Héctor Vázquez Ávila

Expediente 1471/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1471/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Héctor Vázquez Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que el promovente HÉCTOR VÁZQUEZ ÁVILA dentro del término legal de cinco días, no se inconformó en contra del proveído de once de abril de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ese auto QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 21 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de donde se desprende que ha transcurrido el plazo concedido a HÉCTOR VÁZQUEZ ÁVILA, para que cumpliera con la prevención que se le hizo mediante proveído datado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, consistente en precisar de manera clara y concisa, si lo que reclama es la falta de emplazamiento o el emplazamiento realizado en el expediente 372/2018 del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Por tanto, al no dar cumplimiento a la prevención emitida en el referido acuerdo, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa mediante el citado auto, y con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA su demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintidós de marzo de dos mil veintidós. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 202, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, que establece: "DEMANDA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. El cumplimiento de los requisitos señalados por el artículo 116 de la Ley de Amparo, son necesarios para la admisión de la demanda de garantías; por lo que si éstos no se acatan, no obstante la prevención hecha por el juez de Distrito, procede tener por no interpuesta la demanda de garantías en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de donde se desprende que ha transcurrido el plazo concedido a HÉCTOR VÁZQUEZ ÁVILA, para que cumpliera con la prevención que se le hizo mediante proveído datado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, consistente en precisar de manera clara y concisa, si lo que reclama es la falta de emplazamiento o el emplazamiento realizado en el expediente 372/2018 del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Por tanto, al no dar cumplimiento a la prevención emitida en el referido acuerdo, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa mediante el citado auto, y con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA su demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintidós de marzo de dos mil veintidós. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 202, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, que establece: "DEMANDA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. El cumplimiento de los requisitos señalados por el artículo 116 de la Ley de Amparo, son necesarios para la admisión de la demanda de garantías; por lo que si éstos no se acatan, no obstante la prevención hecha por el juez de Distrito, procede tener por no interpuesta la demanda de garantías en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.Vista la demanda de amparo promovida por HÉCTOR VÁZQUEZ ÁVILA, y documentales que acompaña, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1471/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Luego, antes de proveer lo que en derecho proceda en relación a esa demanda, con fundamento en los artículos 114, en relación con los numerales 108, fracción IV y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de cinco días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, señale "bajo protesta de decir verdad" lo siguiente: Precise de manera clara y concisa, si lo que reclama es la falta de emplazamiento o el emplazamiento realizado en el expediente 372/2018 del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Aclaración que resulta necesaria a efecto de estar en posibilidad de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo en estudio, precisar la litis constitucional y, en su caso, estar en oportunidad de requerir a las autoridades responsables del informe de ley; en la inteligencia de que deberá adjuntar las copias suficientes de su escrito aclaratorio y en su caso de los documentos que anexe, para estar en condiciones de correr traslado a las partes. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 9/2000, que emitió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y nueve, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la demanda de garantías tiene que contener específicamente la norma general, o acto u omisión que de cada autoridad se reclame; ello es así, a fin que: a) Esté debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado. b) La responsable pueda estar en aptitud de justificar el acto concreto que se le reclama. c) Pueda realizarse un correcto estudio de los actos impugnados en la sentencia que en su momento se dicte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.57 K, Materia Común, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En el entendido que en caso de no dar cumplimento con los requerimientos contenidos en el presente auto dentro del término señalado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Resulta pertinente señalar que el cumplimiento que al efecto dé la parte quejosa, deberá realizarse "bajo protesta de decir verdad", y que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, incurrirá en la comisión del delito previsto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ." Es aplicable a lo anterior la tesisI.15o.A.28 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Materia Común, Página 2613, Tomo XXVI, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado".

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