Héctor Vicenti Rodríguez
Expediente 1828/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1828/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Héctor Vicenti Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por HÉCTOR VICENTI RODRÍGUEZ, por su propio derecho, contra actos de la Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 1828/2019-III. DESECHAMIENTO. De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Para efectuar el examen a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Amparo, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de suerte que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Es orientadora la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. ACTO RECLAMADO. ". la solicitud, autorización, ejecución y cumplimiento del egreso y traslado que se pretende dar en contra del hoy quejoso, del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial CEFEREPSI, en Ayala, Morelos, en el que me encuentro recluido actualmente, a diverso Centro Federal de Readaptación Social, más alejado de mi núcleo familiar, así como de mi lugar de origen y del cual desconozco su ubicación, en represalia a los eventos violentos ocurridos el domingo 24 de noviembre de 2019, en el interior de este centro federal y en los cuales el hoy quejoso, no participo y tampoco intervino en ninguno de estos eventos de violencia, y los cuales se puede verificar por medio de las cámaras de vigilancia por lo que a partir del domingo 24 de noviembre de 2019 tienen al hoy quejoso encerrado a los límites de su estancia como si hubiera cometido alguna falta al reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, y por lo que es necesario hacerle de su conocimiento que este mismo día 24 de noviembre de 2019, el hoy quejoso, fue golpeado y sometido por personal de la Seguridad Penitenciaria del Centro Federal CPS, número 16 así como del CERESO número 5 oriente; y del grupo táctico de traslados y por el cual a partir de este día el hoy quejoso esta siendo torturado psicológicamente y mentalmente al mantenerlo encerrado a los límites de su estancia sin ningún tipo de actividad a sabiendas la autoridad penitenciaria que el hoy quejoso, es paciente psiquiátrico y presenta los siguientes trastornos: trastorno de depresivo mayor grave con ideación suicida persistente, trastornos del sueño, así como alucinaciones visuales y administrativas, así como un padecimiento crónico de lumbalgia. En esas condiciones, se advierte de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo no procede contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, en virtud de que existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, que debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte quejosa estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En ese sentido, los artículos 107 a 115 de la ley en cita prevén lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas --- Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación --- Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: --- I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; --- II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; --- III. Los visitantes; --- IV. Los defensores públicos o privados; --- V. El Ministerio Público; --- VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y --- VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas.". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones --- Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. --- Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad.". "Artículo 110. Formulación de la petición --- Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. --- La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. --- En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas.". "Artículo 111. Acuerdo de inicio --- Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. --- En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada.". "Artículo 112. Trámite del procedimiento --- Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. --- La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición.". "Artículo 113. Acumulación de peticiones --- Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado.". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas --- El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. --- Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. --- Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. --- La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito.". "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición." Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige la forma en que deben sustanciarse las peticiones, a saber: 1. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. 2. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 3. Una vez admitida, el director del centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. 4. El director del centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. De igual manera, se establece de manera específica que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el Director del centro en que se encuentre recluido, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, para formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por su parte, en el artículo 115 de dicha ley se contemplan los casos urgentes, ante los cuales la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición (cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno). En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria Hipótesis en que la mencionada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el Juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Lo expuesto pone de manifiesto que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme con lo dispuesto por el artículo 2º de dicho ordenamiento, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, los hechos, actos u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Ello es así, dado que con el procedimiento administrativo de peticiones, se pueden atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo es la asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud; así como la orden de traslado de la parte quejosa, del centro en el que se encuentra recluido a uno diverso, el cual se estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades. En lo conducente, resulta aplicable el criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sustentado en la tesis I.7o.P.122 P (10a.), publicada en la página 5293, del Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2019987 del siguiente rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA.". De igual manera, la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé en sus artículos 116 a 119 uno de índole jurisdiccional, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. De igual manera, la persona privada de su libertad también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En consecuencia, se llega a la conclusión que en relación con la orden de traslado reclamada, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé mecanismos ágiles y eficaces para salvaguardar los derechos que pudieran transgredirse con lo ordenado y, en su caso, la ejecución de dicha orden, por tanto, el justiciable debe acudir a ellos a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no se estima excepcionado, no obstante que los actos pudieran requerir atención urgente. Sobre el tema de la citada causal de improcedencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis jurisprudencial P./J. 11/2018 (10a), del epígrafe: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATANDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", determinó que la regla de la definitividad es una exigencia que se debe agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, aun cuando se trate de actos de imposible reparación, toda vez que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar del juicio de amparo indirecto; siendo que la ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto que se impugna y su trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, para la afectación que implica un derecho sustantivo que puede repararse con el dictado de un fallo favorable, mientras que la regla de la definitividad se refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto. Razón por la cual se estima que previo a la promoción de este juicio de amparo debe acudir ante la autoridad penitenciaria, o en su caso ante el Juez de Ejecución a formular, los hechos, actos u omisiones que pretende combatir en este juicio de amparo, tal como lo contempla el procedimiento descrito en párrafos precedentes conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, se actualiza de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, pues lo relativo a la orden de traslado reclamada, tiene que ver con las condiciones de internamiento del quejoso en el lugar donde se encuentra privado de la libertad y, por ende, previo a promover este juicio de amparo debe agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero al no hacerlo así, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al caso particular, se cita la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 230 del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2018548, del siguiente rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Lo anteriormente expuesto no se contrapone con los criterios jurisprudenciales 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los rubros "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO" y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." Ya que tales criterios, en el caso no son aplicables, con lo cual, no se contraviene lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, en tanto este órgano jurisdiccional con la postura jurídica asumida no está resolviendo contra jurisprudencia. Esto así, porque el posicionamiento en cita sostenido por el Supremo Tribunal del País, surgió con motivo de los actos arbitrarios que se suscitaban fuera de todo procedimiento porque carecían de la vigilancia o revisión de un juez y, por ende, atentaban contra la libertad en contravención al artículo 22 constitucional; y, en ese momento aún no entraba en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que tutela el sistema penitenciario, en el cual se encuentran comprendidos, en lo que interesa, las cuestiones de internamiento de las personas privadas de la libertad (sean inculpados o sentenciados), específicamente, los traslados voluntarios o involuntarios. En efecto, en ese criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que cuando el precepto 22 constitucional, se contrae a un acto que constituya un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, se refiere a las actuaciones que pueden desplegar las autoridades que no revisten un carácter jurisdiccional, es decir, se trata de actos a través de los cuales cualquier otra autoridad que ostente diversa naturaleza pretenda afectar la libertad a una persona, pero sin que medie un debido procedimiento. Además de que ahí también se externa la preocupación por cumplir con la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su vertiente de recurso efectivo, a fin de administrar justicia; en tanto, se hace patente que un acto de traslado no tiene una revisión judicial más la existente en el juicio de amparo indirecto; cuyo presupuesto ya no existe, porque ahora la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los artículos 50 y 51, establece la figura de los traslados voluntarios o involuntarios en los que necesariamente para determinar o avalar su legalidad debe conocer un juez especializado del sistema penal acusatorio (de control o ejecución, según corresponda). En efecto, la ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados, como lo son los traslados voluntarios; traslados involuntarios y los traslados urgentes o excepcionales, que se encuentran previstos en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. a) Los traslados voluntarios previstos por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, el que celebrará una audiencia en la que requerirá consentimiento expreso de aquél en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. b) El traslado involuntario tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la Ley Nacional Especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, en relación a lo cual la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional será posterior a la ejecución del traslado; y en ese contexto se debe decir que en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación como lo prevén los numerales 51 y 52 antes citados. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, lo que permite estimar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el traslado. Y, en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer controversia judicial ante el Juez de ejecución contra la determinación administrativa, tal y como lo prevé el último párrafo del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley de Ejecución Penal, quienes entre otras cosas conocen del de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas. En ese sentido, los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán la acción judicial ante el juez de control o ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cosas, las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o de su ejecución, dentro de los diez días siguientes a la misma, cuando la persona privada de la libertad no haya sido notificada previamente. Y, en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que de no atenderse de inmediato quedarían sin materia el juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva en definitiva, según lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Precisado lo anterior, se advierte que aún en el último de los casos en cita en el que la Ley Nacional de Ejecución Penal faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado de alguna persona privada de la libertad, debe ser revisada posteriormente por una autoridad judicial, lo cual ocurre en el contexto de un procedimiento seguido con determinadas formalidades establecidas en la ley a diferencia de lo analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias citadas, donde se examinaron actos emitidos fuera de juicio; de ahí que no resulten aplicables tales criterios al presente caso. Sin que tampoco se contravenga lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 1a./J. 83/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA", en el cual se determinó que cuando en un juicio de amparo se reclama como acto destacado una orden de traslado, debe admitirse al encontrarse acreditada tal situación con el dicho del promovente del amparo HÉCTOR VICENTI RODRÍGUEZ. Ello, tomando en consideración que dicho criterio fue emitido con base en los elementos jurídicos existentes en esa temporalidad -diciembre de dos mil quince-; sin embargo, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, de la cual se desprende la existencia del sistema penitenciario que contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual, las personas privadas de su libertad, pueden hacer reclamo sin mayores formalismos ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo; cuyo mecanismo de control, como ya se estableció, constituye un verdadero procedimiento que se inicia con la presentación formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en el que pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio y en el caso de que el acto sea urgente, puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, éste puede ordenar las acciones previstas necesarias para que cese; aunado a que, en caso de constituir una omisión se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria puedan ser impugnadas a través del recurso correspondiente. En esta virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, además constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento; es decir, con los problemas que en su trato cotidiano reciben los internos; entre los que se encuentran el trato digno de parte del personal penitenciario; la asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud; alimentación; estancia; información de sus derechos y deberes; suministro de agua; artículos de aseo; régimen de visitas; atención de quejas por escrito; la garantía de su integridad moral, física, sexual y psicológica; su participación en su plan de actividades; y en general, todas las previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y leyes aplicables, con excepción de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; deberán ser sometidos, en primer orden, a las autoridades penitenciarias, y en seguida, ante el Juez de Ejecución, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que, como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por quejoso HÉCTOR VICENTI RODRÍGUEZ por su propio derecho contra actos del contra del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y otras autoridades. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO RESPECTO DE LOS POSIBLES ACTOS DE TORTURA. Por lo que respecta a las manifestaciones en el sentido de que el directo quejoso pudiera estar siendo objeto de tortura; a efecto de atender lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 7 de la Ley General para de Prevenir y Sancionar la Tortura, ante la posible comisión de hechos delictuosos en contra del quejoso, tomando en consideración que es obligación del suscrito Juzgador de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos; para la investigación de lo narrado por la impetrante se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público adscrita para los efectos legales procedentes. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, Registro 2001218, de rubro: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO.". DESPACHO. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Civil de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo y le corra traslado con éste, al quejoso HÉCTOR VICENTI RODRÍGUEZ, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma, hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá multa de veinte Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe
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