Héctor Valenzuela Padilla
Expediente 347/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/11/2021
Partes del expediente
- Héctor Valenzuela Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de inconformidad contra la resolución de veintiséis de octubre del año en curso, en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No obran documentos originales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de carátula. Se ordena a la Secretaria certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Dulce Carolina Salazar Robles Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CERTIFICACIÓN En Mexicali, Baja California, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la suscrita Secretaria, certifica: Que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de trece de octubre de la presente anualidad, a efecto de que realizara manifestaciones en relación con el cumplimiento al fallo protector, trascurrió de la siguiente manera: PARTE:NOTIFICACIÓN:SURTE EFECTOS:TRANSCURRE TÉRMINO:Quejosa18 de octubre de 202119 de octubre de 2021Del 20 al 22 de octubre de 2021 Lo anterior para los efectos legales consiguientes. Doy fe. La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California. Lic. Dulce Carolina Salazar Robles. Juicio de Amparo 347/2021 En esta fecha, la Secretaria da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste.Mexicali, Baja California, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veinticinco de mayo del año que transcurre, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra el acto reclamado a la autoridad responsable para los efectos siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para el efecto de que el Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: i. a) Dado, que en el juicio laboral 3733/2020-1B, se fijaron las ocho horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fecha próxima al día que esto se resuelve, a efecto de no retardar más el procedimiento natural, deberá concluir la primera de las etapas de la audiencia, esto es la de conciliación; en caso de que por cuestiones ajenas a la Junta responsable, se llegare a diferir deberá dictar las medidas necesarias, para concluir la etapa en cuestión. Importa destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento. [.]" Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de once de junio de la anualidad, causó ejecutoria la sentencia dictada, dado que ninguna de las partes la recurrió, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Debía dictar las medidas necesarias para concluir la primera de las etapas de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 3733/2020-1B, de su índice, esto es la de conciliación. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el trece de octubre del año en curso, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, remitió la constancia relativa a la audiencia trifásica, celebrada el veintiocho de septiembre del año que transcurre, en autos del juicio laboral 3733/2020-1B, de su índice, de la cual se advierte que celebró la misma en sus tres fases, esto es, conciliación, demanda y excepciones. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, pues el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, llevó a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 3733/2020-1B, de su índice, dando por culminada dichas fases. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y, personalmente. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Dulce Carolina Salazar Robles, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de octubre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguense a los autos para que obre como legalmente correspondan, el oficio y anexo remitidos por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, por medio de los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la constancia que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla . Notifíquese; y, personalmente. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Dulce Carolina Salazar Robles, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha dado cumplimiento al fallo protector. Efectos del fallo protector: Ahora, cabe señalar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para el efecto de que el Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: i. a) Dado, que en el juicio laboral 3733/2020-1B, se fijaron las ocho horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fecha próxima al día que esto se resuelve, a efecto de no retardar más el procedimiento natural, deberá concluir la primera de las etapas de la audiencia, esto es la de conciliación; en caso de que por cuestiones ajenas a la Junta responsable, se llegare a diferir deberá dictar las medidas necesarias, para concluir la etapa en cuestión. Importa destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento. (.)" Requerimiento para que se cumpla el fallo protector. En consecuencia, dado que el cumplimiento al fallo protector es una cuestión de orden público y, por ende, debe acatarse en todos sus términos por la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, procede requerir a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, esto dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, debiendo remitir de inmediato las constancias con las que acredite lo anterior. Actos específicos que debe realizar la autoridad en cumplimiento al fallo protector: Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Deberá informar lo acontecido en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalada a las catorce horas del veintiocho de septiembre de la presente anualidad, en el juicio laboral 3733/2020-1B, de su índice. Apercibimiento. Apercibida para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le hará efectiva una multa en lo particular equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por lo que si conforme a la página oficial de Internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el presente año (2021) equivale a $89.62 M.N. (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), al multiplicarla por cien, la citada multa es equivalente a la cantidad de $ 8,962.00 M.N. (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); misma que podrá duplicarse en caso de incumplimientos reiterados por parte de la autoridad requerida. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de la propia autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Dulce Carolina Salazar Robles, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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