Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la Ley. Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar. Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso." Así, atento a que la legislación procesal en cita dispone que los autos donde se decreten las medidas adecuadas para el aseguramiento y cuidado de los niños pueden ser impugnados por medio del recurso de reclamación, es evidente que si en la especie el acto aquí reclamado, es la determinación mediante el cual ordena fijar la convivencia entre los menores y su progenitor, entonces, en su contra procedía el recurso de reclamación. De ahí que, en el caso, la parte quejosa debió combatir el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitido por el juez del proceso, en la instancia ordinaria correspondiente por medio del aludido recurso, antes de acudir a la vía extraordinaria de amparo. Además, cabe desatacar que el acto que reclama la promovente, no se ubica dentro de los supuesto de excepción que prevé la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: 1. No es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. 3. Y no se trata de persona extraña al procedimiento. 4. No es un auto de vinculación a proceso. Cobra aplicación en el presente caso la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Página: 1816, Novena Época, Registro 175624: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que ????????? regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Tampoco se actualiza el supuesto previsto en la tesis de jurisprudencia identificada con el número 1a./J. 77/2013, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." En efecto, conforme a la jurisprudencia transcrita, se está ante la excepción al principio de definitividad al juicio de amparo cuando: a) esté involucrado un menor de edad; b) el recurso ordinario que prevé la ley del acto no admita suspensión y c) se aduzca un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en este supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Esto es, no basta con que estén involucrados menores, sino que es menester, además, que el recurso no suspenda la ejecución del acto reclamado y que se considere que de ejecutarse se le pueda poner en riesgo. Sin embargo, en el caso no se está ante tal supuesto, ya que el promovente no indica que en modo alguno, que de ejecutarse el acto reclamado, esto es, que de llevarse a cabo las convivencias entre los menores y su padre de manera electrónica, sea un riesgo para ellos. De lo anterior, se advierte que no señala acciones o actitudes que pudieran afectar la integridad de los infantes durante las convivencias. Por tanto, el promovente estuvo en aptitud legal de acudir directamente ante la autoridad responsable a promover el recurso ordinario contra la determinación que ahora le causa agravio y, al no haberlo hecho así, deviene la improcedencia de la presente vía constitucional, por no agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Sustenta la anterior consideración -por analogía- la tesis VII.2o.C.118 C emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEPÓSITO DE MENORES. EL PROGENITOR AFECTADO ESTÁ LEGITIMADO PARA RECLAMAR ESA MEDIDA CAUTELAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si tercero extraño es aquel que no tiene oportunidad de defensa en un procedimiento por ser ajeno a éste, y si en un depósito de persona efectuado como medida cautelar prejudicial éste se ordena en relación con un menor a instancia de uno de los progenitores, el otro está legitimado para reclamar dicha medida en términos del artículo 162, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, porque al ???? tener a su alcance ese medio dentro del procedimiento, no puede considerarse a éste como extraño."3 Asimismo, se sustenta en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en el Semanario Judicial de la Federación por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo 2002, Materia Común, página 902, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la propia ley. Cabe precisar que la causal de improcedencia invocada se estima probada de modo manifiesto e indudable, ya que para su actualización no requiere mayor demostración que lo manifestado por la parte quejosa, quien bajo protesta de decir verdad, narró los hechos que motivaron el acto reclamado; de ahí que, puesto que la citada protesta tiene como efecto generar certeza y veracidad de lo afirmado por la amparista, sus manifestaciones se estiman suficientes para probar la naturaleza del acto reclamado, sin necesidad de contar con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. 3 Novena Época, registro: 165053, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VII.2o.C.118 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 2968, materia(s): Civil. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio aislado I.15o.A.28-K, sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007; en la página 2613, de título: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA".4
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos del 2. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; mediante el cual informa en relación al requerimiento efectuado en proveído de dieciséis de junio de la presente anualidad, en virtud de que por auto de uno de julio de este año, se proveyó lo conducente al informe que en términos análogos rindió previamente mediante oficio con registro 11830. Notifíquese en términos de ley.
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