Héctor Xavier Salgado Barrera

Expediente 14/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
14/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Héctor Xavier Salgado Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida *****, quien indica promover a favor del menor *****, contra actos del Secretario de la Defensa Nacional; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 14/2021. En atención al contenido íntegro de la demanda, este Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se declara legalmente incompetente para conocer de la misma por razón de materia, en virtud de que se estima que corresponde su estudio al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, acorde a las consideraciones que a continuación se exponen: La parte quejosa en la demanda de amparo señaló como autoridades responsables y actos reclamados a los siguientes: Autoridades responsables: 1) Secretario de la Defensa Nacional; 2) Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; 3) Director General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional; 4) Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional; 5) Responsable de la Vigésimo Cuarta Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; 6) Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos; 7) Juez Décimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México; 8) Actuario adscrito a la Secretaria A del Juzgado Décimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México. Acto reclamado: ".La orden en contra de ***** de maltratos, violencia jurídica, violencia económica, actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Federal, que ordenan y ejecutan al mismo tiempo las autoridades responsables en su doble aspecto (ordenadoras y ejecutoras); que se traduce en negarle el derecho a los necesario para alimentos, y que pone en peligro su salud, lo necesario para su manutención y vida. De las Ordenadoras [.] No ordenar las actuaciones necesarias para impedir la ejecución material de "La orden en contra de MENOR ***** de maltratos, violencia jurídica, violencia económica, actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Federal." Aunado a lo anterior, en el capítulo de antecedentes, el quejoso señala que dentro del expediente *****, el Juez Segundo Familiar del Noveno Distrito Judicial en Morelos, determinó en favor del directo menor quejoso una pensión alimenticia sobre el veinticinco por ciento mensual de las percepciones del deudor alimentario y mediante exhorto ***** se apoyó en el Juez Décimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México, a fin de que se entregara en oficio relativo a las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional con residencia en la Ciudad de México (en su calidad de patrón del demandado), para la ejecución de la determinación sobre pensión alimenticia decretada a favor del menor *****. Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que los actos reclamados derivan de la resolución del Juez Segundo Familiar del Noveno Distrito Judicial en Morelos, y que pueden ser ejecutados por el Juez Décimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México, en razón del exhorto que fue enviado. En ese sentido, y atendiendo a lo anterior se advierte que este órgano de control de la constitucionalidad carece de competencia legal por razón de materia para conocer del trámite del presente juicio. En efecto, para determinar si un órgano judicial Federal es competente por razón de materia para conocer de una demanda de amparo, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción o pretensión, a lo que, regularmente, se arriba mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Al respecto, se enfatiza que la competencia es presupuesto procesal de orden público e interés general, que técnicamente ha sido considerado como el límite a la jurisdicción, esto es, la facultad de decir el derecho. Así, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo, en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha determinado diversos tipos de competencias para los jueces de distrito, entre las que destacan: a) Competencia por territorio. b) Competencia por materia. c) Competencia por grado; y d) Competencia auxiliar. En este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. En efecto, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: (.) De lo transcrito, se advierte que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, serán competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los casos siguientes: 1. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; 2. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; 3. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; 4. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal; y, 5. Contra el incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: (.) Del texto transcrito se advierte que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones del orden civil, como lo es en el caso. Además, debe señalarse que sobre el tema de la competencia por materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para establecer la competencia el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral, con los elementos de prueba, de manera que sea posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En ese sentido, se reitera, los actos reclamados por el peticionario de amparo *****, a favor del menor ***** son derivados de lo ordenado por el Juez Segundo de lo Familiar del Noveno Distrito Judicial en Morelos, quien a su vez ordenó el exhorto para que su determinación respecto a la pensión alimenticia referida fuera ejecutada por el Juez Décimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México, ya que sería esta autoridad la encargada de entregar los oficios correspondientes ante el patrón del deudor alimenticio, que en el caso lo es, la Secretaría de la Defensa Nacional con residencia en la Ciudad de México. De lo que se colige, este juzgado carece de competencia legal para conocer del juicio constitucional por cuanto a dichos actos se refiere. Ello, porque como se vio, los actos de autoridad que reclama el peticionario de amparo, no son de aquéllos que su conocimiento estén reservados para los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, sino que son actos en materia Civil, al haber sido aparentemente generados por autoridades de ese orden; en términos del artículo 54 del ordenamiento legal citado. Máxime, que se considera que la parte quejosa reclama la dilación en que han incurrido las autoridades para proveer al menor quejoso de los alimentos a los que fue acreedor, por lo que si la ejecución derivó del exhorto del que conoce el Juez Decimoséptimo de lo Familiar de esta Ciudad, se estima que es un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México quien debe conocer del asunto en cuestión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se declina la competencia para conocer del presente juicio a favor del Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, a quien deberá remitirse este juicio vía interconexión, para que por la misma vía, de la manera más atenta tenga a bien informar si acepta o no la competencia que se plantea. Ahora, en el escrito de demanda, el promovente aduce que con motivo de la dilación en la ejecución del pago de pensión alimenticia, las autoridades han ejercido maltratos, violencia y actos prohibidos por el artículo 22, Constitucional, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO a favor del menor *****, para el efecto de que cesen de inmediato los actos consistentes en maltratos y cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, no pasa inadvertido que en la parte final de la demanda el promovente hace alusión a que se ordene la ratificación con motivo de una incomunicación; sin embargo, no se estima procedente que por el momento se lleve a cabo ya que, de lo narrado en la demanda, no se hace alusión a que el menor quejoso se encuentre incomunicado por parte de alguna autoridad responsable, ya que incluso se refiere que el directo quejoso se encuentra con su madre resguardados ante el virus SARS COV2 (COVID 19). Al margen de lo anterior, en este apartado se concedió de plano la suspensión respecto a cualquier acto prohibido por el artículo 22, Constitucional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la violación del presente mandato equivale a la comisión de un delito de abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, ilícito que si se llegare a consumar, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, para que actúe dentro del ámbito de sus atribuciones legales. Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y, por ende, debe velarse porque se acate de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo; por lo que deberá rendir informe a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, sobre el acatamiento a esta medida. Gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a un actuario de su adscripción a fin de que haga entrega de los oficios dirigidos a la autoridades con residencia en aquella entidad, con las formalidades de la ley. Ahora, como se advierte de la certificación de cuenta, después de una búsqueda en la página electrónica relativa a la Consulta de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, se aprecia que *****, y *****, se encuentran autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por lo que se les tiene por autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Con relación a las restantes personas, se les tiene como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos y no contarán con las facultades a que alude el primer párrafo del citado artículo, dado que no se encuentran registrados en dicho sistema, y no acreditan que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; sin perjuicio de que una vez que así lo hagan se acuerde lo conducente. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el portal de servicios en línea. Solo para el caso de que el Consejo de la Judicatura Federal permita el acceso del público a las instalaciones de este órgano, desde este momento, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo. Asimismo, bajo la misma hipótesis anterior, esto es, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal permita a las partes la consulta física de expedientes dentro del órgano de amparo, se autoriza a las mismas el uso de medios electrónicos y digitales

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 7,636 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano