Héctor Yoshua Rodríguez Rodríguez
Expediente 190/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/05/2021
Partes del expediente
- Héctor Yoshua Rodríguez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
.- Toluca, Estado de México; veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. agréguese el escrito de cuenta, mediante el cual la tercera interesada solicita se notifique la resolución dictada en el presente juicio de amparo al Agente del Ministerio Público, así como a la autoridad responsable; sin que se emita mayor pronunciamiento, toda vez que los mismos ya fueron debidamente notificados el nueve y doce de abril de la presente anualidad respectivamente, como se advierte de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrió la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se evidencia que de un examen al expediente físico, así como al expediente electrónico (en sus rubros integrar y consultar) y en determinaciones judiciales, se desprende que no ha sido notificada al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, como tampoco, a las autoridades responsables la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte; lo que se produjo atento al estado de emergencia derivada de la pandemia producida por el virus COVID-19, pues ello provocó diversas suspensiones y reanudación de labores, conforme a lo diversos acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y algunas circulares de la comisión especial creada para tal efecto. Por tales motivos, se ha generado una serie de acontecimientos que han impedido el funcionamiento normal del juzgado en lo general y de las secretarias en particular, tales como las que ahora se procede a subsanar; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que de ser el caso, notifique la referida sentencia en sus términos; asimismo, se comisiona a la secretaria que celebró la audiencia constitucional correspondiente, que realice la debida integración del referido expediente electrónico. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese. En cumplimiento al proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, se notifica a la parte tercero interesada la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, cuyo resolutivo es: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a***.
- Principal
En cumplimiento al apercibimiento inserto en el citatorio de dos de marzo de dos mil veintiuno, se notifica a la parte quejosa la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, del tenor siguiente: SENTENCIA Vistos, los autos, para resolver el juicio de amparo 190/2020-II, promovido por *****; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado al día hábil siguiente a este juzgado de distrito, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que a continuación se citan: AUTORIDAD RESPONSABLE: "Ordenadora y ejecutora. C. Juez Décimo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México [.]". ACTO RECLAMADO: "Lo es la resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, que me fuera notificado en fecha veinticuatro del mismo mes y año, emitida por la autoridad ordenadora en este juicio de garantías." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veinte de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; la audiencia constitucional, previo diferimiento, se verificó sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra un acto dictado por una autoridad que radica dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía consiste en la multa impuesta al quejoso en la resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada en el expediente **** y su acumulado **** del índice del juez responsable. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Décimo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, pues al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la resolución reclamada; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia del acto, con apoyo en la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, sexta sección, página 830, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, consistente en copias certificadas del juicio **** y su acumulado ****; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Improcedencia del juicio. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso la parte tercera interesada adujo que se actualiza la causa prevista en artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, los cuales prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De lo antes citado se advierte que el juicio de amparo será improcedente, por haberse consentido tácitamente el acto reclamado, cuando el juicio de amparo no se promueva dentro del plazo de quince días. En su planteamiento la parte tercera interesada aduce que, como el acto reclamado le fue notificado al quejoso el veinticuatro de enero del año en curso, el plazo para la presentación de la demanda venció el diecisiete de febrero de la presente anualidad y, como ésta se presentó hasta el dieciocho del aludido mes y año, la misma es extemporánea. Sin embargo, contrario a lo que aduce la parte tercera interesada, la demanda de amparo resulta oportuna en términos de lo dispuesto por los artículos 1.149 y 1.151 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en relación con los numerales 18 y 19 de la Ley de Amparo así como con la Circular No. 52/2019 del Poder Judicial del Estado de México, publicada el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve en la Gaceta del Gobierno, a través de la cual se autorizó el Calendario Oficial de Labores del Poder Judicial del Estado de México para el año dos mil veinte, se advierte que la misma fue presentada en tiempo, al establecer: "Artículo 1.149. Los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación." "Artículo 1.151. En ningún plazo se contarán los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, salvo disposición contraria de la ley. Cuando dentro del plazo no haya habido despacho en el Tribunal, se aumentarán de oficio a éste, los días respectivos." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Calendario Oficial de Labores del Poder Judicial del Estado de México para el año 2020 I. Días inhábiles [.] Lunes 3 de febrero de 2020" . De lo anterior se advierte que los plazos empiezan a correr al día siguiente de su notificación, es decir, que ésta surte efectos el mismo día en que se practica y, en consecuencia, el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo comenzó al día siguiente, debiendo descontarse de su cómputo los días inhábiles. En consecuencia, si la notificación se practicó el veinticuatro de enero de dos mil veinte, el plazo comenzó el veintisiete siguiente y transcurrió hasta el dieciocho de febrero de esa misma anualidad, debiendo descontarse los sábados y domingos, así como el tres y cinco de febrero del año en curso, por haber sido declarados inhábiles. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 5/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 86-2, Febrero de 1995, Materia Común, página 11, Registro 205395, de rubro y texto siguiente: "DÍAS INHÁBILES. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN EXCLUIRSE TANTO LOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE AMPARO, AUNQUE HAYAN SIDO LABORABLES PARA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, COMO LOS CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA PROPIA LEGISLACIÓN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SUSPENDIERON SUS LABORES. Una correcta interpretación de los artículos 21 y 23 de la Ley de Amparo, conduce a estimar que del plazo para interponer la demanda respectiva, deben excluirse los días que expresamente se encuentran consignados como inhábiles en la citada ley, aun cuando hayan sido laborables para las autoridades responsables ante quienes deba hacerse la promoción, puesto que dichas disposiciones provienen de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que por ser la especializada en la materia es de observancia obligatoria para el trámite del juicio de amparo; lo cual no impide que en concordancia con el contenido de los diversos artículos 24 y 26 de la misma legislación, deban además excluirse de dicho término los días que aunque contemplados como hábiles por el citado artículo 23, hubiesen suspendido las labores el juzgado o tribunal en el que deba hacerse la promoción." Ahora bien, al no existir diversa causa de improcedencia que se haya hecho valer por las partes o que este órgano jurisdiccional advirtiera de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. En los conceptos de violación la parte quejosa alega, en esencia, que la resolución recurrida le causa perjuicio porque, por una parte, no consideró la autoridad que sí acreditó la inasistencia al Centro de Convivencias con pruebas idóneas y, por la otra, que el recurso de revocación fue interpuesto extemporáneamente; argumentos que resultan infundados e inoperantes, respectivamente. En principio, por cuanto hace a su concepto de violación dirigido a controvertir la oportunidad del recurso de revocación interpuesto por la parte tercera interesada y cuya resolución constituye el acto reclamado, se advierte que el mismo es inoperante por novedoso ya que el tema se aduce únicamente en la demanda de amparo, sin que haya sido objeto de la litis ni de estudio en la resolución reclamada. Es decir, dicho concepto de violación comprende un hecho ajeno a la materia del recurso de revocación que resolvió la autoridad responsable, así como de las consideraciones que el juez responsable vertió en la resolución reclamada, al no haber sido parte de la controversia suscitada y resuelta en el recurso de revocación; pues tal y como se advierte del resultando dos del acto reclamado, en el cuál se asentó que precluyó el derecho del aquí quejoso para desahogar la vista y de las constancias que remitió la autoridad responsable, es que se concluye que la parte quejosa no formuló alegación alguna en torno a la extemporaneidad del recurso, por lo que no se sometió a consideración del juez responsable dicho tópico. Por tanto, si en el concepto de violación a estudio se formulan argumentos que no se plantearon ante el juez responsable que dictó la resolución que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado estudiar la constitucionalidad del mismo a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, al no haberse incorporado a la litis del recurso y, por tanto, no dar la oportunidad legal de que el juez las analizara y se pronunciara sobre ellas. Resulta ilustrativo de lo anterior la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, Materia Administrativa, página 1137, Registro 178788, de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." A mayor abundamiento, también resulta inoperante por partir de una premisa errónea su alegato de extemporaneidad del recurso por haberse interpuesto con anterioridad a que surtiera efectos la notificación del auto recurrido, pues con independencia de que el artículo 1.363 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establezca que "La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente", cierto es que no existe prohibición expresa para que dicha presentación se realice con anterioridad al plazo previsto. Pues la única intención del legislador al establecer un plazo para la interposición del recurso de revocación fue el fijar un límite máximo para su presentación, esto es, establecer que el medio de impugnación no podrá interponerse con posterioridad a esa temporalidad; sin embargo, ello no impide que pueda presentarse antes de que inicie el término indicado o, que el así interpuesto deba ser considerado extemporáneo. Resulta ilustrativo de lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 1/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Enero de 2016, Tomo II, Materia Común, página 1032, Registro 2010884, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. NO ES EXTEMPORÁNEO EL INTERPUESTO ANTES DE QUE INICIE EL TÉRMINO LEGAL RESPECTIVO. Conforme al segundo párrafo del artículo 104 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse dentro del término de 3 días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de trámite impugnado; de su texto se advierte que el medio de impugnación no podrá interponerse con posterioridad a esa temporalidad, sin embargo, ello no impide que pueda presentarse antes de que inicie el término indicado, y el así interpuesto, se estime que no es extemporáneo." También sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 69/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, página 658, Registro 2007854, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU PRESENTACIÓN ES OPORTUNA AUN CUANDO SE REALICE CON ANTERIORIDAD A QUE COMIENCE A CORRER EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN. La circunstancia de que el recurso de inconformidad se presente en la fecha en que surtió efectos la notificación del acuerdo recurrido, esto es, antes de que comience a correr el plazo previsto para interponerlo, no implica que su promoción sea extemporánea, pues de los artículos 22 y 202 de la Ley de Amparo se colige que el quejoso, el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de la ley citada, pueden presentar el escrito relativo desde que se les notifique el acuerdo recurrido, es decir, el mismo día, o bien, el día hábil siguiente, esto es, aquel en que surta efectos la notificación; máxime si no existe alguna disposición legal que prohíba expresamente interponer el recurso antes de que inicie el plazo otorgado al efecto, ni que señale que por ello su presentación sea extemporánea o inoportuna." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia II.2o.C. J/1 de los Tribunales Colegiados de Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Civil, página 945, Registro 196986, de contenido siguiente: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PRESENTACIÓN OPORTUNA AUN CUANDO SE FORMULEN ANTES DEL TÉRMINO PARA HACERLO. La Sala infringió en perjuicio de la quejosa las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, pues estimó que el recurso de apelación fue continuado fuera de tiempo y, por lo mismo, declaró su deserción por el solo hecho de haberse exhibido el escrito de expresión de agravios previamente a que surtiera efectos la notificación del auto de tal radicación, esto es, antes de que empezara a correr el término para ese efecto, sin atenderlos en su oportunidad. Lo anterior, porque el recurso se continúa en forma extemporánea sólo cuando la promoción se recibe después de fenecido el término relativo, por lo que si dichos agravios se exhibieron antes de ese plazo, resulta indiscutible que el recurso se intentó y, por ende, continuó en tiempo, pues no existe precepto legal alguno que establezca que cuando se presente alguna promoción previamente a que empiece a correr el término que se haya dado para ese fin, aquélla resultara extemporánea." Luego, por cuanto hace a su concepto de violación dirigido a controvertir que sí acreditó con prueba idónea que su inasistencia al Centro de Convivencias fue justificada, pues existió un caso fortuito al haber sido partícipe de un accidente automovilístico y, aduce, que tal circunstancia se demostró con la receta médica que le fue expedida por la valoración que se realizó a la menor y la fotografía del recibido emitido por la compañía de seguros, cuyo original se quedó la institución médica que atendió a la menor. También, destaca que no existe restricción legal para justificar la inasistencia con cualquier tipo de pruebas que tenga a su alcance, como en el caso aconteció. De igual forma, aduce que debió considerarse que las pruebas exhibidas tienen una hora de expedición posterior a la cita en el Centro de Convivencias en razón que tuvo que esperar a que llegara la compañía de seguros y trasladarse a recibir atención médica. Argumentos que, en su conjunto, son infundados. En efecto, de la resolución reclamada se advierte que las consideraciones por las cuales el juez responsable determinó que la inasistencia al Centro de Convivencias fue injustificada son las siguientes: 1. Los documentos que el quejoso insertó en su escrito con folio 18167/2019 son copia simple y por tanto, se debió dar cumplimiento al artículo 1.298 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es decir, se debieron compulsar con su original a fin de estar en aptitud de otorgarles valor probatorio. 2. La receta médica de quince de diciembre de dos mil diecinueve carece de eficacia probatoria en la medida que sólo se advierte la prescripción de medicamento y recomendaciones médicas para la menor, además que en el encabezado contiene el nombre y cédula profesional de persona diversa a la que la suscribió en la parte final; es decir, que se omitió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley General de Salud. Luego, en relación con las pruebas que ofreció la parte quejosa para demostrar que la inasistencia al Centro de Convivencias se advierte que, en efecto, en el escrito con folio 18167/2019 se limitó a insertar imágenes relacionadas con un vehículo y un documento de la compañía aseguradora (ilegible), sin que haya solicitado su compulsa con el original que aduce se quedó en el hospital que atendió a la menor. Por tanto, es infundado que dicha prueba pudiere ser eficaz para demostrar sus aseveraciones de haber sufrido un percance automovilístico, tomando en consideración que el artículo 1.298 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece que "Se presentarán los originales de los documentos privados, y, cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados." Es decir, las cargas probatorias obligan a que el oferente de un documento privado perfeccione su medio de prueba a fin de que pueda tener eficacia probatoria al momento de resolver el juez sobre su pretensión y el incumplimiento de tal circunstancia sólo traerá como consecuencia y en su perjuicio que la misma sea desestimada, tal y como aconteció en la resolución recurrida; sin que ello constituya una vulneración a sus derechos, pues es consecuencia de omitir el cumplimiento a una obligación procesal. Sin que pase inadvertido que el quejoso refiere que no existe una limitación probatoria para demostrar la justificación de su inasistencia, pues si bien tal aseveración es cierta, también lo es que sí existe una limitante para valorar el alcance probatorio de las pruebas que ofrezca así como su idoneidad para demostrar el hecho que se pretende probar; por lo que, para perfeccionar su alcance probatorio en juicio deben atenderse a las reglas procesales que para ello se prevén, como lo es el solicitar la compulsa con el original cuando se exhibe solamente copia de un documento privado que no se encuentra en posesión de su oferente. Luego, en relación con la receta médica que exhibió, debe decirse que también resultan infundadas sus pretensiones en la medida que de su contenido se advierte que no se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 83 de la Ley General de Salud que prevé: "Artículo 83. Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades médicas, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el Título, Diploma, número de su correspondiente cédula profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad vigente. Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen al respecto. A" Es decir, un requisito indispensable para que una receta médica pueda ser considerada como tal es que el especialista inserte en ésta la cédula profesional que utilice para el ejercicio de la actividad de prestación de un servicio de salud. Ahora bien, de la receta médica exhibida se advierte que en el encabezado se asentó: "Dr. **** Médico cirujano Ced. Prof. ****" Sin embargo, en la parte final se advierte que quien suscribió la misma fue "Dra. ****"; por lo que, al ser ésta última persona quién firmó dicho documento es que resulta evidente que fue omisa en asentar la cédula profesional correspondiente en términos del artículo 83 antes citado y por tanto, evidente resulta que no podía otorgársele valor probatorio en los términos pretendidos por no satisfacer los requisitos mínimos previstos en la norma vigente; máxime que, tampoco se ofreció la ratificación de su suscriptora a fin de subsanar tal irregularidad. Por tanto, al no existir prueba idónea para justificar la inasistencia al Centro de Convivencias resultó correcto que el juez de instancia haya determinado hacer efectivos los apercibimientos con los cuales se le había conminado con anterioridad al quejoso para que asistiera de forma puntual al mismo. Sin que se realice mayor pronunciamiento a su alegato de que las pruebas tienen una hora de expedición posterior debido a la mecánica de los hechos que se pretenden justificar, pues tal circunstancia no fue materia de valoración ni argumentación por parte de la autoridad responsable para justificar la desestimación de las pruebas que ofreció la parte quejosa. En las relacionadas circunstancias y toda vez que no se acreditó la ilegalidad del acto reclamado, procede negar el amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****. Notifíquese personalmente.
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