Hector Veytia Perez
Expediente 98/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hector Veytia Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que el promovente Héctor Veytia Pérez, no desahogó el requerimiento que le fue formulado en auto de dos de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de garantías.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que el promovente Héctor Veytia Pérez, no desahogó el requerimiento que le fue formulado en auto de dos de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de garantías.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Veytia Pérez, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo 98/2018-D y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I y IV, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, bajo protesta de decir verdad manifieste lo siguiente: ÚNICO. Precise el acto reclamado en este sumario de garantías En efecto, el solicitante del amparo deberá indicar, bajo protesta de decir verdad, si lo que reclama es una dilación en devolver el vehículo (lo que implica que ya se autorizó la misma); o, es una dilación en acordar una petición en la que solicita dicha devolución. Bajo ese tenor, el promovente deberá manifestar con precisión el acto reclamado en esta instancia constitucional, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo, y no por autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo requerido en este proveído en el término indicado (cinco días), se proveerá de conformidad con lo dispuesto en el numeral 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el señalado en el proemio del escrito de demanda Por otro lado, se tienen como autorizados, en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Ponce Cuevas, Eduardo Ramón Castillo Negreros, Anastacio Hinojosa Ponce y Gerardo Rafael Chávez de la Fuente, por no haber acreditado tener cédulas profesionales de licenciados en derecho, tal como se advierte de la certificación secretarial que precede. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." También, hágase saber a las autoridades responsables que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá por hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Aunado a ello, se les impondrá de forma separada una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: "(.) a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días. (.)". Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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