Hector Vazquez Juarez

Expediente 983/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
983/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/12/2018

Partes del expediente

  • Hector Vazquez Juarez

Actuaciones

  1. Principal

    ACEPTA COMPETENCIA. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, por medio del cual informa, que acepta la competencia planteada por este Juzgado Federal, para conocer del juicio de amparo promovido por Héctor Vázquez Juárez. ARCHIVO. En virtud de lo anterior, se ordena el ARCHIVO definitivo del presente cuaderno de antecedentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Atendiendo a punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente auxiliar deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintisiete de noviembre actual, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo de cuenta, suscrita por ***, por derecho propio, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad Capital y Juez Segundo de Partido Penal, con residencia en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, por violación a las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 983/2018-III.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, carece de competencia legal por razón de territorio para resolver respecto a tales actos, atento a las consideraciones siguientes: Como cuestión previa, cabe señalar que las tesis aisladas y de jurisprudencia que se citarán en el presente acuerdo, se aplican en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a dicha legislación. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, establece las bases legales para la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de los juicios de amparo indirecto que se promuevan ante ellos; numeral que a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, del análisis del precepto legal transcrito, se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) En el último párrafo del precepto en cita se establece la tercera regla, consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, el suscrito juzgador, estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, para resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada. Lo anterior, en razón de que conforme al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, será Juez competente el del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En efecto, el acto reclamado esencialmente se hace consistir en lo siguiente: "a).- Del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, la resolución definitiva dictada el 30 de octubre del año 2018 dentro del Toca penal número 64/2018 integrado con motivo del recurso de apelación promovido en contra del auto de formal prisión dictado en mi contra en fecha 12 de julio del año 2018 por el Juez segundo Penal de Partido de Valle de Santiago Guanajuato con motivo del exhorto 317/2018 derivado del proceso penal 58/2014 del Juzgado de Partido Penal de Yuriria, Guanajuato. b).- Del Juez Segundo Penal de Valle de Santiago Guanajuato El auto de formal prisión dictado en mi contra el 12 de julio del 2018 derivado del exhorto número ***. En el caso, recordando que los actos reclamados se hacen consistir en la resolución de treinta de octubre del año en curso, dictada en el toca penal *** de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; así como el auto de formal prisión dictado en contra del peticionario de amparo el doce de julio del año en curso, por el Juez Segundo Penal de Partido de Valle de Santiago Guanajuato, y tomando en consideración que el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, se encuentra dentro de la jurisdicción territorial asignada a los Juzgados de Distrito del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Irapuato; se obtiene que es en todo caso a un Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad Irapuato, a quien corresponde conocer de la presente demanda de amparo, porque, como se apuntó, sería dentro de su jurisdicción territorial, en la cual tuvo su ejecución y se va a seguir ejecutando el acto reclamado, ya que es precisamente en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, donde a la fecha se encuentra recluido el quejoso, ya que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal; lo que en el presente caso acontece, ya que el peticionario de amparo, se encuentre recluido en el CERESO MIL de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato; a disposición del Juez Segundo de Partido Penal, con sede en la ciudad de referencia. De lo anterior, queda claro que es competente para conocer del Juicio de Amparo bi-instancial, el Juez de Distrito dentro de cuya demarcación territorial en la cual ejerce su jurisdicción, se ejecute, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, siempre y cuando dicho acto requiera una ejecución material. En esas condiciones, aplicando las reglas antes citadas al caso concreto, pone de manifiesto que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad de Celaya, resulta ser legalmente incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo en estudio, pues el acto que por esta vía se reclama, es evidente que tiene ejecución en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato; por lo cual, la consecuencia jurídica del acto reclamado, trae aparejada ejecución en dicha ciudad. En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, así como lo expresamente establecido por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, a la modificación de los Distritos Judiciales de Guanajuato, León, Celaya e Irapuato, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo en cuestión, declinando la competencia para tal efecto al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Irapuato, logar donde se ha puesto en evidencia, tiene ejecución el acto materia del reclamo Constitucional en el presente asunto. Tiene aplicación al caso concreto la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 147/2005, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Penal, visible en la página 174 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal". De igual manera, tiene aplicación en lo conducente, la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia Común, visible en la página 2183 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Por lo anterior, se estima que ante la incompetencia legal de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de cuenta, lo procedente es remitirla (previo cuadernillo que al respecto se forme), al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, para que manifieste si acepta o no la competencia y, en su caso, se avoque al conocimiento del presente juicio, conforme lo establece el artículo 37 de la Ley de Amparo; solicitando atentamente acuse el recibo de estilo e informe su determinación sobre la competencia declinada. Téngase a la parte quejosa por señalando como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones, en Calle *** de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Se tiene como autorizados de la parte promovente a los licenciados ***, en los términos más amplios de la primera parte del segundo párrafo del numeral 12 de Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en la base de datos de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Oscar Sevilla Mendoza, por no tener registrada su cédula profesional; lo anterior de conformidad con el decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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