Héctor Vázquez Orozco
Expediente 1967/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1967/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/01/2023
Partes del expediente
- Héctor Vázquez Orozco
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de enero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese con el número 1967/2022-IV. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, del escrito de demanda y anexo que se acompaña, se obtiene que el impetrante de amparo reclama: La sentencia interlocutoria de seis de diciembre del año en curso, dictada con motivo del toca de apelación ******************** Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente en la sentencia interlocutoria dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual resuelve el incidente de exclusión de dominio. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado en estudio, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el citado acto reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la sentencia interlocutoria dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual resuelve el incidente de exclusión de dominio; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues, solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que dicho acto reclamado, no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, pues, sólo surte efectos procesales y puede extinguirse en la realidad sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, si la sentencia que ponga fin a la segunda sección relativa al inventario y avalúo y que se emita en el juicio de origen, resulta favorable a sus intereses; además, porque las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, ya que éste solamente procede contra la interlocutoria que decida el fondo de esa sección. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo indirecto, en el supuesto que la parte quejosa no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la sentencia que ponga fin a la segunda sección de inventario y avalúos y que se emita en el juicio de origen, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia en la sentencia interlocutoria dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual resuelve el incidente de exclusión de dominio, que se tramitó en la sección de inventarios y avalúos, en el expediente ******************** del Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Lo anterior es así, pues, por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de la sentencia interlocutoria dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual resuelve el incidente de exclusión de dominio y como consecuencia de ello, una posible violación a las leyes del procedimiento, la cual puede reclamarse como ya se dijo, en amparo indirecto, en el supuesto que la ahora parte quejosa no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la sentencia que ponga fin a la segunda sección relativa al inventario y avalúo, que en su momento se emita en el expediente ******************** del Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1311, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil nueve, Novena Época, con número de registro 165770, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Asimismo, sirve de apoyo por las razones que sustentan la Tesis I.3 o.C.439 C, Registro digital: 182385, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1546, del Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil cuatro, Novena Época, con número de registro 182385, que señala: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o inventario y avalúos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Finalmente, es aplicable, en lo conducente, la tesis II.2o.C.491 C, Registro digital: 178704, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005, página 1429, del rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE ALZADA QUE CONFIRMA EL AUTO DECLARATIVO DE HEREDEROS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 4.28 del vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, toda sucesión se integra de cuatro secciones, cada una de las cuales se decide por separado mediante una resolución particular y especial, que adquiere firmeza para quienes son llamados a dicho procedimiento y tienen intervención ahí como herederos. Asimismo, de conformidad con lo establecido por los diversos artículos 4.29, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45 y 4.46 del citado ordenamiento, el juzgador al radicar la sucesión ordenará la notificación de las personas señaladas como presuntos herederos legítimos, concediéndoles un término de treinta días para que justifiquen sus derechos a la herencia y, una vez transcurrido dicho plazo, a petición de algún interesado dictará el auto de declaración de herederos. Asimismo, en dicho auto se citará a una junta de herederos para que designen albacea. De todo lo anterior se sigue que tratándose de la primera sección de un sucesorio intestamentario, ésta concluye con el auto declarativo de herederos, que resulta apelable sin efecto suspensivo, pues en dicha resolución el juzgador se pronuncia respecto a los derechos hereditarios de aquellos que se apersonaran al procedimiento sucesorio; de ahí que la resolución de alzada que resuelva en definitiva sobre lo decidido en el auto declarativo de herederos constituye una resolución impugnable por vía de amparo indirecto, en virtud de que es un acto que tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que podría afectar de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de alguno de los presuntos herederos, pues sin duda dicha resolución adquiere firmeza procesal para quienes son llamados a dicho juicio y tienen intervención en él." En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ********************, por propio derecho, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el que indica en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del artículo referido a las restantes personas que menciona por no contar con el registro correspondiente en el referido sistema y por así solicitarlo el quejoso. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA IV. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS EMITIDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, EN EL CUAL EN ESENCIA SE DETERMINÓ: "Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese con el número 1967/2022-IV. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, del escrito de demanda y anexo que se acompaña, se obtiene que el impetrante de amparo reclama: La sentencia interlocutoria de seis de diciembre del año en curso, dictada con motivo del toca de apelación ******************** Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente en la sentencia interlocutoria dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual resuelve el incidente de exclusión de dominio. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado en estudio, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el citado acto reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la sentencia interlocutoria dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual resuelve el incidente de exclusión de dominio; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues, solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que dicho acto reclamado, no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, pues, sólo surte efectos procesales y puede extinguirse en la realidad sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, si la sentencia que ponga fin a la segunda sección relativa al inventario y avalúo y que se emita en el juicio de origen, resulta favorable a sus intereses; además, porque las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, ya que éste solamente procede contra la interlocutoria que decida el fondo de esa sección. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo indirecto, en el supuesto que la parte quejosa no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la sentencia que ponga fin a la segunda sección de inventario y avalúos y que se emita en el juicio de origen, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia en la sentencia interlocutoria dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual resuelve el incidente de exclusión de dominio, que se tramitó en la sección de inventarios y avalúos, en el expediente ******************** del Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Lo anterior es así, pues, por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de la sentencia interlocutoria dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual resuelve el incidente de exclusión de dominio y como consecuencia de ello, una posible violación a las leyes del procedimiento, la cual puede reclamarse como ya se dijo, en amparo indirecto, en el supuesto que la ahora parte quejosa no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la sentencia que ponga fin a la segunda sección relativa al inventario y avalúo, que en su momento se emita en el expediente ******************** del Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1311, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil nueve, Novena Época, con número de registro 165770, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Asimismo, sirve de apoyo por las razones que sustentan la Tesis I.3 o.C.439 C, Registro digital: 182385, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1546, del Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil cuatro, Novena Época, con número de registro 182385, que señala: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o inventario y avalúos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Finalmente, es aplicable, en lo conducente, la tesis II.2o.C.491 C, Registro digital: 178704, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005, página 1429, del rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE ALZADA QUE CONFIRMA EL AUTO DECLARATIVO DE HEREDEROS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 4.28 del vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, toda sucesión se integra de cuatro secciones, cada una de las cuales se decide por separado mediante una resolución particular y especial, que adquiere firmeza para quienes son llamados a dicho procedimiento y tienen intervención ahí como herederos. Asimismo, de conformidad con lo establecido por los diversos artículos 4.29, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45 y 4.46 del citado ordenamiento, el juzgador al radicar la sucesión ordenará la notificación de las personas señaladas como presuntos herederos legítimos, concediéndoles un término de treinta días para que justifiquen sus derechos a la herencia y, una vez transcurrido dicho plazo, a petición de algún interesado dictará el auto de declaración de herederos. Asimismo, en dicho auto se citará a una junta de herederos para que designen albacea. De todo lo anterior se sigue que tratándose de la primera sección de un sucesorio intestamentario, ésta concluye con el auto declarativo de herederos, que resulta apelable sin efecto suspensivo, pues en dicha resolución el juzgador se pronuncia respecto a los derechos hereditarios de aquellos que se apersonaran al procedimiento sucesorio; de ahí que la resolución de alzada que resuelva en definitiva sobre lo decidido en el auto declarativo de herederos constituye una resolución impugnable por vía de amparo indirecto, en virtud de que es un acto que tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que podría afectar de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de alguno de los presuntos herederos, pues sin duda dicha resolución adquiere firmeza procesal para quienes son llamados a dicho juicio y tienen intervención en él." En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ********************, por propio derecho, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el que indica en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del artículo referido a las restantes personas que menciona por no contar con el registro correspondiente en el referido sistema y por así solicitarlo el quejoso. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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