Héctor Walter Vallejo Meza

Expediente 1920/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1920/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Héctor Walter Vallejo Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el siete de febrero de dos mil veintitrés, en la que se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y, notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1920/2022-V, promovido por **, por su propio derecho, contra actos del Juez Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. , el veinte de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que se precisan en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 1920/2022-V; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; emplazar a la tercera interesada; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que el acto reclamado, se atribuye a autoridad especializada en materia de civil, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la sentencia interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del proceso de ejecución de convenio final de método alterno, juicio vía de apremio expediente número , del índice de la responsable, que resolvió la excepción de reconocimiento de pago. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación, reconoció la existencia del acto que se le atribuye y que precisado quedó en el considerando segundo. Lo cual se corrobora con las constancias que acompañó en su informe justificado consistentes en diversas actuaciones del expediente número documentales con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, ya que son documentos públicos elaborados o expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. CUARTO. Conceptos de Violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la disputa en el presente juicio de derechos fundamentales, se centra en analizar la legalidad de la sentencia interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del proceso de ejecución de convenio final de método alterno, juicio vía de apremio, expediente número II. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto es menester destacar los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, promovió en la Vía de Apremio, formulando solicitud de ejecución forzosa de convenio final de método alterno celebrado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno 2. Acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se admite la demanda en la Vía de Apremio, la ejecución de convenio final, y se requirió a para que cumpliera con el convenio celebrado ante centro privado de Justicia Alternativa de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el expediente 3. Escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual Edith Eloísa Pérez Melendrez, da contestación a la demanda, se opuso a la ejecución, opone excepciones y presenta pruebas 4. Acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se le tiene en tiempo y forma evacuando la vista ordenada, y se admitió la excepción planteada 5. Escrito presentado el siete de enero de dos mil veintidós, mediante el cual, el autorizado de la parte actora, expone el abandono del bien inmueble, solicita se realice la inspección, se levante certificación del abandono y se proceda a la entrega de la posesión material y jurídica del bien inmueble 6. Acuerdo de doce de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se tiene por hechas las manifestaciones de la parte actora, y se ordena que previa certificación que lleve a cabo el secretario ejecutor del Juzgado, en el que se de fe que la finca se encuentra abandonada, se ordena entregar la posesión material y jurídica del mismo a la parte actora 7. Acta de entrega y posesión de catorce de enero de dos mil veintidós, mediante la cual se da fe y levanta certificación de que el inmueble estaba desocupado y se procedió a poner en posesión material y jurídica el inmueble ubicado en Paseo de las Estrellas 633, casa 50, del Condominio Paseo de los Eucaliptos en el fraccionamiento Solares en el municipio de Zapopan, Jalisco (foja 43 de las copias certificadas del expediente número , anexadas al presente amparo). 8. Escrito de diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual ***, desahoga vista respecto de la contestación de la parte demandada, objeta las pruebas, ofrece prueba pericial y confesional 9. Acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se tiene evacuando la vista a la parte demandada y provee sobre las pruebas 10. Acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se tiene al abogado de la parte demandada renunciando al cargo 11. Escrito de siete de abril de dos mil veintidós, mediante el cual, interpone recurso de revocación en contra del auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, donde se señala fecha de audiencia incidental 12. Acuerdo de catorce de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se resuelve el recurso de revocación y donde se estima insuficiente el agravio y no ha lugar a revocar el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós 13. Escrito de cinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual la parte actora en el juicio de origen exhibe el pliego de posiciones para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Edith Eloísa Pérez Melendrez 14. Audiencia incidental de diez de agosto de dos ml veintidós, mediante la cual en lo que interesa, se procedió a desahogar las probanzas ofrecidas en autos, confesional, presuncional y grafoscopica, de lo cual se acordó, respecto de la grafoscopica se le tuvo por perdido su derecho al desahogo de la prueba por notoria falta de interés al no haber exhibido los honorarios de la perito y tocante a la confesional, se estableció que no se hizo presente Edith Eloísa Pérez Melendrez, y se abrió periodo de alegatos y se ordenó traer los autos para dictar la sentencia que corresponda 15. Sentencia interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se resuelve sobre la excepción de reconocimiento de pago y declara procedente la excepción de pago Resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. La parte quejosa manifiesta que la determinación reclamada viola en su perjuicio el derecho fundamental de debido proceso, en razón de que se encuentra falta de fundamentación y motivación de acuerdo con los siguientes conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se viola en perjuicio el debido proceso, falta de fundamentación y motivación, al otorgar un valor probatorio pleno a los pagos exhibidos. No esgrime ningún argumento lógico jurídico al momento de valorar la prueba de confesión. Tiene por fundada la excepción de pago, al considerar que el quejoso no justificó la objeción de las documentales, no obstante que dicha objeción quedó justificada con la confesión. Lo expuesto es infundado. En primer lugar, se indica que, el artículo 14 Constitucional, en su parte conducente establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna Nadie podrá ser privado de la libertad o de su propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata." Numeral que, en su segundo párrafo, prevé el derecho fundamental de debido proceso, que constituye el conjunto de etapas secuenciales realizadas dentro de un proceso por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la ley con el objetivo que los derechos subjetivos del denunciado no corran el riesgo de ser desconocidos y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente. Siendo que los derechos que se encuentran inmersos dentro del debido proceso son: 1. Ser juzgado por tribunal previamente establecido; 2. Juez Imparcial; 3. Legalidad: a. En el procedimiento -respeto a las formalidades esenciales- y; b. En la resolución (fundada y motivada); Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dentro de los derechos del debido proceso existe un núcleo duro, que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional y otro de derechos que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. De igual manera, señaló que, en cuanto al núcleo duro, los derechos del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra el derecho de "audiencia"; asimismo, determinó que las formalidades esenciales del procedimiento son: a) La notificación del inicio del procedimiento; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y, d) Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de derechos mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado. Por tanto, dentro de esta categoría de derechos del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, como puede ser el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Además, atinente al derecho fundamental de legalidad, mismo que se encuentra inmerso en el debido proceso, se indica que éste se encuentra previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El derecho de la legalidad, consiste, independientemente de la seguridad jurídica que entraña, en la obligación que tienen todas las autoridades de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y a las atribuciones que la ley les confiere, al expedir cualquier orden o mandato que afecte a un particular en su persona o en sus derechos; es decir, la garantía de legalidad requiere sustancialmente que las autoridades se atengan precisamente a la ley, en sus procedimientos y en sus decisiones. Por su parte, la seguridad jurídica, es el derecho dado al individuo de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. En general, las garantías de seguridad jurídica son limitaciones de procedimiento a la autoridad para afectar a un gobernado. Atento a lo anterior, tenemos que los artículos 14 y 16 Constitucionales se encuentran íntimamente relacionados, pues para que un acto de autoridad cumpla con el debido proceso, que contempla el primero de los mencionados, debe contener, entre otros requisitos, los previstos por el numeral 16 párrafo segundo, consistente en la legalidad, esto es, el acto debe ser emitido por autoridad competente, dictarlo por escrito y estar debidamente fundado y motivado. Precisado lo anterior, en cuanto al inicio del procedimiento, del que derivó el acto reclamado, es menester puntualizar que los artículos 477, 504 y 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco prevén las formalidades que deben seguir la ejecución de los medios alternos para respetar el derecho de audiencia de los interesados. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales fueron previamente descritas, se advierte que el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, promovió en la Vía de Apremio, solicitud de ejecución forzosa de convenio final de método alterno celebrado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno y por escrito de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, Edith Eloísa Pérez Melendrez, da contestación a la demanda, se opone a la ejecución, opone excepciones y presenta pruebas. En dichas documentales, se advierte que las partes se sometieron a las reglas establecidas para la solución del conflicto en la vía de apremio, luego, se les dio la oportunidad para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Sentado lo anterior, como ya se anticipó en esta resolución, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son infundados, pues en primer lugar sí se otorgó a la parte quejosa el derecho de audiencia que alega transgredido, pues se sometió y compareció a juicio y eso constituye el inicio del juicio respectivo; lo cual como se apuntó, lo hizo directamente con la presentación de su demanda cumpliendo las formalidades que para tal efecto prevén los artículos 477, 504 y 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. A mayor abundamiento, es menester precisar que, de las constancias que integran el procedimiento juicio respectivo, se advierte que, la parte quejosa compareció a dicho procedimiento en la vía de apremio, solicitó la ejecución forzosa del convenio final de método alterno; de ahí que, no pueda alegar la violación al derecho de debido proceso, si incluso tuvo oportunidad de comparecer al procedimiento del que derivaron las sanciones impuestas. Por las razones antes vertidas, el concepto de violación en el que se duele de la falta de debido proceso se torna infundado. Tampoco asiste razón al quejoso al afirmar que el acto reclamado no está fundado ni motivado. En efecto, de conformidad con el artículo 16 Constitucional, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley le permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tales presupuestos deben coexistir, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. En el caso, contrario a lo que aduce la quejosa, la responsable sí precisó los fundamentos legales y motivos que estimó aplicables al caso. Es así, pues de la lectura del acto reclamado se desprende que, en cuanto a la excepción de pago interpuesta por la demandada y tercera interesada la autoridad fundamento su actuar en los artículos 80, 81, 83 y 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Aunado a que precisó, en lo que interesa, lo siguiente: "La parte ejecutada y demandada , sustancio de manera incidental conforme al artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, y dentro del término que establece la primera parte de dicho numeral, exhibiendo 10 diez recibos de pago referentes a los meses de febrero del año 2021dos mil veintiuno, de la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que la parte actora y ejecutante reconoce que se le adeudan las rentas desde el mes de junio del año 2021 dos mil veintiuno, es decir, reconoce de manera expresa que la parte demandada ha cubierto hasta el mes de junio de dicha anualidad, confesión la cual hace prueba plena dentro del presente procedimiento sobre el pago de la renta de la parte demandada hasta el mes en mención, lo anterior de conformidad con el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco". Por su parte, respecto de la objeción planteada de los recibos de pago la autoridad responsable señaló: [.] PRUEBA CONFESIONAL .- Consistente en las posiciones de las cuales fue declarada confesa la parte ejecutada y demandada ello en virtud de no haber comparecido a la audiencia incidental a absolver posiciones dentro de la prueba en comento, sin embargo a dicha probanza no se le otorga valor probatorio en virtud de que la confesión ficta produce únicamente presunción legal cuando no ha sido desvirtuada por prueba en contrario; luego es claro que la presunción que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver posiciones en términos del citado artículo, puede ser para tener por demostrados los hechos reputados como confesados, siempre que no haya probanza en contrario, de conformidad con lo previsto en el artículo 396 y 397 del Código de procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco. Asimismo, y no obstante que la parte actora en el principal y ejecutante, objeta los recibos de pago exhibidos por la parte ejecutada en el incidente en comento, cabe señalar que la misma no justifica su objeción, ello en virtud de que la falsedad o autenticidad de firmas es una cuestión que no debe resolverse por el simple cotejo que personalmente pueda hacer la autoridad judicial, sino mediante la prueba pericial desahogada con ese propósito, pues ese cotejo requiere de elementos científicos o técnicos que no pueden ser reemplazados con una confrontación a simple vista por el juzgador, en virtud de que aun cuando, en apariencia, fuera notoria la discrepancia entre las firmas que se cuestionan y aquellas que se designan como indubitadas, existe la posibilidad de que todas correspondan a la misma persona; esto es, que hayan sido estampadas, aunque con disimulo, del puño y letra de un solo individuo, de modo que cuando se impugna la falsedad de una firma por mandato expreso de la ley procesal aplicable, se requieren de elementos científicos o técnicos propios de una prueba pericial en grafoscopía y caligrafía, por lo que no basta la simple objeción de los documentos aludiendo que los mismos son falsos, si no que ello se tiene que acreditar mediante la prueba idónea, ello de conformidad con la tesis cuyo rubro señala aunado a que de actuaciones se advierte que se le tuvo a la parte ejecutante por perdido el derecho al desahogo de la prueba pericial en grafoscopía, ya que el mismo no exhibió los honorarios del perito auxiliar, robusteciendo con ello su falta de interés jurídico y por ende, al no haber demostrado con la probanza idónea la falsedad alegada, la objeción que realiza de los recibos exhibidos, se tiene por no justificada en virtud de lo cual con fundamento en el artículo 403 se le tiene por reconocidos LOS RECIBOS IMPUGNADOS OFERTADOS por la parte demandada y ejecutada, los cuales hacen prueba plena, sin que este tribunal pase desapercibido el hecho que dentro de los recibos de fechas 20 veinte de julio, 17 diecisiete de agosto, 18 dieciocho de septiembre, 20 veinte de octubre y 10 diez de noviembre todos del año 2021 dos mil veintiuno, valioso cada uno por la cantidad de $, señalen todos que fueron para cubrir la renta y mantenimiento del mes de julio del año 2021 dos mil veintiuno, ya que si bien es cierto existe un error de redacción en dichos recibos, de los mismos se advierten las fechas de cada uno, lo que indica que fueron pagadas las cantidades que de los mismos se desprenden para efecto de pagar la renta de los meses consecutivos al mes de julio, ya que la omisión de asentar de manera correcta el mes al cual van destinados, no produce la nulidad o ineficacia de los mismos, ya que no solo debe analizarse el mes que dicen cubrir, sino que debe estudiarse el contenido total de los recibos los cuales contiene datos que indica que fueron para pagar los meses de renta consecutivos a julio del año 2021 dos mil veintiuno, puesto que cada recibo indica la fecha de emisión y suscripción y la cantidad que se advierte de los mismos, llevando a colegir que no obstante que exista error en su redacción, de los mismos se acredita el pago de 05 cinco meses de renta y mantenimiento de la finca materia del arrendamiento, por lo cual ante la injustificada objeción de la parte ejecutante, lo procedente es declarar la procedencia del pago de renta y mantenimiento de la finca Como se evidencia, de la transcripción de la parte conducente del acto reclamado, se observa que, la autoridad responsable citó los fundamentos aplicables y la motivación de las pruebas ofertadas, la cual sustentó en las omisiones por parte de la quejosa de no cumplir con el desahogo de la prueba pericial para demostrar la falsedad de los recibos de pago, asimismo, señaló la motivación del valor de las citadas probanzas. Argumentos que guardan sentido con la determinación adoptada, en virtud de que precisamente concluyó que, ante la falta de desahogo de la prueba pericial, no basta la simple objeción para tener por demostrada dicha falsedad de los recibos de pago, y respecto de la confesional señaló que las posiciones de las cuales fue declarada confesa la parte ejecutada y demandada por no haber comparecido a la audiencia incidental a absolver posiciones dentro de la prueba en comento, no se le otorga valor probatorio, en virtud, que la confesión ficta produce únicamente presunción legal cuando no ha sido desvirtuada por prueba en contrario, luego es claro que la presunción que genera una prueba confesional ficta por falta de comparecencia a absolver posiciones en términos del citado artículo, puede ser para tener por demostrados los hechos reputados como confesados, siempre que no haya probanza en contrario, de conformidad con lo previsto en el artículo 396 y 397 del Código de procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco y que en el caso existe dicha probanza _los recibos de pago_, puesto que declaró procedente el pago de los meses de renta reclamados con los recibos exhibidos. Así, es claro que -contrario a lo que sostuvo la parte quejosa- la resolución reclamada no se encuentra desprovista de fundamentación ni motivación; pues como se puntualizó la autoridad responsable citó los fundamentos aplicables y su motivación. De ahí que, los conceptos de violación tendentes a evidenciar tal ilegalidad resulten infundados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 76, 77, fracción I, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve. UNICO. La Justicia de la Unión No ampara ni protege a ***, contra el acto que reclama del Juez Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio número , suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo promovido por Francisco Alberto Monroy Luna, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, así como del testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión de veinte de octubre de dos mil veintidós, emitida en el recurso de revisión 123/2021, en la que en su punto resolutivo determinó: "PRIMERO.- Se confirma la resolución que se revisa.- SEGUNDO.- Se sobresee en el Juicio de amparo de donde deriva este recurso.- TERCERO.- Se declara sin materia la revisión adhesiva.-" En consecuencia, agréguese el testimonio aludido, así como el cuaderno de antecedentes a los autos para los efectos legales a que haya lugar, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno; acúsese recibo de estilo a la superioridad y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; tomando en consideración que por una parte se decretó el sobreseimiento se considera susceptible de destruición. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario la permanencia del cuaderno de pruebas en este órgano jurisdiccional, devuélvase a la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, la caja de documentos que remitió, a efecto de que ordene el destino final de los mismos; sin que sea necesario se acuse de recibo a este Juzgado, pues en el oficio correspondiente que derive de este auto, se deberá asentar la recepción de dichas constancias.

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