Hector Vega Torres

Expediente 1995/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1995/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Hector Vega Torres

Actuaciones

  1. Principal

    ..., se declara que HA CAUSADO ESTADO...., se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE.

  2. Principal

    oficio del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, mediante el cual rinde su informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias. PROCEDE DECRETAR SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. .

  3. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diez de octubre de dos mil diecinueve. Visto de cuenta, agréguese el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita se aperture el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que la autoridad vinculada, ha dejado de cumplir con la exhibición de cheques que se comprometió a entregar a los actores el día primero de cada mes, pues a la fecha no ha realizado el depositado ante la autoridad responsable. Al respecto, dígasele que por el momento no ha lugar acordar de conformidad su petición, por lo siguiente: El artículo 192 de la Ley de Amparo, establece lo que sigue: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga". Como puede advertirse del anterior dispositivo legal, las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, por lo que cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, el Tribunal Federal ordenará la notificación sin demora a las partes y en la que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla dentro del plazo de 3 días, con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, el hecho que el legislador contemple la posibilidad de imponer multas a las autoridades responsables, de no cumplir primeramente con los requerimientos que se hagan con el fin de cumplir con las sentencias amparadoras, demuestra que la intención que subyace en el requerimiento del cumplimiento no es, en principio, sancionar a las autoridades, o destituirlas de su cargo, sino lograr el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo, situación que se favorece con los requerimientos y consecuentes apercibimientos, con miras a cumplir con el fallo protector. Sin que ello implique que se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, pues evidentemente en el presente caso, se han estado realizando pagos parciales a la misma, que demuestran la clara intención de la autoridad vinculada (Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas), de cumplir con el laudo dictado en el juicio de origen, tal como se advierte del último pago que recibieron de conformidad los quejosos Aarón Molina Sánchez y Gildardo Quiñonez Cazares, en comparecencia de cinco de septiembre del año que transcurre, diligencia de la cual tuvo conocimiento este órgano jurisdiccional el veintitrés de septiembre del año en curso. En efecto, debe decirse al apoderado legal de la parte quejosa, que para que sea procedente la apertura de un incidente de inejecución de sentencia, es requisito indispensable, que la autoridad vincula incurra en una abstención total para cumplir con la sentencia de amparo, cuando se trate de actos positivos que deba acatar, lo que no acontece en el caso, pues como se dijo en el párrafo que antecede, la autoridad responsable ha realizado actos tendentes a ejecutar la sentencia de amparo, como son los siguientes: El uno de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio MMT/043/2019, hizo del conocimiento de este Juzgado de Distrito que a partir del veintiocho del citado mes depositaria ante la autoridad responsable de manera mensual a favor de los quejosos, la cantidad de $6,666.66 (seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), el último día hábil de cada mes, ello atendiendo a lo determinado en la sexta sesión extraordinaria de cabildo, celebrada del veintiocho de enero de dos mil diecinueve. El uno de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito de esa propia data, el apoderado de la autoridad vinculada Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, allegó copia del acuse de recibo del libelo presentados ante la autoridad responsable, a través del cual exhibió los títulos de valor expedidos a favor de los quejosos Aarón Molina Sánchez y Gildardo Quiñonez Cazares, por la cantidad descrita en el párrafo anterior, cheques que fueron recibidos por éstos en comparecencia de once de marzo del año en curso. El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, a través del escrito de esa propia fecha, el apoderado de la autoridad vinculada Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, allegó copia del acuse de recibo de los libelo presentado ante la autoridad responsable, mediante el cual exhibió los títulos de valor expedidos a favor de los quejosos Aarón Molina Sánchez y Gildardo Quiñonez Cazares, por la cantidad citada anteriormente, cheques que fueron recibidos por éstos en comparecencias de tres de abril año en curso. El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, a través del escrito de esa data, el apoderado de la autoridad vinculada Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, allegó copia del acuse de recibo del libelo presentado ante la autoridad responsable, mediante el cual exhibió los títulos de valor 000135 y 0000136, expedidos a favor de los quejosos Aarón Molina Sánchez y Gildardo Quiñonez Cazares, por la cantidad que se ha descrito en párrafos. El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, mediante escrito de esa fecha, el apoderado de la autoridad vinculada Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, allegó copia del acuse de recibo del libelo presentado ante la autoridad responsable, a través del cual exhibió los títulos de valor 0000061 y 0000062, expedidos a favor de los quejosos Aarón Molina Sánchez y Gildardo Quiñonez Cazares, por la cantidad de $6,666.66 (seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional). El dos de julio de dos mil diecinueve, mediante escrito de uno del mes y año en cita, el apoderado de la autoridad vinculada Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, allegó copia del acuse de recibo del libelo presentado ante la autoridad responsable, a través del cual exhibió los títulos de valor 0000091 y 0000092 expedidos a favor de los quejosos Aarón Molina Sánchez y Gildardo Quiñonez Cazares, por la cantidad mencionada. El uno de agosto de dos mil diecinueve, mediante escrito de esa fecha, el apoderado de la autoridad vinculada Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, allegó copia del acuse de recibo del libelo presentado ante la autoridad responsable, a través del cual exhibió los títulos de valor 0000165 y 0000166 expedidos a favor de los quejosos Aarón Molina Sánchez y Gildardo Quiñonez Cazares, por la cantidad citada en el párrafo que antecede. El cinco de septiembre de dos mil diecinueve, a través del escrito de cuatro del mes y en alusión, el apoderado de la autoridad vinculada Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, allegó copia del acuse de recibo de los libelo presentado ante la autoridad responsable, mediante el cual exhibió los títulos de valor expedidos a favor de los quejosos Aarón Molina Sánchez y Gildardo Quiñonez Cazares, por la cantidad citada anteriormente, cheques que fueron recibidos por éstos en comparecencias de cinco de septiembre año en curso. Por tanto, evidentemente en el presente caso, no existe contumacia por parte de la autoridad vinculada, para cumplir con la sentencia de amparo, sino por el contrario, ha realizado las gestiones necesarias con la firme intención de cumplir con el laudo; de ahí que por el momento, no resulta procedente la apertura del incidente de inejecución que solicita el apoderado legal de la parte quejosa. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 22, bajo el número 3a./J. 32/94, Núm. 83, Noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, del rubro y texto que a continuación se expresan: "INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA. REQUIERE QUE SE IMPUTE A LA AUTORIDAD UNA ABSTENCION TOTAL A ACATAR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En los incidentes de inejecución de sentencia el estudio y resolución de los mismos debe partir de la base de que se impute a la autoridad responsable la ausencia total de actos encaminados a la ejecución, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, o bien se impute la total persistencia de la autoridad responsable en su conducta violatoria de garantías, cuando los actos reclamados sean de carácter negativo. Por tanto, las resoluciones deberán contraerse, exclusivamente, a estudiar y determinar si la autoridad responsable es o no contumaz para acatar la ejecutoria de amparo, independientemente de las cuestiones relativas a las ejecuciones parciales, por defecto o exceso, pues para tales casos la Ley de Amparo prevé el recurso de queja. No obstante lo anterior, toda vez que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, no ha dado noticia de la entrega de los títulos de valor 000135 y 0000136, 0000061 y 0000061, 0000091 y 0000092, 0000165 y 0000166, expedidos a favor de los quejosos Aarón Molina Sánchez y Gildardo Quiñonez Cazares, exhibidos mediante escritos recibidos en su recinto oficial mediante escritos el veintinueve de abril, treinta y uno de mayo, veintiocho de junio, el uno de agosto del año en curso, respectivamente. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere, para que en el término tres días contado a partir de su notificación, informe el destino dado a los títulos valor descritos en el párrafo anterior; además, deberá comunicar si el Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, ha realizado diversos depósitos a precisados en el presente auto. Apercibida que en caso de realizar actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), en término de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Rosa María Cortés Torres, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas; y da fe la Secretaria Gladiola Lizzette Enríquez Cedillo.

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