Héctor Yezuanj Murua García
Expediente 1718/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1718/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/10/2019
Partes del expediente
- Héctor Yezuanj Murua García
- Gobernador del Estado de Jalisco
- Agente del Ministerio Público adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
TODA VEZ QUE YA TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO DE 15 DÍAS OTORGADO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE SE INCONFORMARA RESPECTO DEL AUTO EN QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, ARCHÍVESE ESTE JUICIO DE AMPARO COMO ASUNTO CONCLUIDO, EL CUAL CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y SERÁ SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió copia certificada de las constancias con las que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Héctor Yezuanj Murua García, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, cuyos efectos consistieron esencialmente, en que la autoridad responsable realizara lo siguiente: a) Desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) Dejara insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A 39592658 emitido a su nombre por la Oficina Recaudadora número 125 de Guadalajara, Jalisco, de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional). c) Reintegrará a ésta el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en el asunto; y d) En lugar de dicho recibo, emitiera otro por el pago de derechos por los mismos conceptos, pero absteniéndose de aplicar el cálculo porcentual que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso a), de la ley reclamada). Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Subprocurador Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió diversas copias certificadas, de las que se desprende que devolvió a la parte quejosa, la cantidad de $21,920.79 (veintiún mil novecientos veinte pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional). En proveído de once de junio de dos mil diecinueve, se tuvo a la citada autoridad, remitiendo copia certificada del acuerdo de devolución de siete de junio del año en curso, del que se desprende que se desincorpora de la esfera jurídica de la parte quejosa, la fracción I del inciso a) del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018, cobrando la cuota mínima de $148.00. En acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se recibió el oficio signado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, del que se advierte la instrucción dada al Secretario de la Hacienda Pública, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, en auto de veintiuno de junio del año en curso, se tuvo al Subprocurador Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitiendo copia certificada de la orden de pago 1793704 por la cantidad de $21,920.79 (veintiún mil novecientos veinte pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional) entregada el veintiuno de marzo del mismo año la cual la recibió el quejoso. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo , para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Teniendo sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta 7de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL AUTO DICTADO EL 19 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió copia certificada de las constancias con las que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Héctor Yezuanj Murua García, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, cuyos efectos consistieron esencialmente, en que la autoridad responsable realizara lo siguiente: a) Desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) Dejara insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A 39592658 emitido a su nombre por la Oficina Recaudadora número 125 de Guadalajara, Jalisco, de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional). c) Reintegrará a ésta el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en el asunto; y d) En lugar de dicho recibo, emitiera otro por el pago de derechos por los mismos conceptos, pero absteniéndose de aplicar el cálculo porcentual que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso a), de la ley reclamada). Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Subprocurador Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió diversas copias certificadas, de las que se desprende que devolvió a la parte quejosa, la cantidad de $21,920.79 (veintiún mil novecientos veinte pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional). En proveído de once de junio de dos mil diecinueve, se tuvo a la citada autoridad, remitiendo copia certificada del acuerdo de devolución de siete de junio del año en curso, del que se desprende que se desincorpora de la esfera jurídica de la parte quejosa, la fracción I del inciso a) del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018, cobrando la cuota mínima de $148.00. En acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se recibió el oficio signado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, del que se advierte la instrucción dada al Secretario de la Hacienda Pública, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, en auto de veintiuno de junio del año en curso, se tuvo al Subprocurador Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitiendo copia certificada de la orden de pago 1793704 por la cantidad de $21,920.79 (veintiún mil novecientos veinte pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional) entregada el veintiuno de marzo del mismo año la cual la recibió el quejoso. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo , para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Teniendo sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta 7de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ze tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por la autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por medio del cual, remite copia certificada de las constancias con las que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta y con las constancias recibidas en auto de once de junio pasado, para dentro del término de tres días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. En la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, sea o no desahogada la vista otorgada, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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