Héctor Valenzuela Castro

Expediente 535/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
535/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Héctor Valenzuela Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que en el presente asunto feneció el término de noventa días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, el cual le fue debidamente notificado, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto; por tal motivo, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se determina que los documentos exhibidos por la parte quejosa seguirán la suerte del expediente en que se actúa; lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    TODA VEZ QUE LA TERCERO INTERESADA NO ATENDIO EL AVISO DE 25 DE JUNIO DE 2021, SE NOTIFICA LA DETERMINACION SIGUIENTE: S E N T E N C I A Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 535/2020-2; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, del cual tocó conocer por razón de turno a este Juzgado de Distrito, ************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que siguientes: ".la falta de emplazamiento o llamamiento a juicio como parte demandada al procedimiento derivado de un procedimiento civil especial hipotecario..." Ampliación de demanda: "Acto que se reclama: La falta de notificación personal de la resolución interlocutoria de fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010); así como de la audiencia de remate de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil quince (2015) dictados dentro del expediente 584/2007 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil en el Estado. SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda bajo el expediente 535/2020-2; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación la participación que legalmente le corresponde; se emplazó mediante al tercero interesado, se señaló día y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos por razón de trámite, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 43/2018, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, atento a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades que se encuentran dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, y en cumplimiento al artículo 76 del cuerpo legal invocado, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la parte quejosa reclama: -El emplazamiento dictado en el juicio ordinario civil 584/2007, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad. -Las notificaciones de la resolución interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil diez, así como de la audiencia de remate de veintidós de noviembre de dos mil quince en el juicio ordinario civil 584/2007, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76-Abril de 1994, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Certeza que se desprende de las copias certificadas del juicio ordinario civil 584/2007 remitidas por la primera de las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado; documentales a las que se confiere valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tratarse de una documental pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, visible en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Además, es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis de jurisprudencia 228, consultable en las páginas 186 y 187, Tomo VI, Materia Común, Apéndice 1917-2000, del Semanario Judicial de la Federación.que textualmente dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el caso, en relación al acto consistente en el emplazamiento dictado en el juicio ordinario civil 584/2007, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad (falta de llamamiento), esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" [.] De la anterior transcripción se obtiene, que la procedencia del juicio de amparo depende de que los actos ejecutados dentro o fuera del juicio afecten a personas extrañas a él. Al respecto, cabe precisar que se considera persona extraña quien no tiene intervención en el procedimiento del que emana el acto que le perjudica, así como también es tercero extraño por equiparación, quien habiendo sido señalado como parte, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la Ley. En ese tenor se pronunció la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 313, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo IV, Parte SCJN, Octava Época, página 21, que a la letra dice: "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo." En ese orden de ideas, es necesario puntualizar que de los preceptos transcritos se advierte que una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto radica en que los actos que se reclamen efectuados dentro o fuera del juicio, afecten a personas extrañas al mismo, situación que obedece a proteger a quien se vea afectado por algún procedimiento judicial del que no es parte, del que no tuvo conocimiento y en el que no pudo defenderse, siendo la vía constitucional la adecuada para hacer valer las violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, la citada hipótesis, aplicada a contrario sensu, lleva concluir que si la persona que acude a la vía constitucional a reclamar actos efectuados dentro de un procedimiento judicial de cuya tramitación tiene conocimiento, no cuenta con el carácter de tercera extraña, motiva que el amparo se torne improcedente, pues la sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del referido procedimiento en el que funge como parte, aun cuando no lo haya hecho, significa que cuenta con la posibilidad de defenderse. En efecto, si el promovente se hizo sabedor del procedimiento incoado en su contra y sus datos de identificación, es indudable que por ese sólo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento, ya que basta ese conocimiento para dar por sentado que estuvo en posibilidad de acudir al juicio de origen a hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios que la ley prevé. Lo que así se afirma, ya que en esos casos, no existe justificación alguna para no comparecer en su carácter de parte procesal, porque no debe perderse de vista que el juicio de amparo no es un recurso ordinario, sino un medio por el cual se aducen violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya procedencia en contra de actos intraprocesales, debe reservarse a lo estrictamente indispensable, para que el juicio constitucional no se convierta en un obstáculo para la expedita administración de justicia, en detrimento del interés público. En consecuencia, debe concluirse que la calidad de extraño a juicio por equiparación, se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio; más aún cuando se comparece al sumario de mérito. En el caso, el quejoso reclama de las autoridades responsables Juez Cuarto de lo Civil y Actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad, que no se haya respetado su garantía de audiencia y defensa, prevista en el artículo 14 de la Carta Magna, al no dársele la oportunidad de ser oído y vencido en juicio y sin cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento, por el cual está a punto de privársele de su propiedad. Lo antes expuesto, permite colegir que el peticionario del amparo comparece a esta instancia constitucional ostentándose como tercero extraño por equiparación al juicio ordinario civil 584/2007. Empero, de la copia certificada de las constancias deducidas del citado juicio, remitida por el juez responsable con su informe justificado, a las cuales ya se les concedió valor probatorio en el considerando cuarto de esta resolución, se obtiene lo siguiente: El uno de junio de dos mil siete, la parte tercera interesada, demandó al aquí quejoso en la vía ordinaria civil, las prestaciones que en ella se reclaman. El diecinueve de junio de dos mil siete, la parte demandada -aquí quejoso-, quedó debidamente emplazado del juicio entablado en su contra. Posteriormente el veinte de noviembre de dos mil siete, el demandado -aquí quejoso- y la parte actora ratificaron ante presencia judicial el convenio de pago para dar por terminado el conflicto judicial. El auto de veintiséis de noviembre de dos mil siete, el juez responsable aprobó en definitiva el convenio judicial celebrado entre las partes elevándose a categoría de cosa juzgada. De los antecedentes narrados, es válido afirmar, que el juicio de amparo por violación al derecho de audiencia es improcedente, ya que existe en autos del juicio de origen constancias que acreditan que el aquí quejoso, fue debidamente emplazado a juicio; que se apersonó a él, inclusive compareció ante el propio juez responsable a ratificar el convenio que signo con el tercero interesado, para dar por concluido dicho procedimiento judicial. De lo que emerge, que al haber adquirido conocimiento de la existencia del juicio natural, perdió el carácter de tercero extraño a juicio, pues ya no puede ostentarse como desconocedor del mismo, quedando obligado a los plazos y términos que establecen las leyes para interponer los recursos en contra de las determinaciones que considere afectan sus intereses. Es así, pues el interesado no puede acudir al juicio de amparo con dicho carácter a impugnar la determinación de ejecución forzosa de la sentencia definitiva de la responsable y alegar que conserva la referida calidad, ya que desde que compareció al juicio de origen se integró a la relación procesal, por ende, estuvo en aptitud de hacer valer los recursos y medios ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia y defensa en el juicio de origen. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 39/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Asimismo, se cita en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 1627, cuya sinopsis es la siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En virtud de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio, de acuerdo con el artículo 63, fracción V, de la misma ley. Ahora, en relación al diverso acto reclamado consistente en las notificaciones de la resolución interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil diez, así como de la audiencia de remate de veintidós de noviembre de dos mil quince, en el juicio ordinario civil 584/2007, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad, esta juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 217 ambos de la Ley de Amparo, como enseguida se demostrará. Los numerales invocados a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Asimismo, complementa la causal de improcedencia en cita, la jurisprudencia 17, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995. Quinta Época que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.". Al respecto, cabe destacar que la Ley de Amparo y la práctica jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, a través de la interpretación jurisprudencial, han dado origen a la causal de improcedencia en cita, que se traduce en que tratándose de actos derivados de actos consentidos, no procede el juicio de amparo; ello, en concordancia con la disposición expresa de la Ley de Amparo que en sus fracciones XIII y XIV del artículo 61, establece como causa de improcedencia que se reclamen actos consentidos sea de manera expresa o tácita, luego sí el amparo contra actos de esa naturaleza no procede, menos lo será para aquellos que se deriven de los propios actos que se consintieron; así lo consagró la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de observancia obligatoria conforme al numeral 217 de la ley de la materia. Ilustra al respecto, el criterio que sustentó la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 370295, consultable a foja 1284, Tomo XCVII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, donde refiere: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Es inexacto que en el artículo 73 de la Ley de Amparo, no se encuentre la causa de improcedencia consistente en que el acto reclamado sea consecuencia de otro consentido, ya que si bien no se menciona expresamente, en cambio, la fracción XVIII, del referido precepto, dispone que el juicio es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, y la jurisprudencia de esta Suprema Corte ha sostenido, invariablemente, que el amparo que se solicite contra actos que son consecuencia de otros no recurridos oportunamente debe estimarse improcedente, porque al resolver sobre los primeros tendría que examinarse necesariamente la constitucionalidad de los segundos, no obstante que éstos no fueron reclamados dentro del término que para la promoción del juicio de amparo señala la ley respectiva.". Establecido el fundamento legal para esta causal, es de precisarse la naturaleza de la misma, para lo cual debe establecerse que acorde a la interpretación que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entiende que los actos derivados de actos consentidos, de los que se refiere es improcedente el juicio de amparo, son aquellos que no son sino una consecuencia directa de otros que la ley refuta como consentidos; es decir, son acciones u omisiones de la autoridad, que por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros, que en su momento, el propio quejoso consintió, pues, a pesar del evidente perjuicio que le ocasionaron, no los controvirtió en su momento correspondiente. Así pues, atendiendo a que la causal de improcedencia en cita, tiene su origen en la práctica jurisdiccional y no en una disposición legal expresa y detallada, volviendo compleja su aplicación, el Máximo Tribunal del País, ha normado su criterio fijando como requisitos para que los actos derivados de actos consentidos se constituyan como un causal de improcedencia, los siguientes: I. El acto origen del reclamado debió ser notificado al quejoso. II. El acto debe ser susceptible de impugnarse. III. El acto origen del reclamado en amparo debe causar, por sí solo, perjuicios al quejoso. IV. Los actos derivados de los consentidos son: I.- Los que consisten en la repetición de éste; o II.- Los que son su consecuencia legal y necesaria y III.- Los que estaba implícitos o estaban comprendidos en él. V. Su inconstitucionalidad debe hacerse depender exclusivamente del acto del que derivan. Precisado lo anterior, cabe señalar que de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que el acto que la aquí quejosa reclama tiene su origen y deriva de diversas actuaciones dictadas en el procedimiento de ejecución del juicio natural. En efecto, de las constancias que acompañó la autoridad responsable, se advierte que en auto de veintitrés de agosto de dos mil siete, el Juez de origen acordó el escrito presentado por la parte actora y destacó que dado que el demandado no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, ordenó se hicieran las subsecuentes notificaciones por medio de Boletín Judicial del Estado de Baja California. De lo anterior, se advierte la actualización de la causa de improcedencia anunciada, pues, en atención a lo reclamado (la falta de notificación personal), son actos derivados de otros consentidos, pues se insiste, son consecuencia directa e inmediata de lo resuelto por el juez responsable desde el auto de veintitrés de agosto de dos mil siete, sin que se advierta que la parte actora hubiere impugnado aquellas actuaciones de la responsable. En efecto, en aquellas determinaciones el juez responsable precisó de manera clara que dado que el demandado no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, ordenó se hicieran las subsecuentes notificaciones por medio de Boletín Judicial del Estado de Baja California, cuestión que así realizó al ordenar notificar la resolución interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil diez, así como la audiencia de remate de veintidós de noviembre de dos mil quince, sin que la parte quejosa hubiera impugnado aquella determinación. Por tanto, al reclamarse un acto derivado de otro, sobre los mismos hechos y no haber sido combatido, este juicio es improcedente. Corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento de mérito, esta juzgadora está impedida para analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.3o. J/58, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Asimismo, resulta oportuno precisar que no se viola el derecho de acceso a la justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento constitucional, se impartió aquel derecho, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita, por las razones de su integración, la tesis CCCLXXI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, página 981, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido." También sirve de sustento, por las razones que la integran, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia de mérito, lo debido será decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a ninguno de los preceptos legales citados como fundamento. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis aislada LXX/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1212, Tomo XII, Septiembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". SEXTO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. En mérito de lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ************, contra las autoridades responsables citadas en el considerando cuarto por las razones expuestas en el quinto considerativo de este fallo. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando sexto. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se ordena notificar al tercero interesado el auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno. Por lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas con treinta minutos del ocho de abril de dos mil veintiuno, para su verificativo.

  4. Principal

    Se requiere a la autoridad responsable para que cumplan con la ejecutoria de amparo.

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