Héctor Venancio López Pérez
Expediente 79/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Héctor Venancio López Pérez
- Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión la sentencia terminada de firmar el diez de marzo de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo. Este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, en cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se concedió la provisional y se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al duplicado del incidente relativo, acorde con el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General multicitado, es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses, siempre que se cuenta con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguiente, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese
- Incidental
San Francisco de Campeche, Campeche, dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión la sentencia terminada de firmar el diez de marzo de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo. Este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, en cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se concedió la provisional y se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al duplicado del incidente relativo, acorde con el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General multicitado, es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses, siempre que se cuenta con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguiente, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese
- Principal
Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De las actuaciones que allegó el presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado, referentes a la copia certificada de diversas actuaciones que integran el juicio laboral 215/2020, se desprende el proveído de cuatro de enero de dos mil veintiuno, donde la autoridad responsable resolvió la medida cautelar solicitada por la parte actora, la cual declaró infundada e improcedente, y este acuerdo le fue notificado a la parte actora -aquí quejosa- el doce de febrero del presente año. Actuaciones que resultan ser aptas y suficientes para estimar que lo reclamado ha cesado en sus efectos. Lo anterior es así, porque en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues si bien a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo ya había sido emitida la determinación de cuatro de enero de dos mil veintiuno, también es verdad que el quejoso no tenía conocimiento de ésta, sino hasta que le fue notificada la citada resolución, lo que aconteció el doce de febrero del presente año. De modo que al haberse enterado el peticionario de amparo de la resolución pronunciada el cuatro de enero del año en curso, en el que la autoridad responsable se pronunció con relación a la medida cautelar solicitada por la parte actora, para garantizar al trabajador su derecho al mínimo vital y a la seguridad social, no obstante, que le fue negada, esta circunstancia produce de manera natural una situación jurídica que pone fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada, borrando sus efectos en forma inmediata, total e incondicional, y reanudando las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional, pues lo que pretendía el quejoso era el pronunciamiento relacionado con la medida cautelar solicitada dentro de los autos del juicio de origen, lo cual, ya se hizo. Por tanto, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. De este modo, en el supuesto de una hipotética concesión de amparo, el justiciable no podría haber obtenido mayores beneficios que los señalados, lo cual viene a corroborar que la cesación de los efectos de la omisión controvertida sí trajo consigo el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la existencia del acto objeto de impugnación constitucional. De ahí que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de constitucionalidad de actos omisivos que ya no están surtiendo efectos, ni los surtirán y que tampoco dejaron huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión.
- Incidental
ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a xxxxxx, en contra de los actos que reclamó del presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, por sí y en representación de dicha Junta, y actuario de su adscripción, todos con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese
Quedan 4 actuaciones en este expediente
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